El 26 de julio de 2012 el Senado remitió un pedido de asesoría a la Junta de la Transparencia y la Ética Pública (JTEP) sobre los procesos de asociación de Pluna con Varig en los años noventa y con Leadgate en el primer gobierno del Frente Amplio. La respuesta llegó el martes 7 al Parlamento.
La JTEP, según el informe al que accedió 180, cuestiona la selección de Ficus Capital, la empresa que presentó a Leadgate, como “broker” por parte del gobierno en 2006. Se citan declaraciones del entonces ministro de Transporte, Víctor Rossi, que fijaron en 400.000 dólares los costos de representación y asesoramiento que podía cobrar Ficus.
“De la documentación remitida no surge cuál fue el monto definitivo que se abonó, tampoco surge el contrato suscrito y su alcance”, afirma la JTEP en el escrito. Además dice que falta información sobre el “fundamento y origen de la adjudicación, el monto de sus honorarios y el alcance de su contratación”, en la selección de Ficus “podría haberse violado el principio de concurrencia e igualdad de los oferentes para el llamad o y selección de ofertas, lo que implicaría la vulneración del principio de transparencia” establecidos en la ley 17.060, que creó la Junta.
Entre los eventuales responsables de esa irregularidad, la JTEP señala al Directorio de Pluna Ente Autónomo de la época, al presidente (Tabaré Vázquez) y a los ministros de Economía (Danilo Astori) y de Transporte (Rossi).
El texto agrega que en “el procedimiento efectuado para la selección de Leadgate S.A. (…) habría carecido de reglas claras respecto de los requisitos que tendrían que cumplir los oferentes, no surgiendo que se hayan respetado o no los principios de concurrencia y trasparencia antes referidos”.
La JTEP también un incumplimiento del Estatuto de Pluna por parte del Directorio al aceptar el cierre de la ruta Montevideo Madrid, decidida por el consorcio privado a fines de 2008. El entonces presidente de Pluna Ente Autónomo, Carlos Bouzas, declaró en el Parlamento que “las partes acuerdan que será el socio mayoritario quien tomará la decisiones de gestión y eventuales ajustes futuros al plan de negocios (…)” Para la Junta esto podría constituir un incumplimiento de las potestades del Directorio de Pluna Ente Autónomo que cedió el gerenciamiento a Pluna S.A.
Además la Junta señala que en el contrato de indemnidad que se firmó a la salida de Laeadgate, el Estado asume obligaciones ante futuras deudas de terceros sin una norma habilitante para ello.
