La ley 18.651 de protección integral para las personas con discapacidad fue aprobada en febrero de 2010 y tiene 94 artículos que incluyen las responsabilidades y cometidos del Estado con respecto a esta población. Entre otras cosas, se les equipara el acceso a la educación y también se regula su ingreso como trabajadores en el Estado.
Además, la ley establece que el 4% de las vacantes que se generen en el Estado deben ser ocupadas por personas con discapacidad. Como informó No toquen nada hace un mes, eso no se cumplió durante todo 2010, salvo algunas excepciones, según el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esto también fue denunciado en el Parlamento por la diputada nacionalista Verónica Alonso.
Entre otras cosas, la falta de cumplimiento se explica porque la ley no está reglamentada y no hay quién controle su ejecución.
Alberto Della Gatta, presidente de la Comisión Honoraria del Discapacitado, dijo a No toquen nada (Océano FM) que el cometido de reglamentar esta ley le corresponde a la Comisión y explicó que se ha demorado porque no es fácil el trabajo por la cantidad de aspectos que cubre la ley. “El proyecto de reglamentación estará para fines de octubre y el Poder Ejecutivo es quien dispone cómo llevarlo adelante. La ONSC va a tener que controlar su cumplimiento y habrá sanciones para los jerarcas. Por convencimiento o por obligación, la ley se va a cumplir”, afirmó.
Hoy, la ONSC solo tiene la obligación de solicitar información a los diferentes organismos. “La ONSC tiene que recoger la información y brindarla al Parlamento, pero no ha sido fácil obtenerla y tampoco los datos que nos han pasado han sido completos”, expresó a 180 Elena Tejera, directora de la ONSC 180.
En este tema se genera una confusión porque en el artículo 15, inciso F, se explica que la Comisión debe “elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley que elevará al Poder Ejecutivo, para su aprobación”. Pero también, en el artículo 51 (que está dentro del capítulo que regula el ingreso de trabajadores al Estado), se establece que es la ONSC la que debe elaborar el proyecto de reglamentación.
Della Gatta dijo que esto es un error que tiene el texto. Según explicó, es la comisión la que debe reglamentar la ley en todos los puntos el control.
“No estamos mendigando cargos para no hacer nada”
Para Della Gatta, lo que sucedió en 2010 fue una situación atípica de lo que se venía dando en los últimos cinco años.
La ley anterior era la 16.095, que también en su artículo 42 contemplaba el ingreso de personas con discapacidad al Estado y tenía esa cuota del 4%. Esa ley fue aprobada en el 89 y fue reglamentada por el ex presidente Tabaré Vázquez, recién 17 años después. “Esa ley fue absolutamente ignorada, hasta que en el año 2006, el presidente Tabaré Vázquez la reglamentó y en una cantidad de organismos públicos ingresaron arriba de 300 por concurso de oposición. En 2010 surge la nueva ley, que deroga a las anteriores y quedamos sin reglamentación. Estoy seguro que cuando se reglamente esta ley en los próximos meses todo se va a encauzar”, sostuvo.
Lo que dice Della Gatta se pude comprobar en el informe de la ONSC, donde queda claro que en los últimos 10 años, sobre todo, desde 2007 a esta parte hubo un crecimiento en el número de personas con discapacidad contratadas por el Estado. En 2009 fue el año que más se contrató (63), a diferencia de años como 2002, 2003 o 2005 donde no se contrató ninguna o se contrató una sola.
Igual, Della Gatta reconoce que hay muchos organismos del Estado que no cumplen, muchas veces por la ignorancia de los jerarcas que consideran que las personas con discapacidad no pueden desarrollar tareas. Como ejemplo de esto puso el caso de las intendencias en el interior, exceptuando Canelones.
“Las intendencias del interior ignoran sistemáticamente el tema. Incluso, cuando nos hemos entrevistado con los intendentes vemos que confunden las cosas. Nos dicen que tienen ‘tantas’ personas con discapacidad trabajando, pero eso no es cubrir el cupo. Tampoco lo es elegir al hijo de un amigo para que entre en la intendencia. El llamado se debe hacer de acuerdo a las vacantes que existen para cubrir. No estamos mendigando cargos para que la gente no vaya a hacer nada, al contrario, estamos pidiendo cargos por concurso para aquellas personas con discapacidad que están aptos para desempeñarlos”, afirmó.
