El impuesto será para las unidades económico-administrativas de mayor tamaño, consideradas en base al valor catastral actualizado de los predios y un valor ficto por inmuebles y semovientes (ganado) sobre el predio.
Un 10% de los recaudado irá a la Universidad Tecnológica (UTEC) y el resto se destinará, en los primeros ejercicios, a caminería departamental y a la red vial secundaria y terciaria en el interior del país.
El impuesto pagado por los productores irá de 0,75% a 3%. En la franja más baja de quienes pagan (entre 12 y 30 millones de Unidades Indexadas del valor catastral actualizado más el ficto) el Poder Ejecutivo queda facultado a disminuir hasta el 50% la tasa, por eso habrá casos en los que se pagará ese 0,75% ya que la tasa básica es de 1,5%. Las unidades económico-administrativas que superen los 150 millones de UI serán las únicas que pagarán 3% de tasa.
Esto es bastante parecido a lo que el MEF recomendaba hacer en lugar del ICIR que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
El prosecretario de presidencia, Diego Cánepa, anunció que antes de que se comience a recaudar este nuevo impuesto, las intendencias ya podrán ejecutar los primeros recursos para comenzar con los trabajos en caminería. “Hemos resuelto que a partir de que se termine de aprobar la nueva versión del Impuesto al Patrimonio, avanzamos en que se utilicen los fondos que las intendencias tenían recaudado para luego descontarlo con la compra de maquinaria. Ya están habilitadas las compras de maquinarias por parte de las intendencias que han terminado sus licitaciones”.
Canepa dijo que en los próximos dos meses se contará con el parque de maquinaria para trabajar en la caminería del “interior profundo”.
