“Venezuela no ha investigado eficazmente ni puesto en manos de la justicia a los responsables de la muerte de 43 personas y de las heridas y las torturas sufridas por cientos más durante las protestas de 2014, lo cual equivale a dar vía libre a más abusos y actos de violencia”, declara Amnistía.
En el comunicado detallan que durante las protestas se detuvo a 3.351 personas, “en muchos casos arbitrariamente” y que la mayoría quedaron en plena libertad. Se presentaron cargos contra 1.404, y 25 siguen detenidas en espera de juicio.
Amnistía elaboró un informe más amplio en el que documenta los sucesos de febrero del 2014 en Venezuela y recopila el testimonio de víctimas con pruebas fotográficas. Establece que “las fuerzas de seguridad golpearon, torturaron e incluso dispararon con fuego real a los manifestantes”.
Detalla que murieron 43 personas de las cuales ocho eran funcionarios del estado; y fueron heridas 878, de las cuales casi 300 son efectivos de las fuerzas de seguridad.
Documentaron decenas de casos de personas detenidas, “sometidas a tortura y otros malos tratos –golpes, quemaduras, agresiones sexuales, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte– mientras estaban bajo custodia”.
“En Venezuela, la gente debe poder protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Amnistía asegura que “miembros de la policía permitieron a grupos armados pro gobierno que cometieran abusos contra manifestantes y transeúntes, e incluso que entraran ilegalmente en viviendas portando armas de fuego”.
Además, señalan que luego de las protestas continuó “el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y las detenciones arbitrarias” como es el caso de la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, “en dudosas circunstancias”; así como la muerte de un joven de 14 años en manos de la policía en Tachira.
Amnistía Internacional exige que tanto el líder de la oposición, Leopoldo López, como la alcaldesa de la localidad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y la activista LGBTI, Rosmit Mantilla, sean liberados. “Deben quedar en libertad”, afirman.
“En lugar de resolver estos problemas, a finales de enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución que permite la actuación de todos los componentes de las fuerzas armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias”, desarrolla el comunicado.
Amnistía informa que en la mayoría de los casos, los responsables de los abusos no han comparecido ante la justicia. “El Ministerio Público ha investigado 238 informes de violaciones de derechos humanos, pero sólo ha presentado cargos en 13 casos”, agrega.
“En lugar de añadir leña al fuego publicando resoluciones para que el ejército tome las calles, las autoridades de Venezuela deberían enviar un inequívoco mensaje de tolerancia cero al uso excesivo de la fuerza”, expresó Guevara.
