Alfredo Silva, representante de los trabajadores en ASSE, fue procesado por un delito de conjunción del interés público y privado. En su visto, el fiscal explica que en su condición de director benefició a la Asociación Civil Buena Estrella, una empresa que realizaba tareas de limpieza en varios centros públicos.
Según la justicia, Silva aprovechó su cargo de director en el máximo órgano de superintendencia y contralor de "las unidades hospitalarias dependientes y por ende, de los servicios operativos en las mismas".
"Había cierto personal cercano a la adjuntía de Silva que tenía directivas de darle atención a ciertas empresas. Eso permite corroborar, en principio, que esa persona está demostrando un interés. Interesarse no es presionar, más allá de que hay versiones de que desde el director de ASSE se ejercían presiones para realizar cosas de determinada manera en función de empresas como Buena Estrella. Pero no es la presión lo que conforma el delito de conjunción de interés público y privado. Es el interesarse en el caso concreto que está alejado de su figura de director", explicó Rodríguez.
Según el fiscal, Silva acompañó, asesoró y respaldó "en diversas gestiones" a la empresa Buena Estrella, que fue vinculada con el Instituto Nacional del Cáncer y los hospitales de Rivera y Pando, entre otros, a través de información para que concursara con buenos precios, "inmejorables", y a veces se le adjudicaban los llamados directamente.
El fiscal pidió el procesamiento con prisión porque tomó en cuenta la jerarquía del funcionario y la conmoción social que generan sus actos, que podrían considerar de "alarma pública".
Rodríguez sostuvo que no era "coherente" que Silva pudiera continuar en su cargo. "La medida con prisión lo aleja del cargo, en caso de que la administración no adopte ninguna medida. Era una manera de preservar que la conducta juzgada no se repita o que se perturbe la investigación a través de contactos, en un caso donde hay elementos para creer que hay hechos de corrupción pública. Puede ocurrir que si la administración le está comunicando al Poder Judicial que el funcionario va a ser separado del cargo, esto puede verse satisfecho", señaló.
Finalmente, el juez entendió que Silva debía ser procesado sin prisión. Silva tenía elementos a favor, ya que no contaba con antecedentes y el delito por el que fue procesado tiene una pena baja, de seis meses a tres años de prisión.
Como medida sustitutiva, Silva tiene la obligación de comparecer una vez por semana en la seccional correspondiente a su domicilio por un plazo de 90 días.
Sindicalista que recibió coimas y su vinculación con Silva
Heber Tejeira era el encargado de empresas tercerizadas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Este funcionario fue procesado por dos delitos: conjunción de interés público y privado, y cohecho o coima.
En el visto fiscal se explica que hay escuchas telefónicas y giros de dinero para Tejeira por parte de varias empresas que brindaban servicios tercerizados en hospitales del país. A cambio, el funcionario intercedía para que fuesen contratadas, como pasó en el Instituto Nacional del Cáncer.
Entre estas empresas está Buena Estrella, pero también se menciona a otras de capacitación, registros médicos y administración, y auxiliares de servicios.
"El representante de la federación debe representar intereses generales, en el marco de diálogos y ejercer esos fueros para la custodia de los intereses generales. Distinto es cuando ingresa en intereses particulares de determinadas empresas, que se traducen en beneficios, provechos o para generar contrataciones. Del expediente se ha recogido que no todas las empresas tenían un nivel de llegada a la administración de ASSE, a las oficinas para apurar pagos, salarios y eso se va sumando con el interés que se genera en el delito de cohecho, que da una idea de por qué ese interés. El cohecho es la especie de sociedad que se genera entre la persona que propone un determinado favor por algo que no le corresponde hacer o que le pagan por algo que no le corresponde hacer", explicó el fiscal.
Rodríguez también explicó que "hay una especie de conexión entre Silva y Tejeira", pero no está probado que haya un enriquecimiento o un provecho de carácter económico por parte de Silva, como sí quedó comprobado con Tejeira.
En las declaraciones tomadas por el fiscal y el juez, se recogen testimonios de funcionarios que denuncian presiones para la contratación de la empresa. Otros afirman que fueron obligados a integrar la empresa Buena Estrella.
Sin embargo, cuatro titulares de empresas fueron procesados sin prisión por cohecho simple, ya que el fiscal consideró que los giros de dinero respondían a un acuerdo mutuo y no a presiones.
"Las presiones fueron manifestadas por ciertas empresas, no todas. De haber sido comprobadas, se estaría hablando de un delito de concusión, que es unilateral y estaría cometido por un solo funcionario. En ese caso, el que debería resultar procesado es el funcionario, pero no el que cumple, porque se entiende que lo hace coaccionado. El cohecho o la denominada coima surge cuando hay un pacto porque a las dos partes les satisface sus intereses", dijo Rodríguez.
La estafa de Buena Estrella
Por esta estafa al Hospital Maciel de la empresa Buena Estrella fueron procesados cuatros personas.
La maniobra era realizada por la dirección de la empresa, que autorizó a sus 22 empleados entre encargados y supervisores a que registraran su asistencia, cuando al mismo tiempo desarrollaban cursos de capacitación teóricos y prácticos fuera del hospital.
Según el fallo judicial, esto se hacía "en forma ilegal ya que la contratación de la empresa Buena Estrella, no preveía en los pliegos respectivos la exigencia de cursos de capacitación de sus empleados; indicándose por el contrario que solo se pagarían las horas efectivas de los servicios de limpieza que eran el objeto del llamado".
La sobrefacturación se explica porque, por indicación de sus directores, lo operarios de la empresa registraban la horas como trabajadas en el Maciel, cuando en realidad no las estaban trabajando.
Esto se detecta en el periodo enero-abril de 2011. La contabilidad del Maciel dice en este momento que la sobrefacturación alcanzó los 4.126.790 pesos, unas 24.874 horas no trabajadas. Sin embargo, luego de la investigación administrativa, se concluye que fueron 1.694.561 pesos.
"El daño económico patrimonial producido al H. Maciel fue en definitiva resarcido, aunque no a iniciativa de Buena Estrella, sino por imposición de la administración de la institución, que mandó retener el importe correspondiente al perjuicio constatado", explica el fiscal en su visto.
El fiscal también dice que hubo negligencia por parte de la funcionara encargada de controlar esta facturación.
"Entre los operarios se comprobó que alguno de ellos vieron que los directivos y algunos supervisores, habían también realizado marcas en el reloj del hospital, incluso colocaban más personal para completar las horas que habían sobre facturado, ya que eran demasiadas, para la cantidad insuficiente de personal para cubrirlas, por lo que marcaban ellos también el reloj", se explica.
La investigación
Este caso se comenzó a investigar en 2011. Es un expediente de tres piezas, que cuenta con una serie de anexos documentales. Entre jueves y viernes, el fiscal Gilberto Rodríguez indagó 25 personas y otras 12 declararon como testigos.
Rodríguez asumió como fiscal en el Crimen Organizado en diciembre de 2013 y hace cuatro meses que comenzó a trabajar este caso. Antes, la causa estuvo en manos de la fiscal Mónica Ferrero.
Rodríguez dijo que en el visto fiscal se manejan los elementos esenciales, pero hay otros que aparecen y que serán profundizados en la investigación del proceso judicial.
Además, confirmó que va a llamar a otros jerarcas de ASSE y de la administración pública para que, en principio, declaren como testigos.
