La ley 15.750 de 1985 ata el sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) al de los secretarios de Estado pero a su vez propone una serie de enganches que aumentan el sueldo a jueces, fiscales, actuarios, defensores de oficio y funcionarios del Poder Judicial.
El gobierno señala que siempre fue consciente de esto y que redactó el aumento solo para los ministros de Estado, de la SCJ y del TCA.
“Quedó bastante claro en el tratamiento parlamentario que aquella ley original de presupuesto del año 2010 en su artículo 64 se refería exclusivamente a los sueldos de los señores ministros de Estado. Así lo dijo el Poder Ejecutivo cuando lo presentó. Esto no excluía el hecho de que la ley de 1985 establecía que los salarios de los integrantes de la SCJ no sería inferior a la de los ministros. Esto nunca quedó excluído porque era una ley vigente”, afirmó el senador Ernesto Agazzi.
No es la primera vez que el gobierno intenta solucionar el tema. Dos leyes que redactó (posteriores a la ley de presupuesto) fueron declaradas inconstitucionales por la SCJ. El oficialismo remarcó que son juez y parte.
“El gobierno nos trae una solución. No sé si va a ser la solución porque después quien interpreta las leyes es el Poder Judicial. Entonces, ¿con qué fuerza voy a golpear la mesa y decir que las normas son perfectas si quien me las va a interpretar también tiene un interés directo y legítimo?”, pregunto el senador Rafael Michelini.
Desde la oposición se afirmó que el gobierno debe pagar. “Lamentamos muchísimo que el Poder Ejecutivo, producto más de la omisión, haya llegado a estas circunstancias. Lo que queda meridianamente claro es que una vez conocidas las sentencias, declaradas las inconstitucionalidades y conocidas las deudas no cabe la menor duda de que lo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer es pagar”, dijo el nacionalista Gustavo Penadés.
La senadora oficialista Constanza Moreira reconoció que es un momento complicado y que el proyecto de ley que debatían era complicado. “Creemos que es un punto de partida que puede abrir una negociación en Diputados. También entendemos que hay una situación muy complicada que puede comprometer una parte importante del presupuesto nacional. Los números que se manejan son serios, 500 millones de dólares es mucha plata para este país y eso puede comprometer el Sistema Nacional de Cuidados, el gasto en educación, la propia reforma del Poder Judicial, la propia aplicación del Código del Proceso Penal”, afirmó.
Las barras del Senado debieron ser desalojadas tras la votación de la ley porque los funcionarios judiciales allí reunidos insultaron a los legisladores oficialistas.
