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180 conversó con María José Bagnato, nueva directora del Pronadis. Según datos del Mides, la discapacidad en Uruguay afecta a más de 800.000 personas en forma directa e indirecta. La falta de reglamentación de la ley de Protección Integral para personas con Discapacidad y la necesidad de mejorar el acceso al trabajo son algunos de los desafíos que deberá asumir Bagnato. Para eso, la nueva directora tiene un plan.

El Plan Nacional de Equiparación de Oportunidades y Derechos de las personas con discapacidad. Esa es la iniciativa que impulsará la nueva directora del Programa Nacional de Discapacidad, que entró en lugar de Alberto Della Gatta.

Este nuevo plan comenzó a funcionar el 30 de marzo y está basado en algunos artículos de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad (18.651). Lo que busca es garantizar y agilizar el acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda mediante la interacción entre los diferentes organismos. "La discapacidad no estaba tan visible como prioridad para abordar. Ahora hay una mayor voluntad para hacer frente al tema y nuestra tarea será facilitar el cómo", señaló.

Bagnato explicó que la idea será coordinar acciones a nivel nacional, pero también departamental con la Comisión Honoraria de la Discapacitado. "De esta forma va a ser más fácil coordinar acciones en los territorios, queremos facilitar la inclusión en la zona donde viven las personas con algunas discapacidad. Que puedan ir a la plaza de su barrio, al cine", dijo.

Según datos del Mides, la discapacidad en Uruguay afecta a más de 800.000 personas en forma directa e indirecta.

Modificaciones en la ley que no se cumple

En el periodo 2010 se aprobó una ley para la Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Esa ley es la 18.651 y tiene 94 artículos, pero aún no ha sido reglamentada. La ley de discapacidad anterior (16.095) se aprobó en 1989 y nunca se reglamentó.

En diciembre del año pasado, Pronadis envió un proyecto de reglamentación para la nueva ley. Cuatro meses después ese proyecto sigue a consideración del Ejecutivo. Esto trajo múltiples problemas, porque muchos aspectos que establece la ley hoy no se están cumpliendo.

Muchos de los reclamos fueron por el artículo 25 de la ley, donde se establecía un programa de Asistentes Personales que debían ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de su vida diaria. Ese programa estaría en la órbita del Banco de Previsión Social.

Este artículo será modificado en caso de aprobarse la nueva reglamentación. Los requerimientos de ese artículo se van a suplir con la creación del Sistema Nacional de Cuidados, a través de otra ley que el gobierno pretende aprobar este año. "La figura del asistente personal va a ser absorbida por el asistente de cuidados. Esto va a producir una modificación en la ley, pero el resto de los procesos van a seguir para terminar con la reglamentación", señaló.

Mejorar la situación del Estado y abrir puertas a nivel privado

El año pasado el propio Estado no cumplió con el ingreso de personas con discapacidad en sus dependencias.

La ley establece que al menos el 4% de las vacantes que se generen en los diferentes organismos deben ser ocupadas por personas que tengan alguna discapacidad. Además se establecen sanciones por el no cumplimiento, que incluso podrían implicar el cese del cargo de los jerarcas de cada unidad ejecutora.

Según el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Intendencia de Soriano fueron los organismos estatales que generaron más vacantes para personas con discapacidad. En total fueron 17 vacantes y ninguna fue ocupada. El Poder Judicial generó una menos y tampoco entró nadie con discapacidad.

Los únicos que cumplieron fueron las intendencias de Canelones, que debía contratar al menos seis y contrató siete, y la de Salto, que debía contratar dos y contrató tres.

Bagnato reconoció esto, pero dijo que gracias a la ley la situación está empezando a cambiar. "Ahora tenemos los informes de Servicio Civil y esto permite convocar a los organismos para llamarles la atención de que no lo están cumpliendo. Antes había una sensación de que no se cumplía y hoy sabemos cuánto exactamente no se cumple. Ahora se empezaron a hacer nuevos llamados y la propia ONSC va a lanzar un llamado específico para personas con alguna discapcidad", expresó.

Ana Ferraris, subdirectora de la ONSC, dijo a 180 que el llamado no se lanzó todavía, pero se está trabajando en el tema. Haciendo esto se pretende dar un mensaje fuerte a las dependencias estatales. Pero la ONSC no puede hacer más porque no puede sancionar y hasta que la ley no se reglamente nadie lo hace.

Pronadis también ha recibido consultas de privados que tienen la intención de contratar a personas con discapacidad para trabajar. "Hemos detectado el interés y obviamente hay mucha gente que quiere trabajar. Por eso pensamos implementar un programa, la idea es que sea una intermediación laboral. No vamos a otorgar trabajo, pero sí vamos a servir de nexo", explicó Bagnato.

En Uruguay, los privados no tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad como sí pasa en el Estado. "Eso es discutido y está en debate si habría que obligar o no. En algunos países es obligación y las empresas prefieren pagar una multa. Para nosotros lo importante es que se promueva y se demuestre que una persona con discapacidad es capaz de trabajar. Hay que otorgarle la capacitación y la ayuda técnica correspondiente", afirmó.