El operativo de control de motos "Aruera" apunta a sacar de circulación los vehículos que presentan irregularidades para reducir ilícitos como por ejemplo los hurtos y las rapiñas, así como también combatir el tráfico de drogas, donde se utilizan motos para desplazarse, explicó el Ministerio del Interior, que realizó una evaluación de resultados a poco más de un año de su implementación.
Desde que comenzaron estos operativos en marzo de 2015, se realizaron 39.520 procedimientos, entre 50 y 90 operativos semanales, en conjunto con inspectores de Tránsito de las intendencias y oficiales de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito (ex Caminera). Hubo 8.311 motos incautadas, de las cuales 145 habían sido hurtadas.
Además, en el marco de estos controles del tránsito se hicieron 8.600 espirometrías, de las que 948 dieron positivas, un 11% del total.
La presencia de conductores alcoholizados es superior 6,8% registrada en el informe anual de siniestralidad presentado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en 2015, aunque en este caso se trata de conductores a los que se les pudo realizar el examen en el lugar del siniestro. En otros casos, dada la gravedad de las lesiones o la urgencia del traslado, no es posible hacer la prueba de espirometría. Fueron casi 17.500 controles realizados en todo el país y el 93.2% de los casos no se registró presencia de alcohol en sangre, proporción similar a la registrada en el año 2014.
Los motociclistas son el principal problema de la siniestralidad en el país. En el 2015, cada 17 horas murió una persona como consecuencia de un siniestro de tránsito en el país y de ese total de fallecidos, unos 256, algo más de la mitad circulaba en moto.
Además, ocho de cada 10 lesionados se registraron en ciudades y caminos departamentales.
El Ministerio del Interior informó que las motocicletas que fueron incautadas y que no estaban en condiciones de ser retiradas por sus propietarios pasarán a ser destruidas. El material obtenido será destinado al Plan Juntos para la construcción de viviendas, de acuerdo a la ley 18.791 que establece el protocolo para enajenar como chatarra vehículos que fueron secuestrados por el ministerio y transcurridos 30 días no fueron retirados.
