El 21 de abril, el Tiburcio Cachón fue ocupado por usuarios y ex usuarios ante lo que las autoridades del Mides anunciaron como un inminente traslado.
Desde el día uno en que el Mides quiso lacrarles el baño y la cocina hasta ahora pasaron varias instancias de conversaciones. La mayoría en la comisión de Derechos Humanos de Diputados donde estuvieron los usuarios del Cachón, representantes del Mides, diputaos invitados que estuvieron trabajando en el tema e integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
La ocupación del Cachón tiene una asamblea que los representa. Fue elegida y luego ratificada en dos instancias. Está integrada por dos usuarios y tres egresados.
En la última reunión con el Mides en Cámara de Diputados le pidieron a las autoridades que se comprometa por escrito a que por un periodo de un año no se hará el traslado del centro y que durante este tiempo se lleven a cabo las negociaciones.
“La ocupación genera desgaste, las personas que necesitan rehabilitarse no lo pueden hacer, por lo tanto, nos parece conveniente retomar las rehabilitación y negociar esto con tranquilidad, porque los tiempos políticos muchas veces son más largos que los de una ocupación ¿Por qué un año? Porque nosotros entendemos que el instituto Artigas no es el lugar adecuado para hacer una rehabilitación y además en este momento no está en condiciones. Si se hiciera allí hay muchas reformas que hacer, no solamente en el edificio, sino también en el entorno. Por eso si el Cachón no es el lugar, habrá que pensar en un tercer lugar que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y accesibilidad. Me refiero a la planta física y a las condiciones del entorno: calles, semáforos, transporte. Porque el componente principal de la rehabilitación es, por un lado, la aceptación de la persona ciega de su discapacidad y, por otro, aprender a manejarse con autonomía en la calle y en el Artigas no existen las condiciones para hacerlo gradualmente, porque está frente a una ruta, pasan autos y camiones a gran velocidad, las manzanas no tienen veredas, no hay muchos transeúntes que puedan ayudar a la persona ciega. Entonces, no es posible hacer lo que se hace en el Cachón en el Instituto Artigas”, explicó Verónica Orrico, que integra la comisión de negociación. Ella es psicóloga y fue primero usuaria y luego técnica en el Cachón.
“Lo que nos convoca es la causa, nuestra creencia, argumentos y saber cómo nos dio resultado una rehabilitación integral durante nuestras vidas desde el punto de vista laboral, social, emocional y en cuanto a proyecto de vida. La defensa es por ese motivo y en solidaridad con esos compañeros porque nos duele lo que percibimos cuando fuimos al Cachón. Entonces, lo que nos da tranquilidad es que nosotros no recibimos subvención, ni del Mides ni de nada, ni tampoco eventuales cargos dentro o fuera del centro de rehabilitación. Lo único que nos mueve y lo hacemos a costo personal, me refiero al tiempo e insumos que lleva acompañar y negociar, es lo afectivo y ser solidario con los compañeros”, dijo el ex medallista olímpico y psicólogo Jorge Llerena, que es otro de los ex usuarios que también integra la comisión de negociación.
Durante este tiempo, la ocupación consiguió el apoyo de la Unión Latinoamericana de Ciegos, que pidió al gobierno uruguayo que haga todos los esfuerzos posibles para que el centro se mantenga en su tradicional edificio.
Aprendiendo a discutir con legisladores
Otra integrante de la comisión de negociación es Mabel Ortiz. Ella es usuaria del Cachón, tiene 60 años y se define como “apolítica”. Pero ahora su vida cambió. Lee las leyes, las versiones taquigráficas del Parlamento y discute con legisladores en comisiones.
“Nunca me hubiese pasado por la cabeza que un grupo de personas ciegas fuera a estar ocupando un centro, sobreviviendo en base a la colaboración de vecinos, nosotros mismos, personas que se acercan”, dijo Ortiz.
Cuando conversó con 180 estaba yendo a la biblioteca de Primaria a buscar material que le iban a pasar en audio.
“Quiero material sobre el plan de trabajo para la discapacidad que está reconocido mundialmente, que fue trabajado por Ángel Aguirre, quiero la ley de discapacidad, las actas de comisión donde habló la ministra Arismendi, las actas de comisión donde estuvo yo. Porque hay cosas que tengo que releer, las quiero tener escritas y hacer mención, porque me cuesta expresarme ante tal grupo de personas”, contó.
