Amenazas, hostigamiento y censura en la prensa uruguaya en 2015

Cainfo presentó un informe de amenazas a la libertad de expresión en el periodismo de Uruguay, en el que se relevan 28 casos desde abril de 2015 a marzo de 2016.

Actualizado: 03 de mayo de 2016 —  Por: Redacción 180

Amenazas, hostigamiento y censura en la prensa uruguaya en 2015

adhoc ©Javier Calvelo

En la actualización del “Monitoreo Nacional de Amenazas a la Libertad de Expresión” del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), se relevaron 28 casos en Uruguay entre el 1º de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016.

De ese total, ninguna fue calificada como “Alta” por su gravedad, mientras que hubo 11 de nivel “Medio” y 17 “Leves". Montevideo fue el departamento con mayor número de casos con 17, seguido por Soriano, Colonia y Paysandú, con dos cada uno.

El informe describe cinco casos de amenazas al desarrollo de la profesión periodística. Entre estas se nombra la sufrida el 9 de mayo de 2015 por un periodista del diario El Pueblo de Salto, que fue amenazado “por parte de un grupo de militantes del Movimiento de Participación Popular (Lista 609) de Salto durante un acto político como represalia por sus artículos periodísticos”.

También, aparece la amenaza denunciada por el semanario Búsqueda por parte del empresario Carlos Bustin, representante en Uruguay de Mercedes Benz, quien amenazó al medio con quitarle publicidad si informaban sobre “detalles de la negociación para vender su avión privado al Poder Ejecutivo”.

Entre los cinco casos de hostigamiento laboral mencionados en el informe de CAinfo, se incluye la prohibición por parte del dueño de Emisora Color de Cardona, Gabriel Nicolleau, de sacar al aire un informe realizado por el periodista Emiliano Wigman, que renunciaría a su puesto posteriormente. El reporte trataba sobre “la utilización del teléfono de una oficina del Municipio de Cardona para la coordinación de entrevistas de los candidatos de la lista 903 del Partido Nacional en Soriano”.

Además, repasa la denuncia que realizó la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) ante el Parlamento sobre pérdida de fuentes de trabajo de empleados de medios de comunicación como “El País, La República, La Diaria, Caras y Caretas y Búsqueda, así como las radios El Espectador y Nacional”.

A su vez, se indican cuatro hechos de hostigamiento a través de la Justicia, como la demanda judicial que la empresa Dyrus S.A., propietaria de Alas Uruguay, realizó contra el periodista Javier Bonilla, el consejero editorial Ricardo Garzón y la directora del diario digital Enfoques, María Garzón. La demanda era por un monto no menor a 100.000 dólares, debido a columnas de opinión escritas por Bonilla sobre la situación de Alas Uruguay. Ambas partes, finalmente, llegaron a un acuerdo para dejar sin efecto la demanda, de acuerdo al informe de CAinfo.

También, se menciona el caso del periodista y funcionario de Antel, Graziano Pascale, que inició un juicio penal por difamación a un medio escrito y a un programa de televisión. Esto se debió a que los medios denunciaron su vínculo laboral con la Intendencia de Maldonado, “donde trabaja como asesor del intendente Enrique Antía a través de un pase en comisión”.

El informe también cita diez casos de obstrucción del trabajo periodístico, relevando ocasiones en las que se convocó a conferencias de prensa y no se permitió a los periodistas realizar preguntas; dos casos de rechazo a pedidos de acceso a la información pública; uno de hostigamiento físico y uno de censura, en referencia a la declaración del Plenario del Frente Amplio en la que acusaba a los medios de “debilitar la institucionalidad democrática del país”.

Ingrese aquí para ver el informe completo de CAinfo.