La Cámara de Diputados votó por unanimidad el proyecto.
El legislador comunista Gerardo Núñez destacó que esta ley “es una muestra de que cada vez más las organizaciones sociales, el movimiento popular en su conjunto, está haciendo su historia, está construyendo este país, está proyectando los sueños de un horizonte de transformaciones”.
La oposición criticó la hipocresía de obligar a los privados a cumplir con una normativa que los públicos no cumplen.
Pablo Abdala, del Partido Nacional, dijo que en 2015 ingresaron “apenas 22” personas con discapacidad en toda la administración pública. “Apenas el 0,33% de las vacantes que se produjeron fueron provistas y ocupadas por personas con discapacidad”, señaló.
En la discusión de la Rendición de Cuentas el presidente de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, había dicho que el incumplimiento de la cuota de ingreso de personas con discapacidad y afrodescendientes “produce una gran frustración y duele mucho”.
La respuesta de la ONSC está en el artículo 4 de la Rendición. Allí se obliga a los organismos del Estado a indicar en forma expresa el o los perfiles que se cubrirán con los cargos, funciones y créditos presupuestales afectados al cumplimiento de dichas disposiciones. “La nueva propuesta impone un nuevo requisito y un más efectivo mecanismo de control del cumplimiento de la normativa vigente; recalco las palabras ‘requisito’ y ‘mecanismo’. Con esta norma se pretende alcanzar a los organismos obligados en general: todo el Estado más personas públicas no estatales”, dijo Scavarelli.
En el Frente Amplio se reconoce que se está incumpliendo en el ámbito público y que esta ley no soluciona los problemas. Así lo expresó Martín Couto, suplente de Macarena Gelman.
“Está bien que nos exijan, es nuestro deber como representantes, pero además, hablando de nosotros y nosotras, quienes ocupamos esta bancada como personas de izquierda hacernos cargo de los incumplimientos que aún nos quedan. Nos tenemos que hacer cargo de todo lo que nos falta en el estado y por supuesto que hoy nadie de esta bancada oficialista dormirá tranquilo porque cree que resolvió el problema del acceso al trabajo de las personas con discapacidad”, expresó.
El diputado Ruben Bacigalupe del Partido Nacional pidió un compromiso del Poder Legislativo para hacer cumplir la ley.
“Quiero más que nada es tratar de generar un compromiso de la bancada oficialista pero de todos los legisladores, de que a partir de los próximos días empecemos a convocar a las comisiones que correspondan para que todos los directores de entes autónomos y organismos descentralizados pedirles que comiencen a cumplir con la Ley 18.651, porque nos parece de estricta justicia que si las empresas privadas tengan una sanción por no cumplir con esta ley, que el Poder Legislativo comience a controlar a las empresas públicas para que comiencen a cumplir con la ley que hace tiempo está vigente y no se está cumpliendo”, dijo.
El Artículo 18 señala que se establecerán incentivos y beneficios para las empresas privadas que contraten personas con discapacidad y para las que contraten producción derivada de Talleres de Producción Protegida.
El diputado nacionalista Martín Lema planteó que sean explícitos los beneficios fiscales que se le dará a las empresas.
“La idea, contribuyendo con el debate, era que no solamente se limite a una cuota. Era que se incentive a particulares a tener beneficios porque lo central, lo más importante, es la figura de esa persona que tiene una discapacidad y que necesita trabajar. Poco importa cuál es el leit motiv que llevó a determinado particular a tomarlo, porque aparte es una ironía, porque cuando se instalan las grandes empresas sale el equipo económico a anunciar beneficios y exoneraciones de impuestos. ¿Es tan difícil de comprender que se trate de incentivar a la contratación de personas con discapacidad?”, expresó.
