El proyecto es casi similar al que fue presentado en 2011 por el diputado Gonzalo Mujica del Frente Amplio y Daniel Peña del Partido Nacional, quien ahora vuelve solo con la iniciativa. La única modificación está al final, donde se cambia el artículo 64 de la ley de inclusión financiera (19.210), impulsada por el gobierno en la administración anterior.
Peña dijo que las correcciones se deben a que esta norma “agravó algunos problemas existentes”.
En ese artículo 64 se obliga a los comerciantes a extender las promociones que se realicen en efectivo al pago con tarjeta. Peña considera que esto es “imponerle al comerciante que se haga cargo de un arancel adicional cobrado por la tarjeta que no tiene por qué solventar. En este caso, si se extendiera, será el emisor quién deberá absorber dicho costo o el propio Estado interesado en favorecer el consumo”, explica en su justificación.
El proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados por la Comisión de Hacienda y este miércoles Peña lo mencionó en el Senado. “Es el único medio de pago que no tenemos regulado, está regulado el dinero, los cheques y los distintos valores. Luego de la ley de bancarización se hizo obligatorio el uso de tarjetas para todo los uruguayos, pero no están reguladas y esto va a traer muchos problemas”, afirmó.
El proyecto que Astori apoyó y quedó en el Senado
La iniciativa presentada contempla aspectos que hoy no se regulan en el mercado y que perjudican a usuarios y comerciantes, sostuvo Peña. Como ejemplo puso el seguro de vida que se les cobra a los usuarios o las tarjetas adicionales de los hijos, que cuando cumplen 18 años tienen que hacer frente a las deudas de sus padres.
“De una forma totalmente abusiva, todos los uruguayos hoy les pagamos un 0,3% de lo que consumimos a los gerentes de los bancos, a la banca privada, sin ningún tipo de regulación. Hoy es el 0,3 y mañana podrá ser el 0,5 o el 10. No tenemos hoy ninguna regulación y esta es una forma de aumentar la imposición que los bancos le ponen a la ciudadanía”, señaló el diputado.
Dora Szafir, profesora de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Facultad de Ciencias Económicas, sostuvo que el seguro es ilegal porque implicó una modificación unilateral del contrato inicial (literal C del artículo 31 de la Ley 17.250 de defensa al consumidor). "La ley dice que no se podrán hacer modificaciones unilaterales y el Banco Central dice 'salvo tal cosa'. Esa salvedad es ilegal, porque la ley prohíbe cualquier cambio que haga la tarjeta sin mi consentimiento. Una de las cosas que se establece en la circular, es que si hay una modificación yo me puedo oponer y el banco tiene un plazo para decirme si acepta o no mi oposición. Cuéntenme de algún caso en el que el cliente haya tenido razón", explicó.
El actual ministro de Economía, Danilo Astori, dijo en entrevista con No toquen nada durante el 2014 que este planteo era atendible. "Tenemos que seguir, analizar y detectar situaciones como la doctora Szafir nos planteaba en su comentario, dicho sea de paso, son atendibles porque es una excelente profesional y si hay correcciones para hacer, las vamos a tener que hacer sin dudas", expresó.
El seguro de vida se impuso a los usuarios a fines de 2011, luego de que los emisores de tarjetas acordaran con el Ministerio de Economía y Finanzas una autorregulación de los aranceles que cobran a los comercios por su uso. La medida estableció que a partir de enero de 2012, el arancel máximo para tarjetas de crédito pasó a ser de 4,5% en compras a contado y 4,9% en compras en cuotas. Para tarjetas de débito, el arancel máximo pasó a ser de 2,5%, de forma de promover las compras con tarjetas de débito que tenían poca incidencia.
En el proyecto de ley presentado por Peña no se pone un tope, pero se regula la dispersión. “Seguimos sin regular la a través de la ley lo que se les cobra a los comerciantes en Uruguay, a pesar de que se hizo un acuerdo privado entre el Ministerio de Economía y los bancos. Al mes de esto los bancos lograron duplicar los aranceles a las tarjetas en el exterior y con el seguro de vida sobre el saldo lograron recaudar lo mismo que sacaban antes con el cobro de arancel al comerciante”, expresó el diputado.
Peña hizo referencia a la situación de desprotección en la que están comerciantes y usuarios. Como ejemplo puso la estafa con tarjetas de crédito por la que fueron procesadas varias personas. “Hoy no tenemos regulado ni siquiera quién es el responsable en estos casos. Perfectamente, miles de uruguayos podrían haber sido estafados y miles podrían haber tenido que pagar de su bolsillo. En definitiva, hoy hay una institución que regula, cobra y tiene el negocio en sus manos, que no tiene regulado a nivel legal”, dijo.
El diputado agregó que se necesita una ley y no acuerdos. Al final de su alocución pidió que sus palabras sean enviadas al ministro de Economía, Danilo Astori.
En 2013, cuando esta ley estaba en el Senado, el actual ministro de Economía le dijo a No Toquen Nada que creía importante su aprobación y que debía ser “rápidamente”.
