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Una década después, Uruguay volvió a ser considerado por una calificadora de riesgo como un país con Grado de Inversión (Investment Grade). Sin duda, es un logro que responde al esfuerzo de todos los uruguayos, los verdaderos artífices de la transformación de una situación crítica en el terreno económico y vergonzosa en el terreno social, como la imperante durante la crisis que estalló en el año 2002, en otra más esperanzadora, como la de hoy. Este reconocimiento responde a la evaluación de múltiples factores (institucionales, políticos, económicos, sociales). Por lo tanto, la historia cuenta. Pero no lo es todo. También cuenta la actualidad y, sobre todo, las perspectivas de futuro.

No tenemos un enfoque “refundacional” de los países. Los procesos son una conjunción de continuidades y cambios. Típicamente, las continuidades se asocian más a los aspectos institucionales y los cambios a las políticas. La fortaleza institucional no es fruto de un gobierno sino de una larga historia que respeta las mejores tradiciones. Sin embargo, los procesos económicos, el mapa de riesgos de una economía y las oportunidades de desarrollo son más cambiantes y se vinculan de mayor manera a las políticas efectivamente desplegadas y a los resultados efectivamente obtenidos.

1 - Paternidad y continuismo

Dicho esto, la sociedad debe estar perpleja con la discusión sobre la “paternidad” del Grado Inversor. Parece mentira que un hecho que debiera ser tomado con prudente alegría por todos, se transforme en objeto de una disputa que, en última instancia, refiere al “continuismo” de la política económica y social actual con respecto a la desplegada históricamente por los partidos tradicionales. “Apropiarse” de la política económica lleva a “apropiarse” de los “méritos” del Grado Inversor. El tema cantado a coro por varios agentes y analistas consiste en que el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, la estabilidad financiera y la baja inflación responden más a las políticas tradicionales que al programa de la izquierda. En consecuencia, la recuperación del Grado de Inversión es más hija del continuismo que de los cambios, en un viraje (cuando no, traición) con relación a los principios históricos de la izquierda.

Pretendemos analizar esto en dos niveles. El primero relaciona la actual política con factores instrumentales de los primeros programas del Frente Amplio: estatizar la banca, nacionalizar el comercio exterior, no pagar la deuda externa, la reforma agraria, etc. Con respecto a esto, debemos recordar que hay ríos de tinta escritos por los cientistas políticos en donde se analizan y documentan los cambios, la modernización y la actualización programática del Frente Amplio desde su fundación hasta su acceso al gobierno. Además, no se encontrarán planteamientos que aboguen por el desorden macroeconómico, la irresponsabilidad fiscal, la inestabilidad financiera o la inflación fuera de control. Por lo tanto, plantear que hubo un viraje de última hora con respecto a ese programa de la izquierda el 1º de marzo de 2005 no es más que una caricatura política.

Pasemos entonces al segundo nivel: el que analiza las políticas económicas efectivamente desarrolladas por los gobiernos del Frente Amplio y por los gobiernos anteriores. A efectos de evaluar continuidades y cambios, el análisis debe aislar el esqueleto fundamental y el enfoque estratégico de las políticas. También debemos distinguir el discurso, las políticas implementadas y los resultados, ya que a veces se toman indistintamente estos aspectos, asumiendo que lo que un agente dice es efectivamente lo que hace y lo que logra. Nada más alejado de la realidad.

2 – Discurso, implementación y resultados

El discurso tradicional no era integrador de las políticas económicas y sociales. En los hechos, se las oponía. : “No podemos dedicar estos recursos a las políticas sociales, porque se alterarían los equilibrios macroeconómicos”, era una regla que no reconocía prácticamente calibraciones. Era casi conceptual. Contrariamente, el discurso del equipo económico en funciones desde el 2005 es enfático en integrar políticas económicas y políticas sociales, además de haber demostrado que, en un contexto de responsabilidad, siempre se puede encontrar espacio económico para el despliegue de políticas sociales focalizadas y bien diseñadas. Incluso, se incorpora la realidad social como parte de un ambiente de inversión que es preciso consolidar para sustentar el crecimiento económico, en una visión estratégica de largo plazo.

Con respecto a la implementación, podríamos hacer una larga enumeración de reformas profundas desplegadas en pocos años, que implicaron cambios sustanciales en la estructura de incentivos y reglas y en las formas de institucionalización de las políticas. A saber: la reforma impositiva y de la administración tributaria, la reforma presupuestal (evitando que los presupuestos fueran letra muerta), la reforma en el sistema financiero (Carta orgánica del BCU, mercado de valores, sistema de pagos), la reforma en el sector de la vivienda (BHU, ANV), los cambios en las reglas de funcionamiento de mercados e inversiones (competencia, bancarrota, promoción de inversiones), los cambios en la transparencia tributaria y bancaria como ingredientes de la inserción internacional, la reforma de la salud, las leyes laborales (negociación colectiva, tercerizaciones, fuero sindical), los planes sociales focalizados (emergencia, equidad, asignaciones familiares).

Todas ellas caracterizan a los gobiernos del Frente Amplio. Difícil ver continuismo en la inmensa mayoría de ellas. De ser una expresión de continuismo, es curioso que las leyes sustanciales de la actual política económica (reforma tributaria, leyes de presupuesto, rendiciones de cuentas, leyes laborales) no hayan sido votadas por los partidos tradicionales. De hecho, fueron ostensiblemente críticos a nivel mediático, augurando consecuencias negativas inconmensurables: se caería la producción y el empleo, se ahuyentarían inversiones, se provocarían salidas de capitales, se generaría desorden fiscal, etc. Afortunadamente, la realidad es otra.

