Joel Rosenberg

Vázquez y los jóvenes de la Coca Cola

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial dieron un claro ejemplo de arbitrariedad y falta de gestión en seguridad pública. El procesamiento con prisión de siete jóvenes por tomar una lata de Coca Cola robada es una ofrenda a la tribuna, un castigo desproporcionado que fue alentado por el propio presidente de la República.

Actualizado: 01 de Diciembre de 2016 | Por: Joel Rosenberg

El día siguiente al clásico que se suspendió por los incidentes en la tribuna Amsterdam Tabaré Vázquez mostró en España una faceta y un léxico que no lo caracterizan y pidió “agarrar del forro” a los delincuentes. Con los datos de “inteligencia policial”, habló de asonada y de argentinos que venían para participar de la misma. Dijo que detuvieron a hinchas de Peñarol con armas y drogas y pidió a la Justicia que “aplique con la mayor severidad posible las penas que correspondan”.

Al otro día un juez y un fiscal, empujados por el calor popular y la presión presidencial, decidieron erigirse en los responsables de dar un ejemplo a la sociedad: metieron en prisión a los jóvenes de la Coca Cola.

El abogado de oficio Diego Moreira, que defendió a dos de estos jóvenes de 18 y 20 años, dijo que no tenían antecedentes, que no tienen relación con barras, que van poco al estadio porque son del interior. Agregó que estudian y trabajan. Ellos reconocieron que tomaron la Coca robada, que se sacaron fotos que circularon en las redes. Una estupidez, un delito de receptación que merece un procesamiento. Lo que no se entiende es meterlos en prisión por tomar la Coca robada.

¿Cómo lo explican el juez y el fiscal? El juez Gustavo Iribarren señala en su fallo que los envió a prisión por “la gravedad que le atribuye a los hechos” según la “sana crítica”. El fiscal Juan Gómez declaró a la prensa que quiso poner “un muro de contención a ese tipo de conductas”. En su dictamen adujo que la prisión es por “la relevancia de la conducta que afecta, además del bien jurídico tutelado la sensibilidad de toda una sociedad conmovida por la insensatez de los violentos (...)”.

Ambos están diciendo lo mismo con palabras más o menos elaboradas: lo que hicieron fue juzgar a estas personas por los hechos y el clima que se dio alrededor, no por el delito en sí mismo.

El abogado Moreira dijo en No Toquen Nada que el delito no tuvo agravantes, que pidió al fiscal y al juez que no los mandaran a prisión, que les dieran penas sustitutivas. Un pedido razonable porque el delito tiene una mínima de seis meses y los jóvenes son primarios. Y para muestra basta un fallo de la semana anterior: la jueza Julia Staricco decidió darle penas sustitutivas a un hincha de Cerro que tiró piedras a hinchas de Peñarol y luego le pegó un golpe a un policía. Dos delitos, atentado y lesiones personales, y la jueza le dio penas alternativas.

Esta disparidad de criterio sucede todo el tiempo en la Justicia uruguaya. Ese es el problema, lo de los jóvenes de la Coca Cola está lejos de ser un caso aislado. La vara depende del juez y el fiscal que te toquen. Y está lleno de fiscales y jueces que consideran la prisión como la primera medida.

En este caso, lo de Iribarren y Gómez es preocupante, además, porque ambos entienden que tienen un rol superior al que la ley les otorga. Se erigieron, sin que nadie se los pidiera, en los señores de toga que frenarán la violencia en el fútbol. Lo que genera alarma pública no es ver jóvenes tomando Coca robada. Alarma pública genera pensar que este juez y este fiscal, con su capa imaginaria de superciudadanos, tienen la posibilidad de cortar la libertad de cualquiera, en cualquier momento.

Después de conocer el fallo hablamos con el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit. Le preguntamos por los casos de procesamientos con prisión cuando son primarios. Petit explicó que entre 221 países Uruguay está en el puesto 31 de mayor cantidad de presos. Dijo, además, que en Uruguay “estamos generando nosotros la violencia del mañana, estamos generando la delincuencia del mañana aplicando medidas extremas” a casos que requieren penas sustitutivas.

Petit dijo algo más, señaló que no hay una “plan nacional” de cárceles.

Y ese es el gran agujero que apareció esta semana en materia de seguridad: la idea de que no hay un plan nacional.

Lo de Vázquez es una reacción en caliente, no una estrategia. Todas sus declaraciones de esta semana son similares a los mensajes de los indignados en redes sociales. Está bien que Vázquez empatice con su gente. El problema es que él tiene la responsabilidad de guiar al país en materia de seguridad y, además, garantizar que se cumpla la ley y las garantías para todos.

Lejos de esa postura de gobernante, Vázquez se dedicó en la semana a compartir su indignación

y cuestionar a la Justicia por liberar a los detenidos. En España le dijo a un periodista: “a usted y a mí no nos llevaron presos porque no estábamos, los que fueron presos fueron porque estaban y si estaban en una casi definida ‘asonada’, algún delito cometieron, no los llevaron presos de gusto”.

Una “casi definida asonada”, eso dijo Vázquez. De las pruebas no habló. Aparentemente para el presidente estar alrededor de una casi definida asonada es motivo de prisión.

Por estas horas Vázquez se trasnformó: su actitud está lejos de la del líder que gestiona la seguridad y cerca de los indignados que claman por mano dura.

Vale decir que el presidente ya obtuvo parte de lo que quería. Gómez e Iribarren actuaron con firmeza con los jóvenes que tomaron la Coca robada. Con siete muchachos que cometieron un delito, una estupidez, en una tribuna justo en un momento donde el presidente estaban en otra tribuna, colgado de la bandera del clamor popular.