A los periodistas del blog Fósforo se los citó para que revelaran sus fuentes sobre la denuncia de actos vandálicos intencionales contra contenedores de basura. A cinco periodistas de la agencia de noticias de Soriano, Agesor, por informar sobre la denuncia de abusos sexuales en un campamento militar. Y al periodista Roger Rodríguez para revelar sus fuentes sobre el caso Gelman.
Tanto APU como Cainfo manifestaron su preocupación por estas decisiones al considerar que el Poder Judicial debe garantizar el derecho a los periodistas a reservar las fuentes de información que ofrecen al público, según lo establece la ley 16.099.
En los tres casos a cargo de jueces distintos, como la ley habilita a interponer una excepción, resolvieron la citación de los periodistas para que revelaran sus fuentes.
“Los jueces lo pueden hacer, no hay nada que lo impida, pero todos sabemos que los periodistas publican toda la información que ya tienen chequeada y que pueden publicar”, expresó a No toquen nada el periodista y abogado Edison Lanza.
Lanza consideró “ocioso” llamar a declarar a los periodistas para que se les pregunte y respondan que la información que tienen es la que ya está publicada. De hecho, en los tres casos se negaron a revelar sus fuentes.
“Vemos en todos los casos un desconocimiento de la lógica periodística y de los estándares internacionales de libertad de expresión”, señaló Lanza.
En el caso de Roger Rodríguez, lo citaron de la noche a la mañana y le preguntaron si ratificaba alguna de sus investigaciones periodísticas, incluso de artículos de más de diez años atrás.
Lanza aseguró que trabajo de Rodríguez en esta investigación “fue un logro del periodismo” y que “si bien no son delitos comunes los que se están investigando en este expediente, hay que proteger a los testigos claves”. Entre ellos, al periodista quien aportó datos relevantes sobre el paradero de Macarena Gelman y la desaparición de su madre.
Además, señaló que este tipo de procedimientos por parte de la justicia puede tener un “efecto inhibidor en otros periodistas”. “Terminan en un juzgado porque hicieron bien su trabajo periodístico y dieron a conocer un hecho grave que era totalmente desconocido para la gente y para el juzgado”, ejemplificó Lanza.
Incluso las fuentes pueden verse retraídas por miedo a la exposición, si el periodista cede ante la orden judicial y revela su nombre. Lo que hace que el círculo entre la fuente, el periodista y la información se rompa.
“Salta el tema de la formación en Derechos Humanos de los jueces, la aplicación de las convenciones que el Uruguay homologó, que si se aplicaran estos problemas no deberían existir en un país que tiene altos estándares de respeto a la libertad de expresión”, destacó Lanza.
