"Uruguay presentará su réplica este lunes. Este caso trata de la protección de la salud pública, no sobre interferencia en inversiones", expresó el abogado Paul Reichler en un mensaje a la AFP, sin adelantar detalles de la respuesta.
El CIADI, con sede en Washington, decidió en julio del año pasado que tiene jurisdicción para tratar el caso, en el que la tabacalera acusa a Uruguay de violar un tratado de protección de inversiones firmado por el país sudamericano con Suiza, donde la empresa tiene su casa matriz, por una ley sanitaria que limita la visibilidad de los cigarrillos en los comercios y prohibe su consumo en espacios públicos cerrados y lugares de trabajo.
El tribunal arbitral trata todos los pasos del proceso como estrictamente confidenciales. Philip Morris presentó sus argumentos el pasado 4 de mayo.
En su mensaje a la AFP, Reichler aseguró que empresas tabacaleras usan todo su poder para impedir que los gobiernos informen a la población sobre los efectos del tabaco en la salud.
Eso incluye, añadió Reichler, "arbitraje sobre inversiones para bloquear o postergar la adopción de importantes medidas de salud pública".
"Pero Uruguay no será intimidado", afirmó.
Philip Morris inició el largo proceso ante la CIADI en 2010, al alegar que la nueva legislación uruguaya de control del tabaco representaba un atropello del acuerdo de protección de inversiones.
En el caso, la gigante tabacalera pide resarcimiento de las pérdidas ocasionadas a sus negocios por la normativa uruguaya, así como la reversión de algunas de esas nuevas normas.
Desde entonces, Uruguay recibió el apoyo explícito de diversas entidades internacionales de control del tabaco, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Numerosas entidades antitabaco en Estados Unidos también apoyan a Uruguay en el caso.
La ley fue aprobada durante el gobierno del médico oncólogo Tabaré Vázquez, presidente entre 2005 y 2010.
