Griesa declara a Argentina "en desacato"

El juez federal estadounidense Thomas Griesa declaró el lunes a Argentina en "desacato" por tomar "pasos ilegales" para eludir la sentencia en su contra en el juicio contra fondos especulativos, aunque por el momento decidió no adoptar sanciones.

Actualizado: 29 de setiembre de 2014 —  Por: Redacción 180

Griesa declara a Argentina "en desacato"

Sin datos (Todos los derechos reservados)

"El tribunal sostiene que la República de Argentina está en desacato civil", señaló Griesa al final de una audiencia celebrada en los tribunales del sur de Manhattan, al dar respuesta a un pedido efectuado a tal efecto por los fondos, constató un periodista de la AFP.

"Con respecto a las sanciones, el Tribunal se reserva su decisión para procedimientos posteriores" agregó el magistrado, dejando en suspenso la segunda parte de la demanda de los fondos, que le pedían una multa diaria de 50.000 dólares hasta que Argentina dejase de violar sus órdenes.

Griesa justificó su decisión de declarar al país en desacato, "una cosa rara" según señaló, en los "pasos ilegales propuestos" por el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para evitar el pago de la sentencia por 1.330 millones de dólares en su contra por bonos en default desde 2001.

Los fondos NML Capital y Aurelius, calificados como "buitres" por Argentina, habían efectuado el pedido por escrito el miércoles pasado sosteniendo que el país " ha violado de manera repetida y descarada las órdenes del tribunal, dejando claro de manera abundante que no tiene respeto por esas órdenes, el tribunal o el sistema judicial de Estados Unidos".

Griesa mantiene bloqueado en el Bank of New York (BoNY) un depósito de 539 millones de dólares que efectuó Argentina para tenedores de bonos reestructurados bajo legislación estadounidense, medida con la que el juez busca hacer cumplir su fallo que establece un 'pari passu' (tratamiento equitativo) entre todos los acreedores.

Esta situación llevó a Argentina a un default parcial sobre su deuda el pasado 30 de julio.

En el marco de sus acciones para eludir la sentencia que considera ilegal, el Congreso argentino votó recientemente una ley para modificar la sede de pago de los bonos reestructurados y llevarla a Buenos Aires u otro lugar.

Advertencia argentina a Kerry

Antes de la audiencia del lunes ante Griesa, la embajada de Argentina en Washington advirtió al secretario de Estado, John Kerry, que Estados Unidos sería legalmente responsable de una eventual declaración judicial de desacato.

Tal decisión "constituiría una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad de Estados Unidos", escribió la embajadora Cecilia Nahón a Kerry.

El caso "acarrea consecuencias para las relaciones exteriores", subrayó Nahón, agregando que sería considerado "una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro por parte de bonistas reestructurados".

Por eso, añade, Argentina considera que la "mera consideración de la adopción de una orden judicial semejante constituye una afrenta a la dignidad y a la soberanía de nuestro país".

En su defensa por escrito ante Griesa, los abogados de Argentina manifestaron de su lado que "ninguna corte de Estados Unidos jamás consideró que un Estado soberano extranjero pueda ser considerado en desacato".

En la audiencia, el letrado Carmine Boccuzzi, uno de los autores de ese texto, agregó que al aceptar el pedido de los fondos, Griesa solo iba a "empeorar las cosas".

"La situación actual es que las órdenes realmente están funcionando", afirmó en relación a la decisión de Griesa de bloquear el pago a los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que se plegó el 93% de los tenedores de títulos en default aceptando quitas de hasta 70% del valor nominal.

Pero el abogado de NML Capital, Robert Cohen, insistió ante Griesa en que los fondos "han sido más que pacientes con Argentina".

"Es hora de que el tribunal ejerza su autoridad", señaló, recordando que hubo ya unos 15 casos en los que la justicia federal estadounidense declaró en desacato a Estados soberanos.