Sentencia final del “caso fotocopias” cinco años después

La Justicia condenó a siete meses de prisión a 14 trabajadores de empresas de fotocopiado de la Galería Montecarlo por venta ilícita de publicaciones protegidas por derecho de autor, luego de la denuncia penal presentada en mayo de 2011 por el representante de la Fundación de Cultura Universitaria.

Actualizado: 28 de octubre de 2016 —  Por: Redacción 180

Sentencia final del “caso fotocopias” cinco años después

Requisa de fotocopias en Galería Montecarlo (Adhoc ©Javier Calvelo)

La resolución de la jueza del Crimen Organizado, María Helena Mainard, condenó a 14 imputados por el “delito continuado de reproducción, almacenamiento y venta ilícita de obras literarias y publicaciones protegidas por derecho de autor”, según se desprende del texto de la sentencia.

La pena determinada por la jueza fue de siete meses de prisión para cada uno de los imputados, además de la confiscación de las fotocopiadoras y/o impresoras que fueran de su propiedad y la eliminación del material informático contenido en forma ilícita.

También se indica que fue un atenuante para los encausados que todos fueran primarios y que confesaran el delito, pero que como agravante incidió la continuidad delictual.

La denuncia original fue presentada el 3 de mayo de 2011 por J.L.M.G en representación de la Fundación de Cultura Universitaria contra los titulares de las empresas que realizaban fotocopias en la Galería Montecarlo (18 de julio 1870) por cometer actos previstos por el artículo 46 de la ley 9.739 en la redacción dada por el artículo 15 de la ley 17.616.

El denunciante “tiene relación con una editora de larga trayectoria a nivel de las ciencias jurídicas, fundada por el Centro de Estudiantes a los efectos de difundir las mismas, las ciencias sociales y la cultura en general, a través de publicaciones, ediciones de libros y revistas, siendo uno de los objetivos principales el abaratamiento del costo del material de uso estudiantil”, indica la sentencia.

Entre las obras literarias que fotocopiaban en los locales había un “sin número de material académico”, muchas de ellas de autores que se estudian en las carreras de Facultad de Derecho. Además, “en muchas ocasiones se encontraban respaldadas digitalmente en las propias impresoras o fotocopiadoras, almacenándolas, reproduciéndolas y comercializándolas, sin la correspondiente autorización de sus autores, a precios notoriamente inferiores al que correspondía en plaza”, de acuerdo al texto. La requisa de las obras se hizo en agosto de 2011.

En 2013, el juez del Crimen Organizado, Martín Gesto, había procesado sin prisión a los 14 propietarios.

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