El texto, que firmaron en la noche del lunes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, izquierda), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, derecha) y las asociaciones Omnium y ANC (Asamblea Nacional Catalana), junto a una asociación de alcaldes independentistas (AMI), subraya el "carácter plebiscitario de las elecciones del 27 de setiembre".
Según los firmantes, esos comicios servirán de mecanismo legal para saber cuál es la voluntad "de la mayoría de la ciudadanía" catalana.
Por ello, "los programas de las candidaturas soberanistas deben dejar claro, como punto primero y destacado, que votarlas supone un pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña", indica esa hoja de ruta.
El documento prevé que, en caso de victoria, los firmantes elaboren una constitución y establezcan las instituciones necesarias para el funcionamiento del futuro Estado.
El "proceso de transición nacional hacia la proclamación de un nuevo Estado o república catalana, que se iniciará tras las elecciones del 27 de setiembre, culminará en un periodo máximo de 18 meses", esto es, en la primavera de 2017.
Las últimas etapas del proceso serán "un referéndum obligatorio sobre el texto de la constitución", luego la celebración de elecciones legislativas y, por último, las negociaciones para definir "las nuevas relaciones con el Estado español y la Unión Europea".
"Creo que esta nueva hoja de ruta es mala para el conjunto de los catalanes, es mala también para el resto de los españoles", afirmó este martes el jefe del gobierno conservador español, Mariano Rajoy, tras advertir que "ningún gobierno de España va a autorizar la ruptura de la soberanía de España".
"Rompe todos los lazos que nos unen desde hace tiempo (...) Obliga a muchos catalanes a dejar de ser españoles y europeos", añadió.
El acuerdo se produce tras meses de negociación entre el presidente catalán Artur Mas, procedente de Convergència y Unió (alianza entre CDC y Unió Democràtica de Catalunya, de centro derecha) y ERC, el partido independentista histórico de Cataluña, que quería un proceso más rápido.
Mas, que protagoniza desde finales de 2012 un pulso con Madrid, decidió convocar elecciones anticipadas, después de que el Tribunal Constitucional le prohibiera celebrar un referéndum de autodeterminación.
Una parte de los habitantes de Cataluña, que representa cerca del 20% del PIB español y cuenta con 7,5 millones de residentes de 46,5 millones de españoles, está cada vez más tentada por el independentismo, tras años de tensión con el ejecutivo de Rajoy, alimentada por su política fiscal y agravada por la crisis.
Los últimos sondeos sobre este asunto realizados por el Centro de Estudios Sociológicos del ejecutivo regional catalán en febrero y marzo muestran que un 39,1% de los catalanes son favorables a la independencia, un 24% están de acuerdo con estado actual, y un 26,1% quisieran seguir en España, pero con mayor federalismo. Cerca de un 7% no saben o no contestan.
