El informe reconoce como avances la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman, la ley que anuló de hecho la Ley de Caducidad, el decreto del presidente José Mujica que revocó las decisiones de presidentes anteriores sobre casos excluidos de la Ley de Caducidad. También destaca la identificación de los cuerpos de Julio Castro y Ricardo Blanco.
Sobre el enjuiciamiento de los militares acusados de abuso sexual contra un joven haitiano, destaca que el estado uruguayo tuvo “una reacción positiva hacia la prevalencia de la verdad y la justicia para con el joven haitiano”, y se advierte que Aministía Internacional monitoreará el caso.
Se resalta el reciente nombramiento de sus directores y directoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo y se insta a que esta institución preste especial atención a la situación actual del sistema carcelario uruguayo.
En el informe 2012, Amnistía Internacional observa con preocupación la situación del sistema carcelario uruguayo, no solo por la demora en la implementación de las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas que visitó el país en 2009, sino también por la actual situación de precariedad de las personas recluidas en el centro penitenciario de Santiago Vázquez, condiciones que agravan los defectos del sistema penitenciario, tales como el hacinamiento, las infraestructuras inadecuadas y el uso generalizado de la prisión preventiva.
Amnistía Internacional Uruguay vuelve a llamar la atención sobre las actuales discusiones que el Estado y el sistema político están dando para abordar la problemática de la “delincuencia”, especialmente la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. Recuerda que el Estado es firmante de la Convención Universal de los Derechos del Niño y como tal debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no responsabilizar de una problemática social a un sector vulnerable de la sociedad.
Respecto a la violencia de género, se subraya que Amnistía Internacional monitorea este proceso que garantiza la plena vigencia de los derechos civiles del colectivo LGBTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales). Expresa que ve con “profunda preocupación” los asesinatos cometidos en 2012 de mujeres trans y el tratamiento en los medios de comunicación.
En 2011, en Uruguay se lanzó una campaña contra la violencia en la atención en el parto. En diciembre de ese año, Amnistía Internacional le hizo llegar al ministro de Salud Pública sus preocupaciones pero no han recibido respuestas sobre los mecanismos que tienen las mujeres y sus acompañantes para prevenir y denunciar la violencia en el parto.
Consideran que la criminalización del aborto “pone en peligro a las mujeres y niñas” porque impide el acceso a los servicios de salud. Destaca que “en muchos casos” esto puede provocar grave angustia psicológica en las niñas y mujeres embarazadas e impulsarlas a buscar abortos ilegales inseguros.
También manifiestan su preocupación por el aumento de las muertes de mujeres por violencia doméstica y piden al Estado “que actúe de manera efectiva y permita el acceso a la justicia a las víctimas de violencia doméstica y castigue a los/as culpables”.
Amnistía Internacional está promoviendo la redacción de un tratado que impida la venta de armas a países en los que se ha constatado que se comenten abusos y graves violaciones de los derechos humanos. Amnistía Internacional Uruguay lanzó una campaña con el objetivo de recolectar 3.000 firmas de activistas defensores de los derechos humanos para acompañar la petición a los Estados para que aprueben este tratado.
