Ministerio de Trabajo promueve diálogo por seguridad en el trabajo

El inspector general de Trabajo, Juan Roballo, afirmó que en los próximos días se sancionarán diversos decretos que buscan mejoras para operadores de call-center, personas expuestas al ruido y trabajadores de la construcción, la minería y la actividad portuaria. Destacó además la importancia del cada vez más presente diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Gobierno.

Actualizado: 29 de abril de 2012 —  Por: Redacción 180

Ministerio de Trabajo promueve diálogo por seguridad en el trabajo

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Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebró este sábado 28, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) participó de diversos eventos organizados por los trabajadores y mantuvo una entrevista con la Secretaría de Salud del PIT-CNT, informó Roballo a través del sitio de Presidencia.

“En un contexto de crecimiento sostenido de la economía, del aumento de la tasa de empleo, la disminución histórica del desempleo y el descenso de la informalidad, la promoción del trabajo en un ambiente seguro y sano se transforma en un imperativo ético y político institucional para el efectivo respeto de la dignidad de la persona humana y la equidad social”, consideró Roballo.

A su vez, anunció que en los próximos días se sancionarán varios decretos dirigidos a garantizar ese ambiente seguro y sano en el trabajo. Uno de estos decretos establece la reducción del límite de exposición a presión sonora de 85 a 80 decibeles, y otro (que está pronto a sancionarse, dijo Roballo) refiere a los centros de atención telefónica y regula la salud en el trabajo de los operadores y telefonistas.

Además, afirmó que junto a integrantes de la sociedad civil se formularon nuevos decretos para la construcción y la industria de la minería, y que el jueves se definió un decreto para la actividad portuaria.

Por otra parte, Roballo aseguró que la Inspección de Trabajo procura garantizar un buen ambiente laboral a través de las fiscalizaciones, que, según subrayó, aumentaron en el último año. Este aumento, sostuvo, se manifiesta en la presentación de demandas por cobro de multas que hace la Inspección ante el Poder Judicial, que aumentó un 29% entre 2011 y 2010, y que recaudó por este concepto un 38% más.

El jerarca destacó también la función del diálogo social tripartito, que permite trabajar esta temática en base a las necesidades de trabajadores, empleadores y el Gobierno.

Recordó que en 1988 se ratificó el Convenio 155 que trabaja estos temas, pero que recién se reglamentó en 2007. Dijo que desde 1988 a 2005 se realizó sólo una reunión tripartita de seguridad y salud en el trabajo, que desde 2005 a 2009 se instalaron siete reuniones y que en lo que va de 2010 a la fecha se realizaron 15 reuniones tripartitas. Además, afirmó que se le dio un impulso al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se actualizó el listado de enfermedades profesionales luego de casi 40 años desde su última actualización.

Roballo dijo también que se hizo hincapié en el interior del país, porque allí se constató la necesidad de una mayor presencia de la Inspección General de Trabajo. Así, afirmó Roballo, las inspecciones aumentaron en un 20% respecto a 2010 en el interior, gracias en parte a la incorporación de cuatro nuevos vehículos y al aumento de los viáticos para viajar al interior.

Explicó que las fiscalizaciones consisten en el control de las condiciones generales de trabajo, que incluyen los salarios, el cumplimiento de laudo y también la fiscalización de las condiciones de seguridad y de salud del medio laboral. Además, dijo Roballo, se analizan los riesgos que existen en los lugares de trabajo, los elementos de protección personal, los procedimientos de trabajo, las habilitaciones y otros elementos que evitan accidentes o enfermedades laborales.

El inspector explicó que las infracciones a la normativa laboral, tanto en las condiciones generales como en las que refieren a la seguridad y la salud del trabajador, se sancionan con multas económicas, intimaciones a las que queda sometido el emleador y, en algunos casos, clausuras, que pueden ser preventivas (“cuando el riesgo es grave e inminente para la vida de la persona humana”), de todo el local o del área con mayor riesgo, o sancionatoria en el caso de que el empleador no cumpla con la normativa básica luego de reiteradas intimaciones y sanciones.