Finalmente el tema comienza a plantearse desde fuentes oficiales. Muchísimos años le ha tomado a la OSE plantear este tema, al menos en forma pública. El deterioro de la calidad de agua bruta que la OSE debe potabilizar lleva décadas y es conocido por todos los organismos estatales involucrados. Hace dos años, en una nota publicada en 180 me preguntaba si la OSE debía continuar con el subsidio. El presidente de OSE plantea ahora esa interrogante y no hay aún reacciones ni respuestas de parte de otros organismos o ministerios públicos.
Por trascendidos de prensa podemos estimar el costo del actual evento en Maldonado en unos 2.000.000 de dólares, tomando solamente en cuenta el millón y medio de la exoneración y los 300.000 de gastos que se revelaron desde la OSE. Seguramente los costos de este evento puntual sean más altos, por ejemplo si tomamos en cuenta lo que gastó la población en compra de agua embotellada. Tampoco cabe duda de que los costos de este deterioro son mucho más altos para la OSE en general. Cada vez gasta más plata en varias de sus plantas para infraestructura, compra de carbono activado, de cloro, etc.
Lo más interesante no es el debate de si estos costos los debe pagar la OSE o deben salir de, por ejemplo, rentas generales. Al fin de cuentas, para la sociedad en su conjunto es un gasto que, sin importar de donde salga, pagamos todos. Lo interesante es tener ese costo actual y tener proyecciones de ese costo a futuro. Más interesante aún es sumarle a ese costo otros costos indirectos, como la compra de filtros o agua por parte de la población, las potenciales enfermedades y sus costos de tratamiento o por ausencia laboral (en caso de un evento de micro algas tóxicas por ejemplo), el impacto en el turismo, etc. ¿Cuál es el real costo para la sociedad uruguaya de este deterioro en la calidad del agua? ¿Cómo es posible que no tengamos ese número aún?
Pero ese es un solo lado de la ecuación. El otro dato interesante a obtener es saber qué podríamos hacer como sociedad si esos millones de dólares que gastamos en potabilizar un agua crecientemente deteriorada los utilizáramos para mejorar las condiciones de las cuencas de las cuales obtenemos el agua.
¿Podremos con ese ahorro financiar algunas de las medidas que se están proponiendo desde el Estado? En el artículo que publicara en 180 tiempo atrás, hacía referencia a un ejemplo, el de Nueva York (que decidió invertir en mejorar la cuenca en lugar de inclinarse solo por la solución ingenieril) y a algunas potenciales medidas aplicables en el Santa Lucía para mejorar la calidad del agua y decía que esas medidas obviamente tendrán costos que la sociedad debe asumir. Algunas de estas medidas son ahora parte del Plan de acción para la protección del agua en la cuenca del Santa Lucia. ¿Cuál es costo para la sociedad de la aplicación de estas medidas?
Una vez obtenido el costo de estas medidas debemos además medir los beneficios extra que se obtendrían por aplicarlas ya que muchas traen beneficios mucho más allá de la mejora en la calidad de agua bruta que obtendrá OSE. Por ejemplo, una recuperación de los bosques rivereños y la expropiación de algunos predios clave no solo ayudará a mejorar la situación del agua, también será positiva para la biodiversidad y creará espacios públicos de recreación.
El presidente de OSE ha planteado un tema crucial para el Estado. ¿Quién debe pagar? Pero lo interesante desde un punto de vista país no es qué ente o ministerio paga. Lo interesante es saber cuáles son las medidas más coherentes desde un punto de vista financiero, ambiental y social. Para ello es necesario que se realice un análisis serio y transparente (disculpen la redundancia) de los costos en los que la sociedad uruguaya está incurriendo para obtener agua potable y de los costos de un programa que lleve a una mejora de la calidad de agua en las principales cuencas de obtención de agua para potabilizar en Uruguay.
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