Fundación Justicia y Derecho

Cinco años de gestión de la privación de libertad de adolescentes en Uruguay

En los últimos 5 años sucedieron muchas cosas en relación a la justicia penal juvenil en Uruguay:

Actualizado: 29 de Julio de 2014 | Por: Fundación Justicia y Derecho

1. El instituto a cargo de la gestión del sistema cambió de nombre tres veces: de Instituto Nacional Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ) pasó a llamarse Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes Infractores (SEMEJI), para luego transformarse en el actual Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA). El que además, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 18.771, debería volver a cambiar transformándose en el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (IRPA), un nuevo servicio descentralizado.

2. Los cambios de nombres estuvieron acompañados de cambios en las autoridades, pero también de un importante esfuerzo presupuestal. Lo que comprende no sólo aspectos vinculados con la infraestructura, sino también con los recursos humanos, incluida la remuneración del Presidente y el resto de los integrantes de la Comisión Delegada del SIRPA, que de acuerdo a la ley 18.970 reciben la misma partida que el Presidente y los integrantes del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, respectivamente.

3. La cantidad de adolescentes privados de libertad de acuerdo a las cifras oficiales pasó de 165 en el 2008 a 697 en el 2013 (un aumento del 322%), producto en parte de la reducción de la cantidad de fugas, pero principalmente por las reformas normativas orientadas al endurecimiento del sistema. Específicamente las leyes 18.777 y 19.055 aprobadas en estos últimos tres años, que criminalizaron conductas de escasa gravedad como la tentativa de hurto, aumentaron los plazos de la prisión preventiva y establecieron para algunos delitos un mínimo de cumplimiento de pena de un año de privación de libertad.

Pero algunas cosas no han cambiado:

1. Pese al aumento de la población privada de libertad, la inseguridad no ha dejado de ser considerada un tema central en la agenda pública, y continúan existiendo quienes sostienen que el mayor endurecimiento del sistema penal juvenil tendrá como consecuencia mejoras en materia de seguridad pública. El monitoreo del sistema penal evidencia que “bajar la edad de imputabilidad” sirve solo como argumento base de una estrategia política con una clara finalidad electoral que no redundará en ninguna mejora de la seguridad ciudadana. La ineficacia de este tipo de medidas están en evidencia en todos los países que han “bajado la edad de imputabilidad” pero también en la experiencia de nuestro propio país que con las leyes de seguridad ciudadana de la década de los noventa no lograron otra cosa que duplicar la cantidad de adultos privados de libertas sin que mejorará la seguridad de la población.

2. Tampoco ha cambiado la enorme acumulación de informes sobre deplorable la situación de los adolescentes privados de libertad. A los informes no gubernamentales que sistemáticamente eran elaborados, se le había sumado en el 2009 el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak, y más informes no gubernamentales y de algún otro organismo internacional.

En el 2014 conocimos el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y ahora un documento específico del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que expresamente pone en evidencia las situaciones de hacinamiento, la permanencia hasta 23 horas al día en las celdas sin acceso a actividades formativas o recreativas en algunos centros, así como los malos tratos, las palizas, posiciones de estrés como “el paquetito” (atar a la persona de pies y manos enganchando los grilletes por detrás), castigos de carácter vejatorio y humillante, incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa, registros corporales invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros.

3. Otra cosa que no ha cambiado y esperamos sí ocurra es la indiferencia de las autoridades. El documento del Comité contra la Tortura no es ninguna novedad. Las cárceles de adolescentes representan, desde hace mucho, espacios de vulneración de derechos. Existe una acumulación documentada de información sobre la temática; lo que plantea el Comité ya ha sido expuesto es varios informes. Informes que si bien tuvieron su cuarto de hora de difusión, pasaron al olvido, prevaleciendo la indiferencia. Mientras tanto, acciones clave como la reforma y la profesionalización del sistema y la racionalización del uso de la privación de libertad, siguen esperando.

En medio de un proceso de crecimiento ilimitado de la demanda por plazas en los establecimientos de privación de libertad y la construcción de nuevas cárceles para los adolescentes, las deficiencias del sistema no van a poder abordarse únicamente por medio de aumento de penas, reformas simbólicas, cambios de nombres o inversión en infraestructura. El aumento del gasto público asignado al sistema no se verá reflejado en resultados si no es acompañado por una profunda reforma del sistema de gestión de la privación de libertad. En especial, se requieren cambios que impliquen prioritariamente el desarrollo de medidas alternativas a la privación de libertad y programas mensurables dedicados a la reinserción de los adolescentes privados de libertad.

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