En total hubo 18 procesados por este caso. El líder de la organización, sus dos colaboradores y nueve inspectores, seis de Canelones y tres de San José, por integrar una asociación para delinquir y cohecho (coimas). Además, se procesó a cinco particulares por cohecho y a una escribana por falsificación.
En el fallo del juez Alejandro Asteggiante se explica que el líder de la organización se encargaba de contactar a los jefes de inspectores en cada departamento. Él trabajaba con las ciudades de Canelones y Las Piedras, y sus colaboradores acompañaban a los solicitantes que venían de todo el país hasta el departamento de San José, donde se les falsificaba la residencia y podían obtener la libreta.
En uno de los casos, un hombre pagó para que su hijo de 21 años pudiera obtener la libreta categoría D, que permite manejar vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones con remolque sin límite de peso. La reglamentación de Canelones exige que el examen práctico sea tomado con camiones con acoplado o tractores con semirremolque, que deben superar los 1.500 kilogramos de peso total habilitado.
El trámite normal para esta libreta demora entro dos y tres meses, pero el hombre consiguió que el trámite de su hijo ingrese como “urgente”. Solo hizo el examen médico y luego fue a la pista, pero no hizo la prueba. Cuando se le aproximó un inspector, el joven de 21 años le dijo que venía de parte del líder de la organización y le preguntó al funcionario cuánto le iba a cobrar. El inspector le dijo que no sabía y se fue a un baño a hablar con el hombre, luego le pidió 6.000 pesos. Como el joven solamente tenía 3.500 fue a buscar el resto y cuando volvió entregó todo el dinero, completó todos los ítems del formulario y sin hacer el práctico obtuvo la libreta de conducir categoría D para manejar camiones con zorra.
La denuncia del caso fue realizada por la Dirección General de Tránsito y Transporte de Canelones a instancias de datos aportados por particulares. Según explicaron a 180 desde esta división, se están esperando los nombres de las personas que recibieron libretas sin realizar las pruebas para darlas de baja. Luego del procesamiento, el director del área, Marcelo Metediera dijo que este caso dañaba la imagen de los inspectores.
Los precios que se pagaron para evitar las pruebas van desde 2.000 a 14.000 pesos, dependiendo el tipo de licencia que se requería.
Otra persona pagó 7.000 pesos para que su hermano obtuviera una libreta categoría B sin la prueba práctica en Canelones. En este caso la licencia habilita a conducir vehículos de hasta 18 pasajeros y camiones cuyo peso total (tara más carga máxima autorizada) no exceda de 7.000 kilogramos,,pudiendo llevar un remolque que no sobrepase los 1.500 kilogramos. El examen práctico en este caso se toma con una camioneta de entre 10 y 18 pasajeros o camión de más de 4.000 y hasta 7.000 kilogramos de peso total habilitado.
En el fallo se explica que las licencias de conducir se obtenían, en ocasiones, sin hacer absolutamente nada más que la prueba psicofísica, en otras no se hacía la prueba teórica o la prueba práctica y en otras se efectuaba la prueba práctica a los efectos de que nadie sospechara, pero eran ayudados si se precisaba, cuando en condiciones normales el examinado perdería su prueba de manejo. También se constataron por intermedio de escuchas telefónicas, que fueron ratificadas por algunos de los encausados, que a veces ni siquiera se llevaba un vehículo y solo se le daba al inspector el número de la matricula para obtener la libreta de conducir, incluso para hacerlo con ómnibus, camiones y camiones con zorra.
Otro de los hombres que pagó coimas en San José para obtener su libreta vive en el barrio La Teja de Montevideo. Evitar la prueba le valió 8.000 pesos y con eso consiguió la libreta de conducir para manejar camiones u ómnibus. Hizo la prueba práctica con un auto, mintiendo sobre su lugar de residencia, con un certificado de la escribana que fue procesada por falsificación.
La escribana, el trabajo “odioso” y las “porquerías”
La escribana de 48 años que fue procesada por falsificación trabajaba directamente con el líder de la organización. En su declaración dijo que el hombre es cliente suyo y le hacía gestiones de trámites varios ante instituciones del Estado.
La escribana certificó que los clientes que el líder de la organización le llevaba a su estudio se domiciliaban en el departamento de San José, muchas veces era el mismo domicilio para personas diferentes. Para esto, la explicación que ofreció la profesional era que podían ser familiares.
“La escribana admite que estas personas no eran de su conocimiento y en ocasiones no contaba con ningún recaudo que respaldara el extremo que ella certificaba, debido a que, hacía confianza en su cliente. En su declaración, la encausada, manifiesta que: ‘…el escribano tiene escrituras y un montón de cosas y este tipo de trabajo que es odioso y está al filo de ser tomados por lo que no son… a veces no venían a mi domicilio ya que él me decía tengo una persona en el auto y yo estaba en el registro, él me decía necesito un certificado de domicilio… venía con la gente, venía apurado y nunca sospeché que era algo ilícito, que esto era una mentira… entiendo que están al filo… yo llegué a decirle que no iba a hacer más certificados’”, dice el fallo.
También fue interrogada por un certificado de posesión de una moto y un automóvil a favor de uno de los ayudantes del líder, que en realidad no le pertenecen. La escribana dijo que los “certificados de posesión son una porquería jurídica”, debido a que la Intendencia de Montevideo no admite una declaración jurada y que ella en este caso lo debe haber certificado porque le exhibieron la libreta de circulación de los vehículos.
