Producción de José Benítez, de No toquen nada.
“Es un endurecimiento de la respuesta penal. El que tenga que ruborizarse que se ruborice, pero asumámoslo. Creo que ese no es un tema de derechas o izquierdas, eso un tema simplemente de interpretar el clamor de la población y desde el Estado dar determinadas respuestas que obviamente no son exclusivamente legislativas para solucionar el tema”, dijo Abdala.
Los diputados de todos los partidos, menos la Unidad Popular, votaron la ley que fue acordada en la comisión de seguridad multipartidaria que convocó el gobierno. Tres diputados del Frente Amplio votaron pero expusieron en contra de limitar las libertades de reincidentes. Una de ellas fue Macarena Gelman.
“Parte de la idea de que la condición de reiterante habitual o reincidente requiere necesariamente de más encierro, evidenciando que sigue la lógica del castigo y no de la rehabilitación. Desde el punto de vista de este proyecto, la habitualidad, la reincidencia o la reiterancia son aspectos propios de las decisiones de la persona y no consecuencia de un sistema que no rehabilita”, dijo la legisladora.
“Discrepamos con la mayoría de las soluciones que desde 1985 a la fecha ha impulsado el sistema político para solucionar los problemas de seguridad pública. Se ha remitido fundamentalmente a la creación de nuevas figuras delictivas, el aumento de las penas y la definición del delito como un acto de voluntad exclusivamente. Esta mirada se mantiene el día de hoy con acciones u omisiones del sistema político”, agregó Gelman.
Los otros dos del Frente Amplio que discrepan fueron Luis Puig del PVP y Catalina de Correa, de Salto.
El diputado Ope Pasquet cuestionó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley ya que le quita a los jueces una potestad que tienen establecida en la carta magna.
“El artículo primero dice que cuando ese imputado sea reiterante, reincidente o habitual y haya cometido alguno de los artículos que están indicados aquí, que son la inmensa mayoría de los delitos que llegan a los juzgados penales, en esos casos el juez no va a poder disponer la excarcelación provisional del imputado. O sea, el proyecto de ley dice que el juez no puede hacer algo que la Constitución dice expresamente que sí puede hacer. La inconstitucionalidad rompe los ojos”, afirmó el diputado colorado.
