Barras procesados en medio de pelea por “obtener o conservar” beneficios del club

Cinco “barras” de Peñarol fueron procesados por la justicia este sábado, cuatro por extorsión y asociación para delinquir, y uno solo por extorsión. El fiscal sostuvo que había una pelea interna para “obtener o conservar determinados beneficios económicos de parte del club”.

Actualizado: 03 de diciembre de 2016 —  Por: Redacción 180

Barras procesados en medio de pelea por “obtener o conservar” beneficios del club

La hinchada de Peñarol en la previa del clásico del Uruguayo especial (Adhoc ©Javier Calvelo)

Los cinco procesamiento del juez Néstor Valetti se dieron este mediodía, según informó El Observador.

En su pedido, el fiscal Gilberto Rodríguez afirma que los conflictos internos en la barra de Peñarol empezaron en setiembre y se recuerda el episodio del hincha baleado en la tribuna Ámsterdam en el partido ante Rampla Juniors.

Las peleas eran para obtener o conservar determinados beneficios económicos de parte del club. Incluso, dos barras intervenían desde el centro penitenciario donde se encuentran recluidos. Para la investigación se utilizó la interceptación de líneas telefónicas de los indagados y la incautación de teléfonos celulares de algunos.

Según el fiscal, años atrás Peñarol celebró un acuerdo con algunos de sus hinchas “referentes” de las “barras bravas”. Los eligió por su “ascendencia y liderazgo” entre los integrantes de esos grupos de hinchas.

El acuerdo consistía en que los “referentes” colaboraban en el control de las “barras bravas” para que no se produjeran disturbios en los partidos de fútbol y a cambio el club les entregaba dinero, entradas a los partidos y otras regalías. “Este sistema de seguridad se desplegó durante varios años, resultando favorable a ambas partes”, dice el pedido.

Sin embargo, cuando los “referentes” fueron ganando poder dentro de la hinchada aumentaron sus exigencias hacia el club y si la institución no satisfacía sus pedidos, los integrantes de las “barras bravas” provocaban disturbios, hechos violentos e ilícitos que perjudicaban a Peñarol con la pérdida de puntos. Por eso, para evitarlo y tener aplacadas a las barras, la institución cedía a las demandas de los “referentes”, dice el relato del fiscal.

Esta situación se mantuvo igual hasta mediados del 2016 cuando la directiva nombró una nueva Comisión de Seguridad, que resolvió prescindir de la intervención de “los referentes”.

“Los referentes dejaron de percibir los beneficios económicos que durante años habían recibido, entonces, con el objetivo de recuperarlos iniciaron contactos con integrantes de la Comisión Directiva, dirigentes y jugadores. Ante la frustración de no conseguir el resultado deseado, se volcaron al despliegue concertado de sucesivos actos de violencia y amenazas contra miembros del Club Atlético Peñarol. Fue así que además de llevar a cabo insistentes presiones a integrantes de Peñarol a través de reiterados llamados telefónicos y apersonamientos en instalaciones del club, en el mes de noviembre del corriente año, un grupo de aproximadamente treinta hinchas, concurrió a los Aromos e impidió a los jugadores ingresar al predio, exigiéndole la entrega de cuatrocientas entradas y fuegos artificiales”, dice el fiscal.

Los jugadores les dijeron que no podían proporcionarles lo que les pedían, y los barras les respondieron que “estaban de vivos y que se iba a pudrir todo”. Esto se repitió previo al clásico y los referentes de la barra dijeron que de “no obtener las entradas, no podrían contener o manejar situaciones de violencia o disturbio dentro del Estadio Centenario, particularmente en la Tribuna Amsterdam”, algo que finalmente sucedió.

Según el fiscal, la asociación para delinquir se tipifica al “constatarse la existencia de una organización que se mantiene en el tiempo, que presenta distribución de roles, jerarquías y distinción de funciones prestadas por sus integrantes a pesar de la fungibilidad de estos. Se trata de un delito de peligro concreto que afecta un bien social colectivo como lo es la Paz Pública, que se traduce en el riesgo a la tranquilidad de la sociedad”, explica.

Con respecto al delito de extorsión, Rodríguez entiende que “las violencias morales empleadas para hacer o tolerar una situación injusta contra el propio derecho de las víctimas” se configura porque al onstatarse una referencia específica que es el procurarse un provecho económico injusto (obtención de ganancias, beneficios, regalías) en daño de otro”.