El Tribunal de Apelaciones confirmó el rechazo a la demanda presentada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) que solicitaba acceso a una copia del protocolo, elaborado por el Ministerio del Interior, dirigido a las empresas de telecomunicaciones para la implementación del sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”.
El fallo alude a que la información requerida se encuentra “claramente cubierta por el secreto”, que incluso la compra del sistema se difundió incidentalmente y que su confidencialidad responde a razones de seguridad y protección de los derechos de los habitantes.
“Se trata de un instrumento para el combate del delito y la difusión pública de sus fortalezas y debilidades podría frustrar el empleo de esa tarea, dejándola librada a la actividad de “hackers” y/o personas que ilegítimamente pretendan obstaculizar o impedir investigaciones o represiones sometidas a control jurisdiccional”, explica el fallo del Tribunal.
Por su parte, CAinfo y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) emitieron un comunicado expresando su preocupación por la resolución, en el que manifiestan que el Tribunal no realizó un análisis a fondo del carácter público o no del documento, teniendo en cuenta la ley 18.381 de derecho de acceso a la información pública.
“La petición presentada en vía administrativa y la demanda judicial tuvieron como pretensión acceder al referido documento elaborado por el Ministerio del Interior: se pidió copia del documento. No se fue variando la pretensión de información como interpreta erróneamente el tribunal”, indica el comunicado.
CAinfo manifiesta que expusieron razones que argumentan la importancia que tiene saber “qué se ha previsto en el protocolo respecto a estos temas”, obligaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones, la naturaleza jurídica del documento, custodia de la información, y regulación, entre otras.
“Como hemos expresado antes, este litigio no busca de ninguna manera frustrar la implementación del sistema y no se pretende que el Ministerio del Interior brinde detalles técnicos que puedan tornarlo vulnerable”, reafirma CAinfo.
Además, señalan que en caso de que el documento tuviera información “reservada” por causas legítimas, al Ministerio del Interior le correspondería de igual modo hacer una versión pública.
“Se ha afirmado por parte del Ministerio del Interior que la utilización de El Guardián requerirá autorización judicial y que será empelado en el caso de una indagatoria. Se debe concluir entonces que sólo serán vigiladas las comunicaciones en caso de que exista una autorización judicial. Sin embargo se impone saber qué garantías tendremos todos los ciudadanos/as respecto a la privacidad de nuestras comunicaciones, por cuanto no se ha explicitado qué ocurrirá con todas las personas que interactúen, que se comuniquen, con las personas indagadas”, desarrollan en el comunicado.
