Marcel Vaillant

TISA por Ley de Presupuesto

Los hechos políticos revelan que tuvo lugar un intercambio político entre las dos facciones que caracterizan la estructura de la coalición política que gobierna al país desde hace más de una década. La secuencia de eventos así lo indica.

Actualizado: 14 de Setiembre de 2015 | Por: Marcel Vaillant

La facción liderada por Danilo Astori orientó y tuvo el control de la política económica durante los dos períodos de gobierno anteriores. La otra facción es más heterogénea en su composición y más fácil definirla por oposición a la anterior. Claramente su líder político más gravitante es José Mujica que tiene el control sobre el mayor conjunto de parlamentarios dentro de la coalición y a partir de este hecho ejerce una fuerza centrípeta sobre el resto de los grupos. La prioridad del gobierno en la política económica puede sintetizarse en una fórmula sencilla. Reestablecer la estabilidad macroeconómica amenazada como un elemento diferenciador fundamental que le permita volver a convertir a la inversión (privada doméstica y extranjera) en el motor de crecimiento de la economía pequeña en una senda de creciente internacionalización y apertura. Para los objetivos macroeconómicos propuestos el Ministro tiene dos instrumentos en pleno desarrollo: pauta salarial y ley de presupuesto. El Presidente Vázquez es una máquina perfecta para sumar adhesiones y ganar elecciones, pero no se caracteriza por ser un líder político de opinión. En la polarización de posiciones suele estar siempre más cerca de Astori. Las prioridades de política económica son las antes mencionadas y para ello se requiere disciplina de la coalición en el Parlamento. Este año ya se enfrentaron varias circunstancias políticas donde esta polarización se expresó y no siempre se resolvió a favor del gobierno.

En el episodio del TISA el Presidente Vázquez optó por entregar la negociación seguramente con el acuerdo del Ministro de Economía. Consultar al Plenario del Frente Amplio cuando la respuesta era antes conocida fue el procedimiento seleccionado. La amplificada mayoría que la segunda facción tiene en esta estructura del Frente Amplio así lo permitía conjeturar. Sin embargo, no se consultó sobre el presupuesto ni sobre la pauta salarial, temas en donde el Plenario del Frente Amplio, con sus estructura de mayorías particulares, tendría seguramente una opinión distinta de la del gobierno electo. En este caso se optó por hacer lo que se prefiere hacer sin mediar ninguna consulta.

Esta transacción política en proceso–TISA por ley de presupuesto- no es gratis. El lugar secundario en que ubicó el gobierno la negociación comercial y la posibilidad de suscripción de acuerdos, como moneda de intercambio política para comprar gobernabilidad dentro de su propia fuerza política manifiesta un problema general que Uruguay tiene en relación a este tema. Este problema no es exclusivo de este gobierno sino que está presente desde largo tiempo atrás en el país.

Primero es necesario ubicar la prioridad que hoy tiene el acceso al mercado internacional. En efecto constituye un cuello de botella y condiciona la estrategia del propio gobierno de apostar a la inversión como elemento dinámico de la demanda externa. En una economía pequeña como la de Uruguay la complementariedad entre las corrientes de inversión y de comercio se expresa con toda su fuerza. Pero en el país el acceso al mercado se encuentra comprometido al menos por la combinación simultanea de cuatro factores: a) la región sigue empeorando como mercado de destino, al bajo desempeño estructural del acuerdo se suma la enorme inestabilidad macroeconómica de los vecinos; b) Uruguay está quedando fuera del sistema generalizado de preferencias lo que implica perjuicios sectoriales particulares; c) reducción del precio internacionales de productos centrales de la canasta exportadora del país; d) el caudal de acuerdos comerciales con que cuenta el país es extremadamente reducido en virtud de la estrategia subordinada al MERCOSUR que el país optó por seguir.

En este contexto el país está sin una agenda seria de negociación comercial y el único elemento novedoso con potencial de desarrollo futuro y afín al patrón de especialización más moderno que el país tiene (servicios globales) se acaba de entregar con miras de alcanzar otro objetivo (ley de presupuesto).

A pesar de los nuevos anuncios y buenas intenciones del Canciller Nin Novoa, al día de hoy la agenda externa de Uruguay es extremadamente pobre. Más en un contexto en donde el MERCOSUR como plataforma de negociación con terceros se termina de disolver. Cuando la política comercial debe ser un constructor del largo plazo el país se empeña en seguir dependiendo de un acuerdo de comercio administrado con Venezuela, el que podrá resolver alguna operación comercial en el año, pero es incapaz de crear la necesaria certidumbre futura sobre el acceso al mercado internacional que este país necesita. Se sigue insistiendo con las barreras no arancelarias en el MERCOSUR como elemento central de la agenda que, por decir lo menos, es un punto de partida muy pobre. Queda entonces solo la increíble y eterna negociación con la Unión Europea.

