Los gremialistas habían denunciado al poderoso grupo por captar clientes con métodos informáticos de manera ilegal. Lo hicieron en consonancia con otros dictámenes judiciales, incluso de magistrados que ordenaron allanar sedes de Uber y arrestar a sus responsables.
Las autoridades comunales de la ciudad no le reconocen actividad lícita a Uber.
En sentido contrario, el juez Luis Zelaya señaló el lunes en su fallo que en la operatoria de la multinacional hay "inexistencia de delito" y que sus conductores no cometen al manejar "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos o asociación ilícita".
Desde que en abril Uber penetró en Argentina, se desató una puja con los conductores de taxis que pagan impuestos y mantienen sus unidades bajo inspección y control comunal, a diferencia de los vehículos desregulados de la corporación.
Decenas de movilizaciones callejeras y bloqueos de tránsito contra Uber se han realizado desde entonces.
Las protestas son organizadas por sindicatos y patronales de unos 38.000 choferes registrados en la capital argentina. Buenos Aires es una de las megalópolis de Latinoamérica, con más de 13 millones de habitantes si se incluye la periferia.
Uber ofrece viajes a la mitad del valor que cobran los clásicos autos de color negro con techo amarillo y opera en más de 400 ciudades en el mundo con un multimillonario capital patrimonial, según la firma.
Marchas con millares de taxistas contra la aplicación se han realizado en Madrid, Bogotá, Yakarta, San José de Costa Rica, Londres y Sao Paulo, entre otras ciudades. En Estados Unidos soportan denuncias judiciales por abusos.
La fiscalía de Buenos Aires ordenó el 9 de setiembre allanar oficinas de la firma internacional. La empresa siguió operando a pesar de fallos en contra dictados por otro magistrado, la jueza Claudia Alvaro. El conflicto está envuelto en una maraña judicial con intervención de varios jueces.
AFP
