En la misma sesión la senadora frenteamplista Constanza Moreira no supo contestar si la ley abarcaba al Estado, el mayor empleador del país; pidió que conteste el miembro informante, el senador Eduardo Lorier.
Lorier no contestó. Porque Lorier desconocía incluso lo más básico de la ley de la cual estaba informando, no sabía que esta es una “ley penal en blanco”.
El secretario general del Sunca y diputado comunista, Oscar Andrade, reconoció en No toquen nada esta desinformación de Lorier.
El error de Lorier es enorme. Había muchas discusiones en Cámara, pero nadie negaba que fuera una ley en blanco, una ley que al momento de crear el delito no refiere a cuáles son las conductas típicas del mismo, las deja libradas a las reglamentaciones.
Que Lorier no supiera esto fue el reflejo de una bancada dividida y perdida. Estaban votando una ley importante, una ley por la cual los empleadores serán penalmente responsables y podrán ir a prisión cuando no adopten los medios de resguardo y seguridad laboral que pongan en peligro a los trabajadores.
Pero los senadores oficialistas no se enteraron de semejante responsabilidad. Los que estaban encargados de defender la ley desconocían aspectos básicos y los que parecían haber estudiado el tema cuestionaron la norma, dudaron que fuera constitucional. Hubo otros que directamente se borraron del debate. A ese caos hay que sumarle un comunicado previo del Frente Líber Seregni (FLS), el sector del vicepresidente Danilo Astori, con duros cuestionamientos a lo que se iba a votar.
Todo este combo de desinformación y críticas a la ley no incluía un aspecto importante: que el Frente Amplio estaba utilizando el aumento de penas como forma de combatir el delito, una herramienta que, en general, utiliza la derecha. La ley de responsabilidad penal del empleador tiene como espíritu la idea de la disuasión con penas, la amenaza de prisión. Exactamente la misma base que utiliza el último proyecto de ley de Pedro Bordaberry, el de aumentar las penas de los reincidentes. Incluso la ley del empleador es de peligro, ante la posibilidad de los hechos y no ante hechos consumados.
Andrade, que participó en la redacción de la ley, marcó una diferencia en No toquen nada. Dijo que está probado que en seguridad ciudadana no funciona el aumento de penas, pero que en materia de seguridad laboral sí. “En España cuando se votó esta ley teníamos 10 muertos cada 100.000 trabajadores y hoy hay tres”, señaló.
Además, puso un ejemplo similar en Perú. Quizá haya incluso más países donde el aumento de penas provocó la baja de delitos; pero eso no cambia la esencia de la normativa, al idea de aumentar penas como estrategia. Además, con el mismo criterio, Bordaberry puede conseguir dos o tres ejemplos de países donde el aumento de penas ayudó a bajar la reincidencia de los delincuentes.
La “inflación penal” no es nueva en el país. Desde la Academia se advierte hace al menos quince años como las leyes de seguridad ciudadana de 1995 y 2000 destrozaron el Código penal a fuerza de aumentar penas. Es una preocupación que queda plasmada en el proyecto de ley que reforma todo el Código, proyecto que está a estudio en el Parlamento. El catedrático Milton Cairoli, uno de los redactores de esa ley, dijo a No toquen que tienen como objetivo bajar a inflación penal.
Es difícil entender por qué ahora el Frente Amplio piensa que sí funciona, que se reducirá la siniestralidad a fuerza de penas de peligro, a pura inflación penal. Porque en definitiva esa es la razón de quienes redactaron esta norma: bajar la siniestralidad, reducir la cantidad heridos y muertos en el trabajo.
Andrade dice que, más allá de si baja la cantidad de siniestros, es “justo” que exista esta ley. Tiene todo el derecho a pensarlo. El fin del Sunca es absolutamente entendible, es un sindicato solidario, preocupado por la salud de sus trabajadores. Estudió el tema, lo sufre día a día.
Pero la ley que se redactó es amplia, ambigua, va mucho más allá de la industria de construcción, abarca a todos los empleadores, alcanza a 136.000 micro, pequeñas y medianas empresas.
El Sunca propuso, pero eran los legisladores los que tenían la responsabilidad de hacer de la propuesta una ley que se ocupe de la seguridad e higiene laboral de todos los trabajadores.
Ahora, lo que viene es una batalla jurídica, la Suprema Corte de Justicia deberá decidir si es constitucional. Los legisladores del Frente Amplio ya decidieron: se lavaron las manos, votaron en blanco.
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