Entrevista de Joel Rosenberg y Ricardo Leiva con Fernando Rodríguez, en No toquen nada de Océano FM.
El 14 de marzo la Junta Departamental decidió elegir un nuevo titular al frente de la Defensoría del Vecino. Luego de seis años en el cargo, la Junta podía extender el cargo a Fernando Rodríguez por tres años pero decidió que se cambiara. De todas formas, y hasta que se designe el nuevo defensor, Rodríguez continuará al frente de la Defensoría que él inauguró. Durante estos años los montevideanos aprendieron que la gestión departamental tiene un intermediario que recibe y traslada reclamos, que hace informes anuales para darnos una idea de la situación de los reclamos y cómo son atendidos. Temas como arbolado, limpieza, tributo, contaminación acústica, vivienda abandonada, entre otros, pasaron a tener una institución que intermedia entre la administración y los contribuyentes.
Joel Rosenberg: Fernando ,¿cuál es la situación hoy? La Junta decidió elegir un nuevo titular, pero por ahora el defensor sigue siendo Fernando Rodríguez.
Fernando Rodríguez: Exacto. Así lo indica el decreto 30.592: el defensor que está actuando, está en el cargo hasta la asunción de un nuevo defensor o defensora. La Junta en junio del año pasado creó una comisión de nueve ediles que tenía como tarea evaluar la inserción institucional de la Defensoría del Vecino en el marco institucional de Montevideo y la gestión del titular. Esos eran los dos ítems de trabajo de esa comisión.
Podemos leer los resultados: “ratificar la existencia de la Defensoría del Vecino, considerar que el defensor Fernando Rodríguez ha actuado con independencia técnica y política en el desempeño del cargo”. Y en el último punto señala que habrá una nueva designación del nuevo titular. ¿Se lo esperaba esto o pensaba que se podía extender tres años más el cargo?
El año pasado hicimos una evaluación porque teníamos un plan estratégico hasta el 2012 y de la evaluación y de un análisis institucional que hacemos con dos técnicos externos a la institución nosotros teníamos una serie de elementos que nos indicaban la necesidad de una continuidad en la gestión por temas que hemos comenzado a trabajar y que no han concluido en un producto final. Incluso hay algún caso que está en el Parlamento esperando la aprobación de alguna ley; eso está referido específicamente al tema de las viviendas abandonadas y ocupadas. Sentimos la necesidad de una herramienta más fuerte que un decreto departamental, fuimos al Parlamento Nacional... Son cosas que cualquier defensor que las tome las puede continuar. Nosotros teníamos las ganas, las energías para darles continuidad y cerrar esos procesos que hemos abierto en los últimos años.
Tú me preguntabas si me lo esperaba. Yo esperaba la prórroga porque en principio teníamos el deseo de darle un cierre al proceso de creación de la Defensoría, la primera Defensoría del Vecino. También porque queríamos avanzar en la discusión que venimos presentando desde 2011 de algún ajuste en el decreto para dotar a la defensoría de mayor autonomía. Un dato menor, pero no tan menor: proponemos cambiarle de nombre, pasar de llamarse defensor del vecino a Defensoría del Pueblo de Montevideo. Es menor en términos de que es solo el nombre de la institución, pero connota también el espíritu de la institución. Recibíamos de los vecinos, instituciones y también de la Junta evaluaciones positivas. De hecho quedaron plasmadas en los tres informes de los tres partidos, una evaluación positiva de la gestión de la defensoría; eran indicadores que alentaban la posibilidad de la continuidad. Democráticamente la Junta Departamental toma la decisión. Los argumentos no son súper claros ni muy extendidos, pero una de las cosas que se dicen es que para la exigencia que tiene un cargo de estos se necesita renovar el tema de la creatividad.
Pero en el movimiento de la Junta o en las conversaciones que pueden haber tenido, ¿desde el Frente Amplio usted sentía que podía pasar esto?
Nosotros empezamos a ver dos situaciones dentro de todas las bancadas, pero específicamente la bancada del Frente Amplio. Hay sectores del FA que no están de acuerdo con la existencia de la Defensoría del Vecino. Esto nos preocupó muchísimo porque consideramos que sería ir contra la historia y contra una institución de derechos humanos. Que una fuerza de izquierda dude de la necesidad de que los vecinos tengan una herramienta que promueva y defienda sus derechos, nos parece complicada la discusión.
