Se trata del primer proyecto del paquete de medidas que anunció el Poder Ejecutivo a mitad de año que logra aprobación parlamentaria. Originalmente el proyecto aumentaba un tercio el mínimo y el máximo de penas para funcionarios policiales. Pero en la discusión en el Senado se agregaron nueve categorías.
Además de agravar las penas en los casos de narcotráfico, se agravan también para cualquier delito cometido por funcionarios en establecimientos de reclusión de adultos o de menores
El articulado hace referencia a las actividades delictivas descritas en el decreto-ley de estupefacientes aprobado en la dictadura. El agravamiento será cuando estén involucradas todas las formas de cocaína en su estado de base incluida la pasta base.
También prevé la posibilidad de aplicar penas alternativas en determinadas circunstancias. Por lo tanto establece como atenuantes: no tener antecedentes por delitos con dolo, si la cantidad incautada es menor y que el imputado no le haya vendido la sustancia a menores de edad.