En el caso del Poder Ejecutivo (Presidencia y ministerios) no se cubrió ninguna de las vacantes que se generaron. El informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) resalta que sólo dos los organismos obligados por la ley cumplieron con el ingreso de al menos 4% de las vacantes generadas en el año 2012: Banco Central (entraron cuatro personas pero no había vacantes) y el Tribunal de Cuentas (una vacante un contratado).
Según la ley 18.651 en su artículo 49, el Estado está obligado a "ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes".
Esta ley todavía no ha sido reglamentada desde su aprobación en febrero de 2010. La ley anterior (16.095) estuvo 20 años sin reglamentarse y en su artículo 42 contemplaba el ingreso de personas con discapacidad al Estado con esa cuota del 4%.
El porcentaje de ingreso en 2012 fue similar al de 2010 si tomamos en cuenta el último informe que hizo la ONSC. En ese momento se cubrieron 16 de 159 vacantes para discapacitados.
Este año, la ANEP fue el organismo que más vacantes generó y menos cubrió. En total podrían haber ingresado 92 personas con discapacidad y solo entraron dos.
El organismo que más contrató en números absolutos fue UTE. En total empleó a siete discapacitados pero dejó 11 vacantes sin llenar y fue el tercero que más dejó sin cubrir.
En el caso del Poder Legislativo, si bien aparece como con cumplimiento, hay que considerar que falta la información de la Cámara de Representantes. Entre los gobiernos departamentales únicamente alcanzó el cumplimiento la Intendencia Departamental de Durazno.
Las personas que ingresan a trabajar son en su mayoría discapacitados auditivos, de visión o motrices en miembros inferiores. Estos tres grupos representan un 57% del total.
Desde 2006 en adelante, la media de contratación de personas con discapacidad subió. Entre 2000-2006 el ingreso de 15 personas fue el máximo, pero a partir de 2007 16 fue el mínimo. El máximo fue en 2009, unos 63 discapacitados ingresaron a trabajar.
Preparados pero no contrataron
En octubre de 2012, la ONSC solicitó información a los organismos de la Administración Central sobre los puestos de trabajo que podrían ser desempeñados por personas con discapacidad. Lo hizo para realizar la planificación de recursos humanos y conocer qué acciones sería necesario iniciar para la convocatoria a llamados genéricos dirigidos específicamente a esa población. La idea es lograr un mayor cumplimiento de la ley.
Solo 11 organismos respondieron a esa información. Dos dijeron que no poseen infraestructura adecuada (ausencia de rampas de acceso y de condiciones adecuadas dentro de las oficinas) para contratar discapacitados.
Por ejemplo, el MEC dijo que cualquier puesto en el ministerio puede ser ocupado por una persona con discapacidad y que cuentan hasta con una funcionaria para comunicarse con lenguaje de señas. Sin embargo, en 2012 hubo dos vacantes y no se contrató a nadie.