¿Esto lo hicieron notar en la discusión?
No, estoy analizando lo que escuchamos. Con satisfacción vimos en febrero que el FA como bancada toma la decisión, y después lo ratifica la Mesa Política, de la continuidad de la defensoría, de no dudar en la continuidad de la defensoría.
¿Qué sectores?
El MPP, aún después de la decisión de la bancada, siguió manifestando que estaba en desacuerdo con la Defensoría del Vecino. Hay una expresión bastante infeliz, que dijo un edil del MPP: que el MPP iba a seguir batallando para que desaparezca la defensoría.
¿Quién fue?
El edil Jorge Meroni lo ha dicho en varios medios de comunicación. ¿A las organizaciones de derechos humanos se nos planteará una batalla para la existencia de un ámbito de la izquierda uruguaya? Es un tema que le falta discutir, le falta analizar. La tranquilidad hoy es que los tres partidos políticos, aunque yo diría los cuatro partidos, porque el Partido Independiente no tiene representación en la Junta pero se ha manifestado a favor, hay una tranquilidad de que se manifiestan favorable de mantener la Defensoría del Vecino. Eso está laudado más allá de que hay señales contrarias, pero el sistema político montevideano pretende fortalecer la defensoría y mantenerla.
El artículo 7 de ese decreto dice: "El defensor del vecino no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con la más amplia autonomía técnica, objetividad y neutralidad". A usted le reconocen que la desempeñó así, ¿pero sufrió presiones en el proceso?
No, yo esto lo he destacado siempre: yo jamás recibí de ningún edil, de ningún jerarca, de ningún político, ninguna llamada telefónica ni ninguna presencia en la defensoría intentando presionar a favor o en contra de la oposición o el oficialismo. Todo el sistema político ha sido extremadamente respetuoso como debe ser.
¿Cómo definiría su relación con la Intendencia en estos seis años?
Estamos haciendo un informe sobre el ejercicio 2012, pero también por ser el último año con una mirada en los seis años, sobre cómo fueron las respuestas en los distintos departamentos y divisiones de la Intendencia. En el transcurso de los seis años la intendencia nos respondió en un 46% aproximadamente de forma afirmativa. "Lo que dice el defensor del vecino tiene razón, vayamos por ese camino". En un 18% aproximadamente la Intendencia estudió la recomendación y nos devolvió formalmente, fundamentadamente, que no teníamos razón, o que si la teníamos, la Intendencia tenía otras prioridades. Respuesta negativa que es fundamentada. Nuestras recomendaciones no son vinculantes, la Intendencia puede decirnos que sí o que no. Está en nuestra capacidad de argumentación modificar la actitud de la Intendencia. Hay un 22% sin respuesta, y esto es un punto de gran preocupación.
¿Puede ser demoras?
No, porque nosotros tenemos en gestión un 13%.
Sin respuesta es que no hay nada.
Nosotros tenemos un protocolo de actuación coordinado con la Intendencia, de tiempos entre otras cosas. Al 31 de diciembre aquellas recomendaciones que están en gestión, porque vemos que sobre ese expediente hay un movimiento, hay gente trabajando y esperamos una respuesta: puede ser negativa o positiva. Pero la actitud de la Intendencia es responsable en sentido de que está actuando sobre la recomendación. La gran preocupación es sobre el 22% que al cierre del 31 de diciembre no tiene movimiento y sabemos que la Intendencia no está actuando sobre esas recomendaciones.
Se encajona.
No se trabaja sobre la respuesta.
¿Y hay diferencias en departamentos y divisiones?
El análisis que hacemos es que se distribuye bastante en forma pareja las cuatro categorías en todos los departamentos. Sobresale Desarrollo Económico... En el correr de los seis años Desarrollo Económico es el único departamento que nos respondió positivamente el 100% de las recomendaciones. Es un departamento dirigido por un integrante militante del MPP. El 100% de las recomendaciones fueron respondidas positivamente, y en temas bastante complicados por ejemplo como ferias vecinales.
JR: ¿Qué pidieron y qué pasó en estos años con las ferias vecinales?
