En setiembre de 2014, un hombre regresó junto a su hija del departamento de Tacuarembó poco después de las cinco de la madrugada. Tras llegar a Tres Cruces fue a una de las paradas de la zona para tomar un ómnibus hacia El Pinar.
Mientras esperaba y sorpresivamente fue abordado por policías de la Seccional 4a. Los funcionarios le preguntaron a propósito de su relación con la niña y qué hacían allí a esa hora de la madrugada. Según la denuncia presentada por el hombre, pese a haber explicado en varias oportunidades que era su hija y por qué estaba allí, además de presentar los documentos de ambos, los policías no se daban por satisfechos e insistían.
Esto llevó a que los policías lo acusaran de desacato y lo detuvieran. La niña fue llevada al Hospital Pereira Rossell por una policía femenina.
Luego supieron que a una persona que estaba cerca de la parada le habría resultado sospechosa la manera en la que el hombre jugaba con su hija y lo denuncia como un posible caso de abuso sexual. El denunciante afirma que estaba jugando a la mancha con su hija.
El hombre estuvo demorado en la comisaría, en un calabozo, hasta las 9.30 de la mañana cuando un juez ordenó su libertad. Allí manifestó que quería hacer la denuncia sobre lo sucedido y fue llevado al Hospital Español para una revisión que llevó hasta las 0.30 del otro día. Acompañado de su esposa de nacionalidad española, volvió a la seccional para hacer la denuncia.
Mientras hacía la denuncia, un superior le dictaba al policía que la tomaba qué aspectos consignar y cuáles no, alterando en gran medida lo sucedido y sin reflejar los golpes que recibió. “Usted sabe que en Uruguay la policía tiene gran poder”, le dijo ese oficial a la esposa del denunciante.
La niña fue revisada en el Hospital Pereira Rossell sin que mediara orden judicial para hacerlo y sin que sus padres lo autorizaran.
Para la INDDHH los “funcionarios de la Jefatura de Policía de Montevideo ejecutaron un procedimiento absolutamente ilegal e inaudito, que viola flagrantemente derechos humanos” del denunciante y su hija. Entre los derechos violados se cita el de la privacidad y la protección de la honra y la dignidad, además de la omisión de varios deberes establecidos en el código de procedimiento policial.
En el caso del Hospital, los funcionarios “actuando con inexplicable ligereza, no exigieron al personal policial actuante que presentara, como corresponde, y como lo establece el mismo protocolo de actuación del Centro Hospitalario, la orden judicial antes de someter a la mencionada menor de edad a una intervención invasiva”, dice el INDHH.
“Agrava aún más esta insólita omisión el hecho de que los padres de la niña tampoco se encontraban presentes en el centro médico (el padre por estar ilegalmente detenido en una dependencia del Ministerio del Interior y la madre porque no se fue debidamente informada de la situación por parte del personal de salud involucrado en el caso)”, agrega la resolución.
El INDDHH afirma que la niña fue víctima de la violación del derecho a la integridad personal y a la libertad personal.
Tanto el Hospital como el Ministerio del Interior están investigando el caso y deberán remitir los resultados de las indagatorias a la INDDHH.
Para ambos instituciones, la INDDHH “recomienda una reparación integral por los daños sufridos”.
