El cargo de 0,35% al cliente que se implementó para los pagos con VISA en las redes de pago es ilegal porque viola el artículo 25 (literal F) de la ley de inclusión financiera, según Vallcorba.
En ese inciso se establecen las condiciones básicas mínimas para el uso de la tarjeta de débito y otros instrumentos de dinero electrónico. “Los instrumentos de dinero electrónico, las tarjetas de débito y los otros medios físicos que sean necesarios para utilizar los servicios previstos en el presente artículo, así como dos reposiciones, no tendrán costo para el titular. Tampoco lo tendrá su utilización en los comercios”, dice el texto de la ley.
“El espíritu que estaba previsto en forma bastante clara del propio texto de la ley es que la transacción no tenga costo para el usuario. Esto aplicaría a las tarjetas asociadas a los sueldos”, aclaró Vallcorba a 180.
La fiscalización y sanción de estas prácticas le corresponden al BCU, según lo establece el artículo 28 de la ley de inclusión financiera. “Compete al BCU reglamentar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la presente ley, así como establecer requerimientos que aseguren el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, se expresa.
El gerente del Sistema de Pagos del BCU, Jorge Xavier, dijo en su cuenta personal de la red social Twitter que el BCU está analizando el tema y Vallcorba espera por eso. “El tema ya está en la órbita del Banco Central porque varios usuarios han presentado denuncias. Nosotros estamos a la espera de los que los servicios jurídicos del BCU y sus autoridades resuelvan en relación a este punto”, sostuvo el coordinador de inclusión financiera.
La incorporación de los pagos con dinero electrónico en las redes de pagos ha sido más lenta y Vallcorba lo reconoce. El aumento del uso de los pagos con tarjeta de débito contrasta con los datos de las redes.
Según el reporte de pagos minoristas del BCU correspondiente al primer semestre de este año, los pagos en efectivo representan el 90% de las transacciones que se realizan en las redes de pago, mientras que los débitos electrónicos con tarjeta son solo el 5,3%.
El problema de lentitud tiene su explicación en que fue difícil alcanzar un acuerdo por los aranceles que se cobran.
Las redes cobran un arancel a los clientes por el pago de facturas, esa es su ganancia. Pero para los bancos no era negocio ponerle un arancel a esa comisión que cobran las redes.
El BROU llegó a un acuerdo con un esquema más flexible y no cobra comisión, pero la banca privada decidió cobrar ese 0,35% para asegurarse un ingreso que los satisfaga y los números les cierren.
“La banca privada no estaba de acuerdo y ese fue el motivo por el cual las tarjetas de los bancos privados no podían ser utilizadas en las redes. Finalmente, hace unos pocos meses se llegó a un acuerdo por el cual se podían usar, pero la contra cara era el cobro de esta comisión, que no la cobra la red, sino el propio emisor y que en la lógica de la banca privada apunta a alcanzar un ingreso mínimo que no podía surgir del cobro de los aranceles que cobran las redes por estas facturas”, dijo Vallcorba.
Hoy la banca privada a través de VISA cobra una comisión a las redes y esa otra de 0,35% a los clientes.
“La comisión de 0,35% complementa, junto con el arancel que se le cobra a la red, un ingreso que los bancos entendían que era el mínimo que tenían que tener para habilitar esta operativa. En el caso del BROU se entendió que no, que esto era parte de todo el desarrollo de la utilización de los medios electrónicos en el país y por lo tanto asumen un arancel sustancialmente menor y no tienen ningún ingreso adicional”, agregó Vallcorba.
