Estas empresas, conscientes de la importancia que el tema tiene para los consumidores, se preocupan también en dar a conocer los esfuerzos que realizan por disminuir su impacto ambiental. Sin embargo, las acciones de reducción de la contaminación no pueden depender de la sola voluntad empresarial o presión del consumidor. El estado debe controlar efectivamente y exigir el cumplimiento de la normativa. Pero el estado puede también premiar a quienes dan los pasos necesarios para mejorar la gestión ambiental. Las compras públicas pueden ser una herramienta para instrumentar esos estímulos positivos de parte del estado.
En la rendición de cuentas de 2011, en la ley 18.834 se crea la agencia de compras y en el artículo 23 de la ley se establece que “el Poder Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria las políticas, bases y lineamientos de los aspectos de sustentabilidad ambiental que deberán observarse en las contrataciones de bienes, obras y servicios con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos ambientales.” A pesar de que las condiciones están dadas, hasta ahora han sido nimias las medidas tomadas para incorporar la sustentabilidad ambiental en las compras públicas.
Obviamente el estado debe contratar y comprar con empresas que respetan todas las leyes, laborales, ambientales, etc. Es de esperar que quienes sean proveedores del estado cumplan con esas exigencias básicas. Pero el estado puede ir mucho más allá. Puede, a través de sus compras, marcar nuevos estándares o premiar a quienes han hecho esfuerzos por mejorar la gestión ambiental, incentivar una producción sustentable y marcar un camino. Al mismo tiempo se puede estar preparando a algunos sectores para exigencias ambientales actuales y futuras en mercados de exportación.
Las compras públicas estatales, excluyendo las compras de crudo, están en el entorno del 6 o 7% del PBI nacional. Esto le da al estado un poder de influencia importante en determinados sectores del mercado y puede utilizar esa influencia para marcar algunas tendencias en cuanto a cumplimiento de estándares ambientales. Las muy tímidas medidas existentes están asociadas a temas de energía, como el no uso de lámparas incandescentes y la exigencia de compra de aparatos eléctricos en categorías A o B y a estar inscripto en el registro de la DINAMA relacionado con gestión de envases. También la compra de vehículos con menor cilindrada puede analizarse como una medida que tiene efectos positivos en términos ambientales. Queda entonces un campo enorme por recorrer.
Debido a los grandes montos de las compras públicas, una consideración ambiental puede generar un impacto a futuro. Se debe ir con cuidado ya que la aparición de nuevas exigencias puede hacer imposible la presentación de ofertas o elevar mucho el precio. Pero no podemos sostener una eterna discusión sobre criterios por miedo a que ello suceda. Se puede, por ejemplo, comenzar con un porcentaje de la compra con determinada exigencia. Incluso se puede dejar que el porcentaje de un puntaje extra a la hora de definir la licitación, favoreciendo a quien que presente porcentajes mayores que cumplan con los requisitos esbozados.
Usemos ejemplos ficticios para explicar. ¿Por qué no incluir en la próxima licitación de compra de papas, por ejemplo, una cláusula por la cual aquellas empresas que ofrezcan papas orgánicas en un porcentaje superior a X% obtengan puntos extra? Esto seguramente no encarecerá las ofertas, se estará fomentando la producción orgánica que pone menos presión sobre nuestros recursos y requiere menos importación de agroquímicos. Además se estará proveyendo de un alimento más sano a niños en edades sensibles. Otro ejemplo simple puede ser con la leche. ¿Por qué no exigir determinados estándares de tratamiento de efluentes a los proveedores? Con la problemática actual en los cursos de agua en Uruguay tendría mucho sentido que el estado comience a exigir que sus proveedores provoquen el menor impacto posible, especialmente si tenemos en cuenta que es después el estado el que debe pagar para remediar el impacto ambiental que se produce por la contaminación.
Si las exigencias planteadas son exageradas o imposibles de cumplir, simplemente ese puntaje no tendrá efecto y la licitación seguirá su curso “normal”. Pero tengo la certeza de que en algún momento los productores que estén perdiendo comenzaran a aprovechar la oportunidad y al estado no le habrá costado más que poner sentido común en el pliego y esperar a ver los resultados.
Los mercados de exportación contienen un número creciente de requisitos para el ingreso de productos. Muchos de esos requisitos son de carácter ambiental. De hecho la Unión Europea se acerca lentamente hacia un análisis de ciclo de vida de los productos. No importa, para este análisis, discutir si son justificados o trabas encubiertas. Lo cierto es que aquellos empresarios que se anticipen a dichos requisitos están un paso adelante respecto al resto en sus posibilidades de entrar o mantener dichos mercados. Un sistema de compras públicas que anticipe algunas de estos requisitos y los incluya en los pliegos de licitaciones, incluso con porcentajes como se sugiere más arriba, puede estar apoyando la transformación paulatina de los sectores que en el futuro requerirán adecuarse para entrar o mantener mercados.
En un estado que está lejos de actuar en forma ambientalmente responsable en materia de compras existen muchas oportunidades para actuar. Algunos de los pequeños cambios sugeridos no requieren obras ni grandes cambios en la burocracia estatal, se pueden lograr con elementos innovadores y simples que en un principio no castiguen sino que premien. Para ello basta con considerar la variable ambiental a la hora de hacer los pliegos. No es necesario comenzar por mega obras ni por temas complejos, un poco de creatividad ambiental y voluntad política en la elaboración del pliegos marcaría un primer paso.
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