Es un buen ejemplo de lo que venimos hablando. Recibimos algo así como 50 denuncias -no 50 vecinos, 50 grupos de vecinos- sobre mal funcionamiento de ferias vecinales en el sentido de la llegada muy temprano a la madrugada de los feriantes, el ruido que eso provoca, gritos, música, el ruido del armado de las carpas. La retirada de los feriantes y la mugre que queda en las calles y en algún caso vi ferias que hacía más de 50 años que estaban en el mismo lugar. En algún caso 56 años, miércoles y sábado en el mismo lugar. Dos días a la semana exactamente en el mismo lugar 56 años. Nos llamó un vecino de 50: "yo no sé lo que es salir miércoles y sábado en mi vida y no encontrarme con feria".
Se convierte en un cambio de hábito para esos días para la gente que tiene la puerta en la feria.
RL: O para los que tienen el garaje.
Tienen que sacar el auto a las cuatro de la mañana, dejarlo en un lugar desprotegido. Una serie de inconvenientes. Los vecinos pierden la calle para el uso común y se lo prestan a la feria. Ahí hicimos una recomendación de conformar un grupo de trabajo, donde el director nos respondió de inmediato. Conformamos un grupo que funcionó por mucho tiempo. Participó la Junta Departamental, la Asociación de Feriantes, el Ärea de Defensa del Consumidor del MEF, distintos servicios de la intendencia porque tiene que ver con el tema de Espacios Públicos, Tránsito, Desarrollo Económico e Inspección General. Por mucho tiempo trabajamos. ¿Qué logramos? Rotar aquellas ferias más complicadas y aliviar a los vecinos.
Volvemos al tema metodológico de la Defensoría del Vecino: no podemos estar detrás de las 200 ferias cada vez que vienen los vecinos y hacen la denuncia. Hay que generar un plan director de gestión de ferias vecinales. ¿Qué logramos en este tiempo? La rotación de las ferias más complicadas. No hemos logrado aún un plan director de ferias. Eso es lo que nos queda para hacer.
La Junta debería tomar el tema y transformar esto en un decreto que reglamente para siempre, hasta que haya una nueva realidad. Que se especifiquen bien los tiempos y plazos. Que llegado a tres años se roten, y que no tengan los vecinos que levantar firmas de nada. A los tres años terminó el plazo y sabemos que al otro sábado, viernes o jueves, la feria va a estar en otro circuito. Proponemos que cada feria tenga dos o tres circuitos previstos, que haya información, que los vecinos tengan un cronograma, que sepan que tienen la feria tres años en su casa pero los próximos tres va a estar en otro lado y en los siguientes tres va a estar en otro y luego va a volver. El tema es que el vecino sea informado que la va a recibir y hasta cuándo.
JR: Contaminación sonora. El defensor del vecino hablaba de un gran informe con una especialista. Cuando Rodríguez vino en 2011 hablábamos de una ley que aún estaba sin reglamentación. Esa situación se mantiene.
Sigue sin reglamentación. Hemos estado trabajando con la Dinama en este sentido y le hemos recomendado y pedido que efectivamente se reglamente la ley. La ley le otorga competencias a muchas instituciones, entre ellas a la policía, intendencias y a la propia Dinama. Se hizo un proceso muy interesante. Nosotros tenemos los manuales producto de un trabajo hacia la reglamentación de la ley en donde la ingeniera Elizabeth González también estuvo trabajando, representando a la Facultad de Ingeniería. Creemos que están los insumos del punto de vista técnico para una muy buena reglamentación de esa ley y la aplicación plena de la ley.
¿Por qué hay retrasos tan grandes en la reglamentación?
El primer retraso fue un tema de que en sí es una cuestión complicada. Había que hacer análisis técnicos, como fijar los máximos de ruidos permitidos para distintas actividades según la frecuencia de producción de ruido. Ese trabajo tiempo llevó un año y medio o dos años de trabajo, pero están los insumos, eso ya se produjo, está arriba de la mesa el análisis técnico de la reglamentación. Hoy lo que falta es voluntad política del Ministerio de Vivienda para que eso surja. Desde la Dinama se nos había dicho que en 2012 se iba a reglamentar. Pasó el 2012 y no se reglamentó. Nos vamos con la expectativa de que en 2013 se reglamente la ley.
Es de 2004.
