Las oscuras maniobras económicas de los acreedores durante años sembraron desconfianza en las autoridades. A modo de ejemplo de la falta de claridad, en los últimos cuatro meses los acreedores no pudieron explicar el destino de unos 26 millones de pesos que ingresaron a la CPS, aseguró la Auditoría Interna de la Nación (AIN).
La Cooperativa de Previsión Social (CPS) está siendo administrada por una Junta de Acreedores después que la última Directiva la fundiera por pedir más créditos de los que podían pagar. Se presentaron a concordato en 2004. Los acreedores empezaron a pedir préstamos para la CPS a empresas de su propiedad para quedarse con la mayoría en la Junta de Acreedores y manejar la cooperativa.
La dirección la disputan dos bandos, uno es liderado por Julio César Talamás, aquel personaje que buscaba la diputación en el Partido Colorado abrazado a unas viejitas bajo el lema "la fuerza del adulto mayor", que además es directivo de la cooperativa de ahorro y crédito Cossac.
El otro grupo es encabezado por el prestamista y contratista Sergio Hermida, embargado por la DGI por haber estado asociado al grupo Casal en la transferencia de jugadores. La pelea entre los grupos es por el control de los créditos financieros que se brindan dentro de la CPS. Ese negocio del préstamo de efectivo en la CPS es ilegal, así lo explicó la AIN en una resolución de hace unas semanas atrás y así lo establece la Ley 14.621.
La AIN va a solicitar el lunes el cambio en la intervención judicial de la (CPS). El organismo de contralor buscará que la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) se haga cargo de la Junta de Acreedores que al momento administra la CPS, aseguró a 180 Laura Remersaro, directora de la AIN.
"Como es la reputación del movimiento cooperativo la que va estar en juego, nos parece que son los que tienen que hacerse cargo de una solución en la CPS", manifestó Remersaro.
La CPS está intervenida por la justicia concursal desde el 2002, cuando se presentaron al concordato. La justicia dirime si será el grupo de acreedores el que se quedará con el control o tomará por válidas la recomendación de la AIN.
La AIN en sucesivos informes ha dado cuenta de una serie de irregularidades en el manejo de la CPS. En el último, el de setiembre, la Auditoría asegura que los estatutos de la CPS no están siendo respetados. Los libros de actas no tienen seguimiento, ni están actualizados. Los últimos libros contables confiables son del 2003, desde ese momento no existe una contabilidad fiable.
La AIN también explicó que la Junta de Acreedores no tiene respuestas creíbles de los movimientos de fondos que hacen. En los últimos cuatro meses estudiados por el organismo de control estatal la CPS no pudio explicar a dónde fueron 26 millones de pesos que ingresaron técnicamente a sus arcas.
La Junta de Acreedores está presidida por Sergio Hermida desde Fondelux SA, la empresa que dirige, acreedora mayoritaria de la CPS. Esta firma gestiona medio millón de dólares al mes que obtiene de las retenciones a los 21.000 socios. Es un pago que hacen el BPS y otras cajas. De ese dinero no se rinde cuenta en forma sistemática.
El certificado de regularidad que otorga la AIN a las cooperativas para que puedan acceder al cobro de dineros del Estado, no fue renovado el mes pasado. "Lo veníamos renovando en forma provisoria, en el entendido de que el comité de acreedores iba a hacer el máximo de los esfuerzos para regularizar la situación. Pero vemos que los balances no pueden garantizar el correcto funcionamiento de la cooperativa, no hay garantías para socios, funcionarios ni proveedores de un clima laboral", explicó Remersaro.
A lo que se le canceló el ingreso de dinero a la CPS desde el 3 de noviembre por la resolución de la AIN, los más de 100 trabajadores todavía no han cobrado el mes de diciembre y temen que la situación se agrave si la justicia concursal no decide rápidamente por el futuro de la CPS. En noviembre se cortaron los pagos a las agencias del interior que prestan una serie de servicios a los afiliados a la cooperativa. El gremio de la CPS ya empezó a prestar dinero a sus compañeros.
Parte de la lucha de los bandos de acreedores por la gestión del crédito en la CPS motivó una denuncia penal en el juzgado de 5º Turno a cargo del magistrado Néstor Valetti. Hermida presentó una demanda ya que Talamás en setiembre del 2007 pidió una asamblea con los trabajadores a la que concurrió armado manifestando que estaba en guerra contra los acreedores mayoritarios, o sea Fondelux.
A la denuncia de Hermida la siguieron otras en materia penal que terminaron siendo centralizadas en el despacho de Valetti. Fuentes judiciales confirmaron a 180 que varios miembros de la Directiva presentaron una serie de denuncias por mal funcionamiento de la CPS. También se explicó que el caso es entreverado, que es un expediente grande y que no habrá resolución antes de la feria judicial mayor, que empieza el 23 de diciembre. Este jueves un grupo de trabajadores concurrió al juzgado y volvieron a afirmar que en aquella asamblea Talamás entró con dos metralletas Uzi y dos guardaespaldas que también estaban armados. Este viernes otros ocho trabajadores de la CPS declaran por el juzgado de Valetti y serán sus testimonios los que posibiliten otras audiencias en el futuro, explicaron desde la calle Misiones a 180.
