El comunicado, titulado “La Justicia tarda… pero llega”, festeja lo que consideran el final del juicio contra la Suprema Corte de Justicia que no incluyó sus sueldos en los aumentos que aprobó en 2011 para magistrados y algunos funcionarios.
En la recta final del proceso la Suprema Corte evitó defenderse frente al reclamo de los funcionarios y el Tribunal de Apelaciones le negó al Ministerio de Economía la posibilidad de defenderse en segunda instancia. Además, la Corte declaró inconstitucional un artículo que obligaba a pagar al Poder Judicial con recursos propios y de esa forma facilitó que los funcionarios reclamen el pago inmediato de la deuda generada en los últimos cinco años al Ministerio de Economía.
El monto líquido a cobrar por los funcionarios es de 937 millones de pesos. El monto nominal superaba los 1000 millones pero a eso hay que descontarle aportes a la seguridad social e impuestos.
El diferendo salarial entre la Suprema Corte de Justicia –por un lado- y el Poder Legislativo y Ejecutivo –por el otro- se originó en el aumento de salario de los ministros del Gobierno en la Ley de Presupuesto de 2010 y en la interpretación que hizo de esa ley la Suprema Corte de Justicia donde los ministros definieron aprobar un aumento de sus propios sueldos sin que estuvieran presupuestados por los otros poderes.
Según un pedido de acceso a la información pública que realizó No toquen nada el año pasado, los ministros de la Suprema Corte ganaban más que los ministros de Estado en 2011, el año en que se decidió aumentar salarios para equipararlos con los nuevos salarios de los ministros y se desató el conflicto.
Según los datos oficiales del Poder Judicial, para ejecutar el aumento los ministros de la Suprema Corte excluyeron dos partidas (la de Vivienda y la de Perfeccionamiento Académico) que cobraban para calcular su sueldo y de esa forma quedaron por debajo del salario aumentado (equiparado con el de los senadores) de los ministros del Poder Ejecutivo.
