El proyecto propone crear el Registro Nacional "No Llame", donde los usuarios podrán inscribirse para evitar ser contactados para ofrecer productos o servicios.
Las únicas llamadas permitidas serían las de emergencia "para garantizar la salud y seguridad de la población"; y las de aquellas que ya tienen un vínculo contractual con el usuario pero refieran estrictamente al contrato y sean realizadas "en forma y horario razonables".
Las sanciones para las empresas que incumplan pueden ser observación, apercibimiento, multa, suspensión de 90 días o revocación de la autorización para prestar el servicio, según la gravedad del caso.
Este tipo de ley ya está vigente en Argentina, por ejemplo, donde se creó el Registro Nacional “No Llame” y en Estados Unidos, donde funciona el "National Do Not Call Registry". desde 2003.
En España se la conoce como ley anti spam telefónico: limita las llamadas comerciales y reconoce el derecho de los consumidores a poder decidir, desde la primera llamada telefónica, que no quieren recibir más ofertas.
