Este lunes se cumplen cuatro años de la aprobación de la ley 18.651 de “Protección Integral de Personas con Discapacidad”, que modificó la antigua ley 16.095 de 1989.
La primera ley no se reglamentó durante los 20 años que estuvo vigente y la nueva lleva cuatro sin estarlo .
Bagnato destacó que se dieron avances relativos a lo que estable la ley y que en los últimos años el tema aparece más en la agenda. Sin embargo, reconoció que la reglamentación no avanza a la velocidad necesaria. "No tiene una única respuesta, pero tengo impresiones mías y creo que compartidas, en Uruguay los procesos son más lentos, a eso lo sabemos todos. Está para nuestro gusto mucho más lento que las necesidades de las personas", sostuvo.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, la discapacidad afecta la calidad de vida de más de 800.000 personas en forma directa o indirecta.
Bagnato señaló que se necesita del reclamo social y voluntad política para avanzar en el tema. "La famosa invisibilidad de la temática, no es algo que preocupe a todo el mundo y no se ve como un problema colectivo. La violencia es colectivo porque a cualquiera le puede pasar y está en la calle. La discapacidad le pasa a fulano o mengano y no es algo que históricamente no se haya visto como un problema social colectivo. Eso ahora está cambiando. También creo que la política y las leyes recogen lo que pasa a nivel social, siempre es a dos puntas, depende de la fuerza que tengan las personas con discapacidad de organizarse y reclamar por sus derechos, y la voluntad política de escuchar esto e irlo transformando. En el último tiempo hay más movimiento de la temática en la agenda política", dijo.
Esta ley tiene 94 artículos. Algunos capítulos enteros que no son necesarios reglamentar, otros que dependen de las intendencias, por ejemplo, lo relacionado con la accesibilidad y otros que son centrales para Pronadis. En ellos es que trabaja el gobierno y, según dijo Bagnato, ese trabajo terminará en este 2014.
"De todas maneras, en cuanto a la reglamentación de asistentes personales toda la intención es que empiece no más allá de junio. Esto es una proyección técnica, después están los procedimientos y trámites, que veremos, pero también lo dijo el ministro que es la fecha para que funcione", afirmó.
Bagnato destacó que a partir de 2012 se dieron avances relativos a lo que estable la ley y sostuvo que la falta de reglamentación de la ley sirvió para colocar el tema en la agenda pública. "Siempre es un proceso de convencimiento, políticamente hay que convencer, y en este periodo se ha tenido más conciencia. Cuando me tocó asumir este lugar, cuando voy con los interlocutores de otros sectores del Estado, la educación, la cultura o la saluda, encuentro personas que tienen concepciones antiguas y otros que están más actualizados en la temática. De todas maneras, el común el reconocimiento de que así no se puede seguir. Esta reglamentación ha servido para colocar el tema en la agenda pública y sirvió para que se movilice", agregó.
Actualmente, el Poder Ejecutivo está definiendo la reglamentación de los artículos 49 y 50, que corresponden al ingreso en la función pública de las personas con discapacidad.
La ley establece que el 4% de las vacantes generadas se deben cubrir con personas que tengan alguna discapacidad. Esto no se ha cumplido históricamente. Ahora se pretende que la Oficina Nacional de Servicio Civil fiscalice su cumplimiento y para eso se le otorgarán nuevas potestades.
Además ya se creó el Centro Nacional de Ayudas Técnicas, que también comenzará a funcionar este año, y durante el primer semestre de este año se ejecutará la “asistencia personal para personas con discapacidades severas” en conjunto con BPS. Esto tiene que ver con el capítulo cuatro de la ley desde el artículo 25 al 30.
Bagnato explicó que esta ley les dio un marco de trabajo para las acciones que se deben realizar en el área de la discapacidad, algo que antes no existía. "Hay que dar presupuesto para la discapacidad, pero para hacer qué. Para que realmente sea un política pública tiene que habilitar a la persona a ejercer su derechos, no se puede hacer política de discapacidad regalando cosas o solo con rehabilitación. Hay que cambiar la conciencia social para avanzar", sostuvo.
