Pero quizá lo más importante es que la ley nos para frente al espejo como sociedad, nos permite evitar la hipocresía de sancionar un acto que no se considera un delito.
Esto lo explicó, con claridad, el senador colorado Ope Pasquet, durante la discusión en el Senado de la ley.
“La norma penal que inhibe el aborto ha fracasado en el Uruguay. No porque se sigan haciendo abortos porque con ese criterio fracasó el delito de hurto. Hay centenares de miles de hurtos por año. Fracasó porque la gente no acepta que sea delito. Miren que la norma rige desde 1889 y la sociedad uruguaya no se convence y no lo acepta”. (Ope Pasquet)
Pasquet fue claro, con un discurso contundente. Pero más clara aún es la nacionalista Ana Lía Piñeyrúa con sus contradicciones.
_ Yo si hubiera tenido la posibilidad de estar cerca de esas mujeres en el momento en que toman la decisión, hubiera tratado por todos los medios que eso no pasara.
_ ¿Pero no harías una denuncia?
_ No, eso sí que no.
_ ¿Y no reconocés una contradicción?
_ Hay una contradicción.
(Entrevista de la periodista Nausícaa Palomeque con Ana Lía Piñeyrúa)
Estas reflexiones, contradicciones, reconocer de una vez por todas que nadie denuncia a una mujer que aborta nos permite hablar, reflexionar y dejar de ocultar una realidad de todos los días tras el velo de la moralina doble.
El número de abortos no es claro, ni lo será mientras sea una práctica penada. Pero más allá de estimaciones, de 10.000 o 30.000, ahora hay una constatación diaria de las mujeres que quieren interrumpir el embarazo.
Los servicios de salud sexual y reproductiva tienen la obligación legal de asesorar en casos de aborto. Así lo estipula la ley 18426 de 2008, cuyo decreto reglamentario es de 2010.
Según esta norma, todos los centros de salud del país tienen que tener estos servicios de salud sexual y todos deben asesorar a la mujer que quiera abortar: antes, durante y después.
Decenas de mujeres se acercan cada semana. Lamentablemente, muchas no conocen sus derechos y esto en gran parte se debe a que hay un déficit de información del Ministerio de Salud Pública (MSP). Los dos casos de muerte de este año, que aún investiga el MSP, tuvieron, según el subsecretario de Salud Leonel Briozzo, un punto en común: las mujeres no habían consultado.
Pero muchas otras sí lo hacen, todos los días. Sobre todo en el hospital Pereira Rossell.
“Estamos alrededor de las 100 consultas semanales y evidentemente hay mujeres que en vez de ir a su mutualista, prefieren venir al Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Pereira Rossell. Una vez que llegan ahí ya conocen que este servicio les da una cobertura integral”. (Ana Labandera)
Lo que contó a No toquen nada la titular de Iniciativas Sanitarias, Ana Labandera, pasa hoy sin reglamentarse la ley de aborto.
O sea, desde hace muchos años el país ya es un poco menos hipócrita o menos contradictorio, porque se atiende a la mujer que desea abortar.
Allí, en el Pereira Rossell, nació esta historia. Allí se creó Iniciativas Sanitarias contra el aborto en condiciones de riesgo en 2001. En 2004, en el gobierno de Jorge Batlle, se le dio un marco legal con un decreto del entonces ministro Conrado Bonilla.
El camino se consolidó con la ley de Salud sexual y reproductiva en 2008, que se reglamentó en 2010.
Los cambios con respecto al equipo de salud sexual que hoy debe aconsejar a las mujeres son pocos. Pero son radicales. Ahora esos servicios podrán recetar en lugar de mandar a las mujeres a conseguir el misoprostol en la clandestinidad.
“Hoy, la interrupción del embarazo hasta las 10 semanas generalmente es mejor con uso de medicamentos, que puede ser el misoprostol y hay otro fármaco que se llama mifepristona que es un antiprogesterona, que también produce dilatación de cuello de útero y la posibilidad de expulsión del embrión. Ese fármaco no está registrado en el Uruguay”. (Leonel Briozzo)
Claro, no es el único cambio este que explica Briozzo. El Ministerio tendrá por delante una reglamentación muy compleja, que, según Briozzo, tiene muchos puntos difíciles. Y después de la reglamentación vendrá la implementación. El país deberá dar un giro de 180 grados para mirar de frente este tema. Nada sencillo.
La ley es un avance, pero además la discusión de la misma ayuda a entender que no hay defensores de los abortos, que las mujeres no quieren hacerse abortos en sus vidas para sentir que tienen derechos. Lo que quieren es tener la opción legal y no agregar, al enorme costo sicológico, la amargura de sentirse delincuentes.
