Después del Referéndum del 25 de enero de 2009, con el que los bolivianos aprobaron el nuevo texto constitucional propuesto por el MAS, que lidera Evo Morales Ayma, Bolivia sigue igualmente dividida y confrontada. ¿Cómo se puede explicar esta situación? Es importante resumir la historia reciente para comprender lo que sucede en Bolivia, sobre todo si no se han seguido con detalle los acontecimientos, lo que llevaría a suponer que el país andino es incomprensible. Se trata de un pueblo que porfiadamente acude a las urnas, una y otra vez, construye mayorías electorales, pero no puede traducir la voluntad mayoritaria en decisiones institucionales que gocen del reconocimiento y la legitimidad suficientes como para aplicar lo que se ha decidido electoralmente.
Un primer asunto hace referencia al quiebre de las instituciones políticas de la democracia boliviana. Luego de 25 años de sorprendente estabilidad y del cumplimiento cabal de los pactos políticos entre los partidos del pasado reciente, emergieron fuerzas corporativas de estructura y cultura sindical, en representación de los campesinos indígenas, que no participaron de los pactos democráticos entre los partidos políticos. Es decir, la institucionalidad política de la democracia boliviana no fue capaz de incorporar a importantes sectores de la población, cuya característica de diferenciación con los viejos gobernantes radica en sus rasgos étnicos: se trata de pueblos campesinos, fundamentalmente aimaras, organizados en sindicatos agrarios con tradiciones culturales predemocráticas y cuya vanguardia resultó ser el grupo se sindicatos de los sembradores de coca, en el Chapare, que es el sitio donde se cultiva y se procesa ese producto, que luego se reparte por el planeta y fundamentalmente en Europa, con el nombre de cocaína, que no es sino un delincuencial negocio. No es casual que Evo Morales sea aún hoy el presidente no solo del país, sino de las seis federaciones de cocaleros en esa región.
La institucionalidad política boliviana fue quebrada fundamentalmente por los campesinos de la coca, que hoy gozan de absoluta libertad para sembrar y cosechar cuanto quieran, al haber sido expulsada la DEA del territorio boliviano, y al haberse paralizado todo programa de control y represión al narcotráfico. Es muy importante tomarlo en cuenta, para entender el rompecabezas altiplánico.
Al otro lado, durante 50 años, entre gobiernos militares y restauradores democráticos, cien familias, muchas de las cuales están asentadas en la amazonía boliviana, fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra, gobernaron el país a su gusto y antojo, aprovechando de mala manera las ventajas del poder político, para acrecentar fortunas, conseguir ventajas y constituirse en una élite reñida y separa da las aspiraciones populares. Todos los partidos importantes del sistema político terminaron en manos de esa oligarquía política impenetrable, una de cuyas características también es étnica, se trataba de hombres (muy pocas mujeres) blancos, castellano hablantes, culturalmente dependientes del capitalismo anglosajón norteamericano; gente que pasa sus vacaciones en Miami, envía a sus hijos a estudiar a Boston y se ufana de ello, muy lejos de la pobreza ancestral de los aimaras y quechuas, que son las etnias más importantes que pueblan el país.
La clase media, urbana, mestiza, transculturalizada, de comerciantes y profesionales informales, que habita las ciudades bolivianas, no tuvieron los últimos años la capacidad de generar una voz y un liderazgo propios, en medio de estos grupos históricamente distantes. Esos sectores medios, que fueron la base de recuperación de la democracia y de su sostenimiento, se volcaron los últimos años hacia el mundo y la demanda indígena y campesina de inclusión. Hartos de la corrupción, los privilegios, el nepotismo y otras cualidades de los viejos gobernantes, encontraron a quien les salía al frente con una clara y radical promesa de cambio: Evo Morales y sus cocaleros, encabezando lo que vendría a ser una gran marcha indígena por la participación, la igualdad y la dignidad de los pueblos. Así se construyó la victoria del MAS y así llegó al gobierno hace tres años, de manera democrática, amparado por una amplia victoria electoral, con el 53% de los votos, y la seguridad de que Bolivia sería diferente.
Pero el núcleo central en el MAS no era ni es democrático, sino que sostiene la necesidad de la revolución comunitarista y popular ahora, para hacer justicia con 500 años de exclusión y explotación de los extranjeros invasores que llegaron con los españoles, extendiendo la conquista y apropiándose indebidamente de las tierras en los Andes. Junto con la victoria del MAS llegaba la reivindicación de los indígenas originarios y campesinos (expresión que se repite más de 80 veces en el nuevo texto constitucional), que no es una reivindicación solo de las tierras, sino el pedido del reconocimiento de una forma de vida y una manera de entender el mundo, que implica valores, costumbres, procedimientos, un sistema particular de organizar la representación política y el poder. Desgraciadamente esa visión premoderna y predemocrática no se plantea sino como la forma de gobierno que debe imponerse, desde el agro, hacia todo el territorio nacional.
Esa es la razón por la que el voto se ha dividido entre ciudad y campo. Las ciudades han votado claramente a favor del NO, salvo la ciudad de El Alto, cuya participación ha compensado la balanza, con su contundente participación, consecuente con su ser ciudad de recientes emigrantes, que en su gran mayoría han aprobado el nuevo texto constitucional. De no ser por El Alto, el NO es una contundente y clara opción para las ciudades, las grandes y las intermedias, que difícilmente aceptarán la condición que relega a sus habitantes a ciudadanos de segunda, que no gozan de los mismos derechos y opciones frente a los habitantes campesinos del agro boliviano.