Sí, claro.
El reclamo en la intendencia de Montevideo, antes de pasar por el defensor del vecino, ¿sigue siendo en ese servicio de instalaciones mecánicas y eléctricas?
Sí.
En general la contaminación sonora se da en momentos en donde en la intendencia no hay servicio, de noche.
Depende un poco de las fuentes y eso es parte de los problemas que tiene la gestión hoy, que está diversificada la actuación. El SIME (Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas) fundamentalmente atiende todo aquello que tiene que ver con ruidos industriales de máquinas. Depende del Departamento de Desarrollo Ambiental. Si uno tiene una fábrica que hace mucho ruido, uno va al SIME, presenta una nota, inicia un expediente y el SIME se encarga de regularlo. Pero después está todo el tema de ruidos por espectáculos públicos y eso es una responsabilidad de Inspección General. Hay un número que es el 29010006 que los vecinos pueden llamar y pedir la presencia de inspectores en horarios nocturnos.
No en el momento mismo.
Se supone que es un servicio que da una respuesta en las primeras horas después del reclamo. Porque no tendría sentido ir al otro día al mediodía. El boliche funciona hasta las cinco de la mañana, uno llama y debería ir en los próximos minutos. Acá hay problemas de locomoción, de inspectores, de la demanda. Nosotros criticamos que el tema ruidos molestos, que para nosotros es contaminación acústica, si bien está en el departamento de desarrollo ambiental, no está como un tema de protección de derechos, como sí está por ejemplo el laboratorio de calidad ambiental que están todos los otros contaminantes. El departamento de desarrollo ambiental tiene un servicio que es el laboratorio de calidad ambiental que justamente cuida la calidad ambiental para que las empresas no contaminen el aire, el suelo, las aguas. Nosotros decimos que también controle que no contaminen el medio acústico. Pero no, lo acústico está fuera de ese laboratorio que trabaja muy bien. Los indicadores de calidad ambiental en esos tres componentes son muy buenos y hay muy buenos resultados en Montevideo por el trabajo que hace el laboratorio. ¿Por qué no acústico? Lo acústico está como un tema de máquinas, de instalaciones y no de protección de derechos. Queda perdido, pero además queda con otra lógica que no es la lógica de cuidar el medio ambiente. Tenemos cuatro contaminantes: a tres los trabajamos bien y al otro lo trabajamos mal.
Otro de los temas es el de las viviendas abandonadas y ocupadas, pero también hablábamos de un informe de aquellas viviendas con capacidad ociosa, que son unas 55 mil.
Sí. Eso lo dijimos antes del censo. Después del censo llegó a 62 mil. Son viviendas que están en buenas condiciones que no salen al mercado por un tema de especulación inmobiliaria.
¿Con eso qué pasó?
Sentimos que no ha pasado mucho. Para nosotros es una afectación al derecho de acceso a la vivienda decorosa, consagrado en la Constitución de la República. En alguna nota dije: especular con la vivienda es como especular con la alimentación, son derechos básicos fundamentales. El estado debe de alguna manera limitar...
¿Con quién hablaron?
Hemos hablado con la comisión de vivienda del Parlamento. En realidad fuimos con el foco en las viviendas abandonadas y ocupadas y llevamos esto que es parte de la argumentación. Nuestra lógica es defender el derecho de acceso a la vivienda decoroso, como lo establece el artículo 45 de la Constitución. Si hay 62 mil viviendas que pueden ser alquiladas y que por un tema de especulación para subir las que sí se alquilan, se especula con esto, nosotros decimos que se afecta el derecho a la vivienda, por lo tanto el estado tiene que regular, no puede mirar pasivamente una violación.
RL: Penalizar más la vivienda que no se alquila por presunto motivo de especulación.
Claro. Es como se resuelve en otros países: sale más caro tener una vivienda vacía que alquilarla a un precio menor porque el estado regula y participa en la garantía de ese derecho. Se supone que ahora con la promoción de la ley de vivienda social, hay una especie de movimiento de autorregulación impuesta por la ley de construcción de viviendas sociales. Se supone que el valor de la vivienda a alquilar va a disminuir, pero creo que de todas formas no va a modificar lo de la especulación inmobiliaria, que no sé si habría que prohibirlo pero sí limitarlo.
