Tras un intenso debate de más de 7 horas, el proyecto se aprobó con 16 votos de 30 senadores, por lo que fue enviado a Diputados para su sanción. Las barras tuvieron que ser desalojadas de activistas que propinaron insultos a los legisladores frenteamplistas.
"La minería a cielo abierto tiene discusión a nivel mundial, acá hicimos los máximos esfuerzos para asegurarnos que produzca las mínimas consecuencias ambientales, oímos las preocupaciones de todos", dijo a la AFP el senador Alberto Couriel.
La formulación de la ley define como minería de gran porte los proyectos de explotación de minerales metálicos que ocupen una superficie superior a 400 hectáreas de intervención directa o que suponga una inversión superior a 113 millones de dólares.
A su vez, prevé gravar la renta operacional proveniente de la actividad minera, y obliga a las empresas que extraigan el mineral a presentar un plan de cierre para cuando finalicen las extracciones.
El proyecto fue elaborado tras más de un año de negociaciones entre los distintos partidos políticos, pero finalmente no fue acompañado por la oposición.
La creación del proyecto -que retornó a Diputados luego de que el Senado modificara el texto que ya había aprobado la Cámara baja- surgió por el debate generado con la llegada del proyecto de explotación de hierro de la minera Aratirí -filial local del grupo indio Zamin Ferrous- que de concretarse abarcaría cinco departamentos del centro-oeste del país, sobre una zona de 14.000 hectáreas.
La inversión de Aratirí superaría 2.800 millones de dólares -la mayor en el sector privado en la historia del país.
