“La situación amerita una vez más que el sindicato le dé la derecha a la población y haya garrafa pa todo el mundo”, dijo Alexis Otarola, representante de la Asociación de Trabajadores de Riogas, a 180.
El envasado empezó a partir 10 de la mañana y ya salen camiones para el reparto.
Este miércoles hubo reunión en Dirección Nacional del Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores del Gas y la situación se analizó con un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, contó a No toquen nada que recibió un informe detallado que los alertaba de que el país entero podía quedarse sin supergas este jueves.
“En la tarde de ayer, sobre las cinco, había culminado una ronda de evaluación a nivel nacional y nos marcaban que había cinco o seis departamentos del interior del país donde ya no había supergas para vender en los centros de distribución. Además manifestaban que cuatro o cinco departamentos más podrían llegar a tener hasta la noche de ayer. En el resto de la población el gas podría llegar hasta la tarde o noche de hoy. El jueves era el momento crítico”, explicó aludiendo al día de hoy.
El detonante de este último conflicto fue la situación de tres trabajadores de Maldonado que estaban manipulando un arma en el área de trabajo y fueron echados. Otarola dijo que los trabajadores se equivocaron, pero que no ameritaba que los echen.
“Fueron a buscar algo, no sabían qué era. El dueño lo abrió y era un arma que le habían traído de una armería, donde le habían hecho el mantenimiento. No había municiones, no había nada. La empresa se agarra de eso. Cometieron un error como lo puede hacer cualquiera al no haber un encargado que controle. Es un puesto que no tiene un encargado, ni siquiera un supervisor. Los trabajadores tienen 20 y 15 años de trabajo, con legajo limpio. Esto era para una sanción, nosotros entendemos que lo que hicieron está mal y ameritaba una sanción pero no un despido como el que está haciendo la empresa. Esa no la llevamos”, dijo el dirigente.
Otarola señaló que el conflicto con la empresa viene desde 2015 y que la empresa usó el incidente del arma como excusa.
“No respeta los derechos de los trabajadores, no respeta el convenio colectivo que se firmó. Hay cantidad de cosas que no entendemos. Consideramos que esta gente es fascista, vino acá para hacer daño porque no le importa nada. Quiere plata de Ancap, que se abran las paramétricas o rescindir el contrato e irse con plata. Está usando de rehén a los trabajadores y a la población. Es una realidad”, afirmó.
