Hace una década que desde el gobierno se insiste en frenar la violencia en el fútbol. Pero para que eso ocurra, el actor principal debe estar comprometido. Y eso no ha sucedido hasta ahora.
En un documento presentado en abril del 2007 el Ministerio del Interior le solicitó a los clubes diez medidas para frenar a los violentos. El 9 de octubre del mismo año, el encargado mayor del Estado Mayor Policial, Luis Ituarte, remitió un memorando a la entonces ministra Daisy Tourné donde habló de “la absoluta falta de colaboración por parte de los clubes para aplicar la medidas sugeridas. Estos están más preocupados en no pagar el 222 y tratar de jugar a como dé lugar que en invertir en la seguridad de los espectáculos”.
En Uruguay las hinchadas comenzaron siendo bien vistas. Lejos de la denominación actual de “barras bravas” eran “locos lindos” que llevaban bombos y cantaban todo el partido. Y, ya sea por miedo o por ignorancia, tanto directivos como jugadores contribuyeron a la transformación. Hasta que un día les explotó en la cara.
En la sentencia por el asesinato del hincha de Cerro Héctor Da Cunha a manos de parciales de Peñarol, el juez Julio Olivera Negrín destaca que los asesinos reconocen que recibían entradas del club. El juez dijo que había códigos de silencio para no inculpar y que el armado de esos grupos eran una verdadera “asociación para delinquir”.
En otros casos han sido los propios dirigentes quienes, desde su rol de abogados, sacan a los barras de las cárceles, como reconoció hacerlo el neutral de Nacional Alejandro Balbi.
Dos episodios muestran la insensatez de quienes deben frenar la violencia. El 31 de agosto de 2008 Nacional entró tarde a la cancha y el ex árbitro, Líber Prudente, le dio por perdido el partido al Tricolor. Los hinchas se indignaron con la decisión y generaron incidentes. Uno de los más exaltados, que insultaba al juez e incitaba a la gente era el ex presidente del club, Víctor Della Valle. El 23 de marzo de 2013 Peñarol perdió con Danubio en el Estadio. A la salida, un hincha enojado trató al presidente Juan Pedro Damiani de vende humo. Este respondió con una trompada y luego dijo “son cosas del fútbol”, como si fuera un delantero que erró un gol. Luego se justificó: “tengo sangre italiana”.
Ninguna de esas situaciones tienen que ver con el problema de la violencia pero deja claro en manos de quiénes está la solución.
Hace dos años y medio buena parte de la dirigencia detectó que los incidentes en el partido Nacional-Newell´s eran la excusa perfecta para sacar a Sebastián Bauzá de la AUF. Se aferraron a ella y no lo dudaron: Prometieron ante el entonces presidente de la República, José Mujica, cámaras de identificación facial en los escenarios. Ni ellos mismos se lo creyeron.
Un día después de concretado el golpe a Bauzá, recibieron a las autoridades del Ministerio del Interior en la AUF. Tras el encuentro, el subsecretario, Jorge Vázquez, dijo a Subrayado que los clubes costearían económicamente la instalación de los sistemas de seguridad y que se pediría apoyo tecnológico a Antel para implementarlo.
“Vamos a empezar en los próximos partidos con un sistema que lo probamos en el país y está bien”, afirmó Vázquez y agregó que ya se trabaja en el “proceso licitatorio”.
Seis empresas uruguayas presentaron sus propuestas ante la Asociación bajo las condiciones de un pliego licitatorio diseñado por el Ministerio del Interior. Allí se estableció que “la apertura de las ofertas se llevará a cabo por el Consejo Ejecutivo el día 29 de agosto de 2014, a las 19 horas”. Sin embargo, el plazo para la recepción de propuestas se pospuso en dos oportunidades, primero para el 26 de setiembre y finalmente para el 17 de octubre.
Ni en agosto, ni en setiembre, ni en octubre, la AUF estaba en juicio con Full Play, excusa utilizada por el Ejecutivo como justificación a la inacción y a la falta de dinero en caja.
Según informó en ese momento El Observador, DDBA ofertó por 4,5 millones de dólares, Vacelco SA por 4,9 millones, TS Group SRL por 5 millones, Cabo Azul SA por 5,7 millones y Genper SA (Prosegur) por 8,1 millones. La otra empresa quedó fuera por no cumplir con el pliego.
En febrero del 2015 el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, contó a El Observador que al abrir la licitación se percataron de los precios. "Evidentemente no tenemos ese dinero", dijo y agregó: "Aspiramos a buscar soluciones conjuntamente con el Estado". En esa fecha recién se había firmado el contrato con Full Play y a la AUF había ingresado un millón de dólares por el pago de las primeras dos cuotas.
Es cierto que la AUF no está obligada a un proceso licitatorio, por lo que es válido intentar renegociar tras abrir los sobres y constatar los precios altos. Es un llamado a precios desde una empresa privada que busca regatear luego. La cuestión es que se hizo tarde, bajo presión y con la política de ver qué pasaba para, de nuevo, patear para adelante.
El 24 de mayo de ese año se volvieron a reunir en la AUF. “Se entró en la etapa definitoria para la licitación de ese material de tecnología avanzada y en 15 días se espera haya definiciones”, consignó la página de Tenfield.
Ocho meses después, el 20 de enero del 2016 se reunieron en la AUF Vázquez, Valdez y el secretario de asuntos económicos, Ignacio Alonso. Los integrantes de la Asociación propusieron “readecuar” el proyecto.
Son apenas ejemplos de la inacción de la AUF que, con la complacencia de los medios, ha pateado para adelante la pelota tantas veces como ha podido.
¿Qué parte de la “larga lista de incumplimientos” que expresó el director de Deporte, Fernando Cáceres, molestó a los clubes?
¿Qué parte del “hemos sido tolerantes mucho tiempo, ahora se necesita esto”, expresado por Vázquez no es real?
Como contrapartida a la conferencia de prensa en el Ministerio, los clubes votaron suspender el fútbol hasta que haya una solución al tema. Pero en realidad la solución depende solo de la AUF. La medida solo busca presionar al gobierno, que cargue con los costos de una eventual suspensión del fútbol y dar más tiempo a los clubes para que vayan a pedirle dinero a Casal para pagar las deudas. El conflicto sirve de excusa para, otra vez, patear el inicio del Uruguayo y las deudas unos días más. Esos son los verdaderos motivos de la decisión de la Asamblea.
En medio del caos, Valdez se sentó el lunes en el estudio de Subrayado a escuchar las sensatas preguntas de Blanca Rodríguez y a informar: "Estamos dispuestos a dar el primer paso de poner las cámaras en el Centenario" y que “en los próximos días” se puede llegar a un acuerdo.
¿Alguien duda que si el gobierno no se paraba firme, si no decía basta, los dirigentes continuarían dilatando el tema y la AUF buscando excusas, hasta que de nuevo hubiese un incidente grande y entonces detuvieran el fútbol un par de semanas, hicieran algunas reuniones, pusieran cara de preocupación y volvieran a andar hasta la próxima?
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