La reducción de las exportaciones ya es un hecho al igual que el impacto negativo inmediato en el mercado de trabajo. La dependencia del mercado de trabajo de la demanda externa es mucho mayor hoy que hace una década atrás, lo cual le agrega un elemento adicional a la preocupación sobre un acceso al mercado externo más amplio.

La política comercial para una economía pequeña y abierta es un componente fundamental que determina de una forma estructural la capacidad de crecimiento. Se trata de una política estratégica cuyos efectos se observan en el largo plazo. Como tal debería ser gestionada. La continuidad que la misma tenga a través de diferentes gobiernos es un elemento clave para que la misma pueda tener los resultados deseados. Si bien en materia de política de apertura unilateral el país mantuvo una orientación sin reversiones proteccionistas desde hace varias décadas y a lo largo de distintas administraciones, es necesario lograr que este consenso político amplio se exprese en materia de negociación de acuerdos. Uruguay cuenta con una amplia mayoría política en el país que comparte el rumbo sobre la inserción internacional pero esta no logra manifestarse en una agenda negociadora distinta.

El episodio reciente del TISA revela un tema a nivel de las reglas de funcionamiento del país en relación a la negociación y suscripción de acuerdo comerciales que sería importante revisar. El mismo se suma a otros traspiés que el país ya ha tenido en esta materia, como la irracional condicionalidad que se adoptó en el gobierno de Jorge Batlle (Decisión 32/00 del Consejo Mercado Común) y que luego se utilizó como un mecanismo para “atarse las manos” en materia de negociación comercial con terceros. Institucionalmente el Parlamento ni se enteró de la medida cuando es el que debe ratificar los acuerdos internacionales. Algo similar ocurrió con la posible negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que siguió un trámite de bloqueo similar al interior del Frente Amplio, cuando la amplia mayoría del sistema político apoyaba la negociación.

Esta posición mayoritaria del sistema político traduce y representa de forma correcta los intereses de los más amplios sectores del país. Como economía pequeña abierta al mundo, que ya proceso su proceso de apertura económica en su etapa de ajuste productivo contractivo más costosa, tiene necesidad de promover procesos de apertura de los mercados del resto del mundo, para mejorar la realización de la producción doméstica. Una economía pequeña no resguarda la producción nacional favoreciéndola en un mercado interno que no tiene, sino buscando no ser discriminada en el mercado externo. Hoy esto se logra con acuerdos comerciales.

El futuro va a requerir que el país tenga un programa amplio en materia de acuerdos que establezca de forma estratégica hacia donde se quiere orientar. Es necesario dotar a este programa de los más amplios apoyos. Se requieren innovaciones institucionales. Una forma podría ser darle participación al Parlamento y que el Poder Ejecutivo informe antes de iniciar cualquier proceso de negociación al Parlamento. Este podría liderar los mecanismos de consulta pública con los sectores potencialmente afectados. De esta forma se darían garantías democráticas de que el proceso de consulta sigue ciertas reglas conocidas y que no se adoptan posturas sin una correcta información.

En otros países ya existe un mecanismo de autorización parlamentaria para la negociación comercial, quizás sea el momento de pensar un mecanismo similar para el país y salir de la trampa en materia de negociación comercial en la que estamos.

De forma provisoria podría intentarse pedir un apartamiento temporal de la negociación del TISA y procesar un trámite de consulta pública que se llevara adelante por parte del Parlamento. Si los miembros del TISA no aceptan el apartamiento del país entonces sería una forma más decorosa de salirse que simplemente apartarse de la negociación por los motivos conocidos. Es probable que esto ocurra y los contrarios al TISA estarán satisfechos pero Uruguay además tendría una salida diplomática más decorosa. En cambio si aceptan nuestro pedido se abre una oportunidad para comenzar a procesar una innovación institucional en el país e informarse realmente de qué se trata el acuerdo y que se revelen los reales intereses nacionales respecto del mismo. Es posible quizás que algunas opiniones cambien en el proceso y reflexionen en profundidad sobre un asunto fundamental.

Uruguay es el país donde se creó y se estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en los sesenta, el Tratado de Montevideo en los ochenta con la creación de la Asociación Latinoamericana de Integración, la Ronda Uruguay del GATT en el año 1986. En los noventa se estableció la Sede de la Secretaría del MERCOSUR en Montevideo. Además, en la Ronda Uruguay fue impulsor del grupo de Cairns para defender la liberalización de los mercados agrícolas y más recientemente en este siglo le tocó la Presidencia y coordinación de unos de los tres grupos de negociación de la Ronda de Doha (Reglas de Comercio). Este es el destino internacional del país y lo tenemos que recuperar, entre otras cosas con una agenda proactiva de negociación comercial internacional en donde el TISA seguramente debería estar en el menú.

 

Marcel Vaillant es profesor Titular de Comercio Internacional, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

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