El sector de Vamos Uruguay ha hecho de la seguridad su razón de ser. Está bien, están en su derecho.
Pero sólo puedo ver como un acto político que el diputado Germán Cardozo presente datos técnicos a los gritos con cara de “les avisamos que esto iba a pasar y nosotros somos la solución”. No puedo adquirir este paquete sin al menos preguntarme qué tiene de regalo. Porque si uno lee la página de Fundapro, no dice que pertenece a Vamos Uruguay. No es transparente.
Además, desde Vamos Uruguay se ha avalado cualquier disparate del Ministerio del Interior (MI) en cifras de delitos. Cuando el MI infló sin rigor alguno las cifras de rapiñas de menores, Vamos Uruguay aplaudió con las orejas. El MI tomó cifras de delitos de adolescentes a partir de la Jefatura de Policía de Montevideo, un desglose que solo se puede hacer en el Poder Judicial. Los policías no saben si se procesó, si es un delito o una denuncia; se manejó desde el MI con total arbitrariedad.
Además, el Ministerio hizo cortes de información arbitrarios con los adolescentes infractores.
En noviembre del 2010 Bonomi dijo que hubo un crecimiento del 81% en delitos cometidos por adolescentes. Cuando en No toquen nada le preguntamos de dónde sacó el dato la respuesta fue: “sale de distintos institutos”. Nunca aclaró cuáles eran.
Es claro que Bonomi no le puede pedir rigor de fuente de datos ni a Fundapro ni a nadie. Y esos datos le gustaron a Vamos Uruguay. No dijeron nada.
Ahora se plantea una discusión estéril sobre si se considera homicidio la legítima defensa o las acciones policiales. El problema es que la cantidad de homicidios aumentó y quebró una tendencia estable, no esta discusión política.
La discusión sobre seguridad es demasiado seria para inventar fundaciones que cuenten muertos en titulares de prensa, para inventar fundaciones cuyos voceros son diputados.
El MI se ganó esta polémica por sus continuos errores y manejos erráticos de los datos.
Pero no todos tenemos que pagar las consecuencias, permítanme no comprar este paquete político y mediático.
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