Paralelamente están los errores cometidos durante el procedimiento de aprobación del texto constitucional. Durante un año entero la Asamblea Constituyente discutió solo dos temas: si se trataba o no de una Asamblea Originaria o su poder era derivado de una decisión parlamentaria, en el primer caso podría hacer y deshacer a su antojo, o limitarse a reformar el texto de la Constitución, en el segundo caso; el otro tema fue si se debía aplicar o no la ley de convocatoria y tomar decisiones por dos tercios de voto o solo por mayoría simple, esas de la mitad más un voto. El país se involucró en semejante discusión con movilizaciones, huelgas de hambre, bloqueos de todo tipo, hasta que la Asamblea decidió que era originaria y que aprobaría el texto constitucional por dos tercios. Así se terminó el tiempo, la Asamblea había sido convocada por un año que se pasó resolviendo esos dos asuntos, de manera que hubo que ampliar su duración con leyes especiales, que fueron aprobadas desde el Congreso nacional, cercado por multitudes de campesinos llegados a la ciudad, amenazando con cerrar el Congreso o ajusticiar a quienes se atrevieran a impedir la continuidad fuera de tiempo de la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre.
Y así se hizo. Se le dio tres meses más para resolver un texto que nadie sabía bien quién redactaría y corregiría en tan poco tiempo, aunque resultó ser que el texto estaba ya preparado, redactado y escrito sobre la base del trabajo y la discusión de las distintas comisiones, nadie sabe muy bien por quiénes, nadie sabe muy bien dónde. Pero el texto apareció, creando dos ciudadanías, la indígena campesino originaria y la otra, que no se especifica; también incluye párrafos dedicados a constitucionalizar el uso sagrado de la hoja de coca, desde una comisión dirigida por una campesina, líder del MAS, cuya familia entera se encuentra entre rejas, hoy por hoy, por haber sido descubierta transportando 140 kilogramos de cocaína. Margarita Terán se llama, para quienes quieran averiguar del asunto en los buscadores Internet.
El texto constitucional vio la luz en el límite del tiempo, tanto así que fue aprobado sin que los constituyentes pudieran conocerlo, en una sesión donde se leyó el índice, que fue votado y aceptado en grande, trasladando el debate en detalle a una sesión posterior que ya nunca pudo realizarse en Sucre, sede de la Asamblea, porque el pueblo chuquisaqueño (gentilicio de los sucrences por estar la ciudad en el departamento de Chuquisaca) salió a protestar por semejante atropello y porque la redacción final no incluía una demanda local importante (que no se discutió siquiera) sobre la sede de la capitalía. La reunión que aprobó el índice constitucional tuvo que realizarse fuera de Sucre, al interior de un cuartel militar, conocido con el nombre del Palacio de la Glorieta, protegido por el ejercito que disparaba contra la gente, lo que tuvo como resultado a cientos de heridos y tres muertos.
La sesión posterior, la que aprobó el texto en detalle, fue convocada 24 horas antes de su realización, en absoluto secreto. Se realizó en la ciudad de Oruro, sin la presencia de la oposición, que no pudo llegar al sitio por desconocimiento de la convocatoria, o no pudo ingresar a la Asamblea improvisada, porque una vigilia de campesinos indígenas originarios, instalada a su alrededor, lo impidió. Gracias a ese recurso se aprobó el texto con casi dos tercios de los asistentes, que eran todos del MAS y votaban según indicaciones de unos bedeles que avisaban cuando levantar la mano y cuando no; todo esto transmitido únicamente por el canal de televisión estatal, que fue el único que pudo ingresar a esta sesión final. Los 411 artículos fueron aprobados en una noche, a falta del año perdido en discusiones bizantinas e inacabables.
Luego fue de tumbo en tumbo el texto constitucional. Era tan malo, contradictorio y hasta con fallos gramaticales, que una comisión entre constituyente y gubernamental terminó por cambiarlo a modo de hacerlo compatible, unos artículos con otros; ese texto se llama el de “La Lotería”, porque la comisión funcionó en las oficinas de la Lotería Nacional. Finalmente un acuerdo congresal, al margen de la ley y de la propia Asamblea Constituyente, concluyó por modificarlo, cambiando más de doscientos artículos, para simular un acuerdo con la oposición. De esa manera fueron seis los textos que circularon y se conocieron. El de Sucre, el de Oruro, el de la Lotería, el del Congreso Nacional, el de las oficinas del partido de gobierno y el oficial. Esa es la otra razón para el descontento popular, que clama por la boca de algunos líderes (entre ellos la Prefecta del departamento de Chuquisaca, Sabina Cuellar) al desacato y la franca rebelión.
Otros son los elementos, más conocidos en el exterior del país, sobre la constitución de un eje entre cinco departamentos de los nueve que tiene Bolivia y que se ha denominado “La Media Luna”, donde los bolivianos no andinos, ni de las tierras altas, sino de los valles y la amazonía, han votado claramente por el NO y que teniendo continuidad geográfica entre ellos, van a plantearse una clara actitud de rebelión contra lo hecho, sin que esto vaya a llevar la “sangre al río”, estando siempre en el límite del conflicto, como los bolivianos saben hacerlo todos los días, cuando parece que ahora sí la guerra y el enfrentamiento, pero resulta que tampoco. La Media Luna, donde se cobija un NO al nuevo texto constitucional que es retrógrado, que ampara y defiende privilegios de unos pocos, frente a la mayoría es un problema más, pero no es el problema principal, ni el único, como se habrá podido ver a lo largo de este artículo.
(*) Licenciado en ciencias políticas y sociología. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nuestra señora de la Paz, en La Paz. Cumplió misiones diplomáticas en España y otros países y es miembro de la Internacional Socialista.
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