Pasemos finalmente a evaluar los resultados. Por lo que se escucha en el coro reivindicativo, el orden macroeconómico, la baja inflación y la estabilidad financiera parecen ser patrimonio de la derecha. Por suerte, la izquierda habría continuado con estas prácticas, traicionando su visión tradicional de descuido de los equilibrios básicos. El manejo económico iba a ser el Talón de Aquiles de la izquierda en el gobierno. Pero, ¿fueron realmente ésas las características de los gobiernos tradicionales en las últimas décadas? La respuesta es un rotundo NO.

Una secuencia de crecimiento económico como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. El crecimiento de largo plazo no superaba el 2%, mientras que fue del orden del 6% en los últimos siete años.

Una secuencia de flujo de inversiones como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. La tasa de inversión histórica rondaba el 14%, mientras que en la actualidad llega al 20%. En materia de inversión extranjera directa, los flujos se han triplicado.

Una secuencia de tasas de inflación de un dígito como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. Con escasas excepciones, la tasa anual de inflación fue de dos y tres dígitos, con sus perjuicios en el terreno económico y social.

Una secuencia de déficit fiscales del entorno de 1% del PIB como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. Los resultados negativos de las cuentas públicas fueron en promedio notoriamente superiores a este guarismo, llegando en algunos años, a cifras de 6% y 7%.

Una secuencia de empleo y desempleo de los uruguayos como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. Nunca hubo tantos puestos de trabajo, ni tanta formalización en el empleo desde que se llevan registros, como en el presente. La tasa de desempleo es hoy la más baja de la historia.

Una secuencia de mejora de ingresos familiares como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. Tanto los salarios, como las jubilaciones, las pensiones y las rentas han subido considerablemente durante siete años seguidos. El pasado muestra oscilaciones bruscas con aumento y caídas de los ingresos familiares, lo que impregnaba de incertidumbre las decisiones económicas.

Una secuencia de mejora de los indicadores de pobreza, indigencia y distribución del ingreso como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. En solo siete años, la pobreza se redujo a la tercera parte y la indigencia a la décima parte, mientras que el Índice de Gini asume el mejor valor desde que se llevan registros.

Una secuencia de reducción y mejora del perfil de la deuda pública como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. El peso de la deuda bajó casi a la mitad y sus características de vencimientos, monedas y condicionalidades muestran cómo una situación de ahogo financiero se transformó en una de tranquilidad en pocos años.

Una secuencia de estabilidad financiera como la actual no se ha verificado en los últimos 60 o 70 años. Hoy nadie duda de la solidez y la salud del sistema financiero. La historia financiera del país, en cambio, fue una sucesión permanente de crisis, cierres, liquidaciones, salvatajes, compras de carteras, corridas bancarias, etc., que le costaron miles de millones de dólares a los uruguayos. La inestabildad financiera recorrió todas las décadas, al menos desde fines de los cincuenta. En los sesenta, se hundió el Transatlántico; en los setenta, el Mercantil, Aldave y Martínez, etc.; en los ochenta, la crisis de 1982, la compra de carteras de 1983, el Banco de Italia y el del Plata y los posteriores salvatajes del Comercial, el Pan de Azúcar, el Caja Obrera, etc.; en los noventa, siguieron los bancos “administrados” por el Estado, incluyendo al Banco de Crédito; en el 2002, corrida bancaria y crisis generalizada. Y en todo aquel período, además, la agonía del Banco Hipotecario.

3 - ¿Por qué “apropiarse” de la política económica?

Parece claro que difícilmente la derecha pueda tener en su patrimonio, los méritos de la estabilidad macroeconómica y financiera. Lo hecho entre 2003 y 2004, con algunos elementos positivos, no parece ser representativo de sus políticas económicas de largo plazo. Obviamente, Uruguay sintió el shock externo proveniente primordialmente de Argentina. Pero también parece claro que la economía estaba plagada de vulnerabilidades que no permitieron mitigar sus impactos.

La intención de “apropiación”, creemos, tiene su razón de ser. Lejos de ser el Talón de Aquiles del gobierno de izquierda, la actual política económica luce consistente (en su discurso, su diseño y su implementación), exitosa (en sus resultados) y apoyada por la población (con un satisfactorio reconocimiento en las encuestas). Es como el “Bueno, bonito y barato” en la materia. El aprovechamiento de un entorno externo favorable (aunque menos de lo que algunos enfatizan, dado que no se suele tener en cuenta que, por ejemplo, somos importadores de petróleo y que el mundo desarrollado atraviesa la mayor crisis de los últimos 80 años) con el despliegue de buenas políticas parece ser una combinación exitosa y aceptada.

Los uruguayos hemos ido aprendiendo estas cosas a los golpes. Si este enfoque de “apropiación” implica que estas políticas van a tener continuidad en el futuro, bienvenido entonces. Hay mucho por hacer. No hay lugar para la autocomplacencia. Y más que discutir de continuismos del pasado, sería más fructífero mirar hacia adelante, para consolidar la estabilidad, las certezas y la reducción de vulnerabilidades, en el contexto de una visión estratégica del desarrollo económico y social del país.

Columna especial del presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, enviada a 180 y otros medios. Bergara aclara que los conceptos expresados son a título personal y no reflejan al organismo que preside.

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