Denise Mota

Brasil en su laberinto

La democracia brasileña –exactamente en su aniversario número 30-- pasa por su prueba más extrema hasta ahora. En un lapso de tan solo dos días, entre viernes y domingo pasados, el país mostró su “división” ideológica: el viernes, grupos vinculados al PT y a sindicatos manifestaron su apoyo a la continuidad del gobierno. El domingo, sectores vinculados a partidos de oposición y brasileños mayormente de clase media y de los grandes centros poblados protestaron contra la gestión de Dilma Rousseff.

Actualizado: 16 de marzo de 2015 | Por: Denise Mota

En el centro, el escándalo de corrupción de Petrobras: el desvío de recursos más grande que se haya visto en el país (el mensalão quedó para el recuerdo en el ranking), del orden de 10 mil millones de dólares, según cálculos de la Policía Federal.

Como telón de fondo, una economía en crisis -inflación acumulada en 12 meses de 7,7%, empresarios a la espera de anuncios (paralizados) de medidas de ajuste fiscal, miedo generalizado al desempleo, y una proyección negativa del PBI, que este año debe presentar una caída de 0,66%, según la más reciente estimación del Banco Central de Brasil.

Como principal demanda, la reforma política por el lado de los manifestantes del viernes, y el impeachment (destitución) de Dilma Rousseff por el de los manifestantes del domingo.

Lo de “división” debe ser relativizado en todo y a cualquier costo, por el bien de la claridad de percepción del momento que vive Brasil. El país, desde antes de las elecciones y sobre todo después del fino margen con el que se eligió a Dilma (una diferencia de un flaco 3% con relación a su contrincante, Aécio Neves), vive una agudización de los extremismos y un peligroso olvido de los muchos matices que hay entre un punto y otro del espectro político nacional.

En el Brasil de hoy, los defensores de los ideales de izquierda, incluída una izquierda “pragmática” y aggiornada –como puede ser la de Uruguay o de Chile--, pasaron a ser llamados de “bolivarianos” y “PTralhas” (un despectivo juego de palabras con las siglas del oficialista Partido de los Trabajadores y los Chicos Malos de las tiras de Rico McPato, los “Metralha”, en portugués).

Los defensores de una economía y un Estado más liberales, en donde no se note tanto la mano del Estado, sino más bien la del mercado, son llamados de “tucanos” (el ave símbolo del PSDB, partido de oposición al que pertenecen el expresidente Fernando Henrique Cardoso y Neves), conservadores, burgueses, “blancos de ojos azules” (en las palabras de Lula), etc.

Entre un extremo y otro (y tomando en consideración los cálculos más exagerados de la Policía Militar, que contabilizó alrededor de dos millones de personas en las protestas del domingo, más los 120.000 del viernes), hay por lo menos (por lo menos) algo así como 197,5 millones de brasileños que no fueron a las calles. No por esto están satisfechos con el increíble despliegue de artilugios de robo manejados por el partido de gobierno. Más que divididos por ideologías, está claro que los brasileños están unidos en el sentimiento reiterado de que son despojados, una y otra vez, y a cada momento, de sus derechos.

El PT que explote. Tiene que sentir el peso de sus errores. Pero el tema es que la partidarización de un problema que es ético –y que viene acometiendo a todos los partidos (no nos olvidemos del caso de licitación en el metro de San Pablo, en donde el opositor PSDB está metido hasta las manos)-- aleja a muchos de la racionalidad y de la cuestión de fondo de la crisis: el fisiologismo político, en donde todo se hace con el sólo fin de que las cosas sigan como están.

Si Brasil pasa por una crisis institucional más grande que la que ya vive, no lo pierde todo el PT ni lo gana todo el PSDB. Pierden mucho, esto sí, todos los brasileños, especialmente los que necesitan empleo y sueldo para seguir subsistiendo. No son pocos: de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística difundido el año pasado, 62% de la población cobra un sueldo mínimo o menos. No hay por qué pensar que recesión e inestabilidad les vengan bien.

Tomando el ejemplo del domingo, con una movilización mucho más numerosa y, por supuesto, transmitida con más generosidad por todos los grandes medios de comunicación: ¿es lícito pensar que sea razonable pedir la destitución de una presidente sobre la que –hasta ahora-- no hay ninguna denuncia directa, y que fue electa por medio de un sistema considerado confiable por varios órganos nacionales e internacionales?

En caso de una salida de Dilma, constitucionalmente asume el vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al PMDB, uno de los partidos más involucrados, junto al PT, en el escándalo de Petrobras.

En caso de destitución de Temer (ya que es parte de la fórmula de Dilma), la pelota va para Renan Calheiros, jefe del Senado y del Congreso. Calheiros es uno de los 47 nombres a ser investigados en el ámbito de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Petrobras.

¿Es razonable sacar una presidente electa para poner al mando de la nación a un hombre formalmente investigado por corrupción?

Por fin, sin Calheiros en el camino, la responsabilidad de llamar a elecciones es de Eduardo Cunha (también PMDB), presidente de la Cámara de Diputados, otro investigado en la CPI. En Cunha, que viene mostrando una sed de poder admirable en los últimos meses, reposaría la decisión de convocar un nuevo pleito. ¿Lo haría?

¿Brasil pasaría por una crisis política e institucional sin precedentes –acompañada de recesión económica-- para rehacer elecciones celebradas hace cinco meses? ¿En qué lugar estamos poniendo los 54,4 millones de brasileños que eligieron al gobierno actual? ¿Se puede considerar esto una demonstración de respeto a las instituciones? ¿Reconocimiento a la democracia?

Los próximos días serán decisivos para entender cómo Dilma podrá gobernar (o no) en su segundo mandato. Pero también será clave que los brasileños reflexionen con serenidad –y mejor información y sentido histórico-- sobre si no es más acertado exigir el camino largo y difícil de las reformas, el de las investigaciones y el del fin de la impunidad por las vías institucionales, en vez de intentar “cambiarlo todo” de la noche al día. Y sin ninguna garantía de que esto pase.

¿Vendrá un salvador de la patria a reivindicar el honor y la grandeza del gigante adormecido? Esta película en Latinoamérica ya la vimos en varias versiones e idiomas. Querer revivirla es apostar al atraso, no al trabajo de vigilancia, información, exigencia y espíritu crítico, imprescindibles para que la democracia, al fin y al cabo, madure y muestre sus mejores frutos.

 



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