No hay abortos fáciles, como lo sugiere el veto del ex presidente Tabaré Vázquez en la exposición de motivos de su veto, en 2008.
El ex presidente inventó que los abortos crecieron con la despenalización en Estados Unidos y España. Lo dijo sin rigor y sin poder justificar el dato. Pero lo peor fue que Vázquez dijo que en esos países: “la costumbre se instaló”. Textual esto último: la costumbre. No sé si en algún momento de la democracia hubo una grosería mayor hacia la mujer.
Las mujeres no se acostumbran a abortar, Vázquez, y ninguna mujer aborta porque esté instalada la costumbre. Usted debería pedir disculpas algún día por tamaño dislate.
Tampoco abortan sólo las mujeres pobres como sugerían algunos discursos del reciente debate parlamentario. Ese es un posicionamiento que oculta la mayoría de las razones por las que abortan las mujeres, que apunta a que la adopción sería una solución porque sólo abortarían las pobres que no saben qué hacer con sus hijos.
Primero, las mujeres pobres no dan un hijo en adopción como quien presta una camisa, es un tema complejo; a la mujer pobre le cuesta igual que a cualquier otra. Esto es obvio, pero a veces parece que no se entiende.
Pero, además, hay mujeres de clase media y alta -socias de mutualistas y seguros privados- que abortan. A ellas en general no se les sugiere la entrega en adopción.
"¿Le plantean eso a la muchacha que queda embarazada, no quiere seguir y tiena el dinero como para abortar en el país o en el exterior? ¿A qué no le dicen lo mismo que a la chica que de repente vino del interior y se está pagando sus estudios con un trabajito en una panadería? Este es un debate cortado por una concepción de clase. Ninguno de los legisladores que invocó estas dos alternativas lo haría indistintamente fuera cual fuere el caso. Se lo reservan a las mujeres que menos tienen". (Mónica Xavier)
Esto decía la senadora Mónica Xavier en nota con No Toquen Nada.
Pero Ope Pasquet fue un poco más allá aún, habló de la amniocentesis.
“Pienso por ejemplo en estudios como la amniocentesis que permiten identificar ciertas patologías en el embrión. Cuando se detectan esas patologías hay quienes optan por seguir adelante en el embarazo y otros por interrumpirlo”. (Ope Pasquet)
Pasquet se animó a hablar de un estudio que determina algunas patologías entre las 14 y 20 semanas de embarazo. Y hay muchos abortos cuando sale mal. Muchísimos. Y son abortos caros, porque ese estudio no se lo hacen las adolescentes del Pereira, se lo hacen las de clase media y media alta.
Eso también pasa en el país. Decirlo no es aceptarlo. Negarlo es hipócrita.
O contradictorio, como diría Piñeyrúa.
Si será contradictorio que ella como funcionaria pública cometió un delito al no denunciar un aborto. Lo dijo en la propia Cámara, dijo que conoció casos.
Pero nadie le va a decir nada. Porque no denunciamos los abortos. No lo hacen los funcionarios públicos, no lo hacemos tampoco los periodistas, no lo hace nadie.
Como dijo el diputado Fernando Amado en el Parlamento: es una doble moral.
“A nivel de nuestra moral privada, la prohibición, la penalización del aborto, no implica un impedimento para llevarlo a cabo. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que muchas de las personas que hoy hacen encendidos discursos en contra de esta situación, no dudarían, en lo particular, de recurrir a esta solución.
Pero claro, cuando llega el momento de decir, como sociedad madura, a la altura de las más desarrolladas del mundo, que en este país no se penalizará más una práctica que es común y que por lo tanto es ridículo hacerlo, es ahí cuando asoma la hipocresía y nos tiembla el pulso”. (Fernando Amado)
Cuando nos enteramos que una mujer decidió abortar lo que queremos, lejos de correr a denunciarla a la Policía, es ayudar a que su decisión no tenga riesgos.
Ahora, además de esa ayuda individual, el Estado les garantizará que, dentro del marco establecido, no serán sancionadas penalmente. Les dejará vivir un doloroso proceso como corresponde, con asesoramiento profesional, con los cuidados necesarios; sin riesgos.
Ya era hora de que dejáramos de juzgar moralmente por qué lo hacen, de jugar a una prohibición ridícula que coloca la moral de uno por encima de los derechos y las normativas. Ya era hora que la mayoría de los legisladores entendieran que no se trata de sus vidas ni de su moral, sino de normas jurídicas para toda la sociedad.
Se dio un paso más.
Desde hoy somos un poco menos hipócritas.
O contradictorios, como prefieran llamarle.
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