Consultado sobre si puede distorsionarse el proceso de instalación de la planta regasificadora, Méndez contestó: "Queremos creer que no, todavía estamos a punto de poder salvar esta situación tan desagradable que se está dando”.
“Todos coincidíamos en que esto era un proyecto de mayor importancia para el país, los números están a la vista, va a dar ganancias de varios cientos de millones de dólares, aún sin ningún tipo de venta de gas a Argentina”, señaló. “Queremos creer que todavía hay margen como para poder seguir adelante con el acuerdo que teníamos”, agregó.
Méndez dijo que “es inevitable” que los tiempos políticos choquen con lo planeado, ya que “hay una interna muy fuerte dentro del Partido Nacional, hay perfilismos importantes y estamos previos a la definición de candidaturas y al año electoral”. Además, “es inevitable que la oposición trate de cuestionar el proyecto" luego de que el gobierno manifestó que es uno de los más importantes, indicó.
“Estamos todos muy contentos y orgullosos de que durante tres años y medio mantuvimos un acuerdo que era un acuerdo real, que es un acuerdo real, totalmente por fuera de los vaivenes de la política partidaria”, dijo. “Ojalá que todavía tiremos unos meses más y podamos seguir adelante haciendo cosas. Hay chances todavía como para poder sentarnos nuevamente y poder acordar efectivamente”, agregó.
“Hace un mes salió el expresidente (Luis Alberto) Lacalle en Búsqueda diciendo que la planta regasificadora era una ferretería de clavos, rompiendo claramente el acuerdo que los propios senadores y diputados de su propio partido habían firmado hace tres años cuando se resolvió que dentro de esta introducción, de este cambio en la matriz energética, uno de los elementos iba a ser la instalación de la planta regasificadora, porque todos coincidíamos en que precisamos gas natural por cuestiones de precio, ambientales, de diversificación, etcétera”, dijo Méndez. Esta situación se repitió con otros senadores y diputados, quienes “sembraron un manto de dudas” sobre la planta.
En tanto, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dijo que el proceso tuvo "poca transparencia" y dijo que la cifra de 1.125 millones de dólares de inversión será en realidad mayor, mientras que el líder colorado Pedro Bordaberry se quejó de que la decisión no incluyera a la oposición. Además, el diputado frenteamplista Luis Puig, ex integrante del gremio gas, también criticó la adjudicación a GDF Suez por incumplimiento e inseguridad en casos anteriores.
“Gas Sayago S.A. es propiedad 50% de UTE y 50% de Ancap y lleva adelante todo este procedimiento, tiene dos representantes del gobierno y dos representantes de la oposición”, explicó Méndez. El periodo se inició con José Garchitorena como representante colorado, en su momento integrante del directorio de UTE, y Carlos Camy, director de Ancap del sector de Jorge Larrañaga,
“Garchitorena tuvo un papel fenomenal; lamentablemente cuando Bordaberry tomó la decisión de retirar sus directores lo perdimos, fue una pérdida muy importante para el proyecto, pero bueno, esa fue la decisión política del sector mayoritario del Partido Colorado”, señaló el jerarca.
En el caso de Camy, “siguió pero con una cuestión un poco rara, porque de las 30 y pico de las reuniones de directorio, él no fue a más que 13. Estuvo un año entero sin ir, desde el 1° de agosto del 2011 hasta el 23 de agosto del 2012. Y a partir de noviembre de 2012, cuando empezó la etapa decisiva de todo esto, que hubo como 10 reuniones del directorio, nunca más fue”, dijo Méndez.
El director de Energía explicó que “en el Directorio de UTE hubo 40 resoluciones tomadas en relación al tema de la regasificadora. El director (Enrique) Antía participó y aprobó todas las decisiones”. En la última etapa "hubo una decisión acordada por todos de manejar con mucha reserva la información que se había brindado porque nos daba una ventaja competitiva en el momento de negociar adecuadamente". El martes 14 a las 10 de la mañana se reunió el directorio de Gas Sayago y al mediodía se le presentó a Antía y al directorio de Ancap toda la información, que “es absolutamente todo: desde un CD hasta todos los mails que se habían intercambiado con todas las empresas, todos los idas y vueltas, cada discusión de un técnico de Gas Sayago, de UTE, de Ancap, con los técnicos de las empresas participantes”.
Además se contrató al estudio de abogados Posadas, Posadas & Vecino para auditar todo el proceso, quienes finalmente realizaron un informe diciendo que el proceso “había sido ejemplarmente transparente” y “había seguido todos los cánones de cualquier tipo de proceso de licitación pública”.