Ella participó de la asamblea en la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay en la que les dijeron que se trasladaban al Instituto Artigas. Pero oficialmente como usuaria del Cachón fue informada en marzo.
De la ocupación se enteró el mismo día que se hizo y durante estos 60 días ocupó. Se queda de día y en la noche se va a su casa. Otros compañeros van a la noche.
La ocupación se sostiene con plata de los usuarios y de algunos que colaboran, vecinos e incluso políticos.
“Estamos organizados, está muy bueno que empezamos a hacer actas en las asambleas, un grupo se dedica al conflicto. Ahí estoy yo y debuté el 18 de mayo en la comisión de Derechos Humanos. Otra comisión se dedica a los temas internos de la ocupación, la gente que va de noche, el alimento, cubrir la garrafa, la limpieza. La estamos bancando nosotros, hay vecinos que colaboran y recibimos del despacho de Lacalle Pou víveres no perecederos. Los vecinos levantaron firmas para que no se traslade el centro. Nos prestaron ollas, garrafas, colador, colchones porque no teníamos. Hay muchos ex usuarios que tienen su fuente de trabajo y no se han arrimado al centro. La UNCU no se arrimó ni para ver si necesitábamos un plato de comida”, dijo Ortiz.
Una idea de Sanguinetti
A fines de noviembre la directora del Pronadis, Begoña Grau, comunicó la decisión de trasladar al Cachón en la sede de la UNCU, que tiene un padrón de 400 socios, de los cuales 100 son activos.
La UNCU no se manifestó sobre el tema hasta la ocupación. Pero hace dos semanas en comisión su presidente Gabriel Soto se quejó de que el Mides tomó esta medida de forma inconsulta.
“Quiero decir que esta medida del Mides de traslado no ha sido la única decisión gubernamental en materia de discapacidad que se ha tomado sin consultar a la sociedad civil. Esto no solo pasa ahora. Este es el corolario de un camino que venía siendo anunciado por la deficiencia de la rehabilitación que se venía dando”, dijo.
La última sesión de comisión en Diputaos se realizó el miércoles 15 de junio. Al Mides todavía le siguen preguntando cuáles eran los plazos y las condiciones del traslado, y quién garantiza técnicamente las condiciones para los usuarios. Las respuestas fueron variadas.
El diputado del MPP, Washington Silvera, integrante de la fuerza política del gobierno que acompañó durante todo el proceso a los usuarios del Cachón, le preguntó a los representantes de UNCU si sabían cuáles eran las razones del traslado.
“Cuando este problema empezó, la directora Begoña -días después hablamos con la ministra Arismendi y nos dio otra versión- nos dio el motivo del traslado ¿Ustedes saben cuál fue el primer motivo -porque hubo dos- del traslado?”, dijo.
“El primer motivo que nos informaron a todas las organizaciones de la discapacidad en las reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social fue económico”, respondió el presidente de UNCU.
“A nosotros también nos dieron ese motivo: 150.000 pesos. Y después apareció el otro, el traslado de madres con niños del Pereira Rossell o algo similar. Si ponemos eso sobre la mesa, seguramente nos definamos por el lado de los niños por una cuestión de sensibilidad, porque como dicen ustedes, mal o bien la rehabilitación se podría hacer en otro lado. A mí me parece poco serio de parte de las autoridades, porque nunca hubo un motivo solo, pero menos seria me parece la cifra de 150.000 pesos para un proceso de una cantidad de años que estaba dando excelentes resultados, que ustedes saben mejor que nosotros la importancia del lugar estratégico donde está, porque ese seguramente sea el sueldo de algún director. Para los niños se puede habilitar cualquier lugar estratégico en cualquier lugar de Montevideo; hay muchos lugares que tiene el Estado como ASSE o Salud Pública”, sostuvo Silvera.
Después, en otra visita a comisión estuvo la directora de la división de Servicios Jurídicos y Notariales del Mides, Brenda Ibarra, que también aportó su visión.
Esta vez el Mides dijo que no era nuevo, sino que era una idea del primer gobierno de Sanguinetti.
“El traslado está decidido y no es una posición que se considere cerrada (se refiere a terquedad); se trata de una decisión de la jerarquía que además no es novedosa, porque en 1985, durante el primer Gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, en la Ley de Presupuesto Nacional ‑creo que el artículo 449‑ ya se previó el traslado, es decir, expropiar el inmueble ocupado por el Instituto de Ciegos General Artigas a los efectos de destinarlo al Centro de Rehabilitación para Ciegos Tiburcio Cachón”, sostuvo.
