El Senado votó este lunes una modificación a la ley de inclusión financiera que permite al Poder Ejecutivo ampliar las prórrogas para la entrada en vigencia de la obligatoriedad hasta que haya puntos de extracción de dinero disponibles.
Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas en el Parlamento en todo el país son unas 442 localidades con dificultades de acceso a puntos de extracción donde viven 213.000 habitantes.
El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, había pedido esta modificación al Poder Ejecutivo y quedó conforme con el cambio.
“No hacer obligatoria la norma que establece el pago por vía bancaria cuando no está el Estado ni la estructura financiera disponible para que esa obligación se cumpla. Es como contradictorio que se exija una obligación al ciudadano y que al mismo tiempo no haya disponibildad de los mecanismos de cobro correspondientes”, explicó Mieres.
“Hay localidades, particularidades las más pequeñas, donde no existen los servicios financieros correspondientes con lo cual se ha generado la circunstancias de que de pronto un trabajador tiene que perder un jornal para trasladarse a alguna localidad cercana, 50 o 100 kilómetros, a efectos simplemente de cobrar el sueldo. Esta situación es totalmente paradójica y contradictoria con la finalidad que la propia ley establecía en el sentido de la inclusión”, agregó.
La ley 19210 determina la obligatoriedad del cobro por medios electrónicos. Este proceso es gradual y tiene una fecha límite el año que viene, en abril. La discusión es si este derecho debe ser obligatorio. Cuando el coordinador del Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, estuvo en comisión del Senado explicó que si dejan el derecho librado a la negociación de empleado y empleador muchos empleados no van a tener la fuerza suficiente para ejercerlo.
Desde el Partido Nacional se volvió a criticar la inclusión financiera por la ganancia que le genera a los bancos en detrimento de los comerciantes.
Vallcorba dijo en comisión el 11 de agosto que “en los casos de localidades de menos de 2.000 habitantes, dicha prórroga podrá superar el plazo de un año, atendiendo la disponibilidad de puntos de extracción de efectivo, en los términos que establezca la reglamentación”.
El funcionario señaló que en el relevamiento hecho por el Ministerio de Economia se encontró que hay “425 localidades de menos de 2.000 habitantes que al día de hoy no tienen un punto de extracción de efectivo. De estas localidades que no tienen punto de extracción de efectivo, un 22 %, o sea 98 localidades, sí tiene un POS. O sea, al menos tienen comercios que aceptan el medio de pago electrónico y, en definitiva, este es un primer avance en lo que es la estrategia –que luego vamos a comentar– que estamos desarrollando para poder resolver esta problemática”.
El Ministerio se propone que en todas las localidades de más de 500 habitantes exista al menos un corresponsal financiero con la tecnología para hacer las extracciones.
“En principio, podemos imaginarnos una red de cobros y pagos que, además de facilitar el acceso a los servicios financieros en general, permita ser un punto de extracción de efectivo, tal como lo tenemos en todos los locales de las redes de cobranza en la capital y en las principales ciudades del interior”, explicó Vallcorba.
En las localidades de más de 1.000 habitantes el objetivo es tener al menos dos corresponsales financieros y un conjunto de comercios que acepten medios de pago electrónico, agregó.
