Basso explicó en conferencia de prensa que la nota enviada por la Junasa se debió a la “preocupación compartida de todos sus integrantes” respecto a la comisión del delito de intermediación lucrativa.
El artículo 1° de la Ley 17.549 define al delito de intermediación lucrativa de la siguiente forma: “el que por cualquier medio ejecutare o encomendare ejecutar actos de intermediación lucrativa, actos de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica privada, sean éstas colectivas o particulares, definidas en el decreto-ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, ofreciendo a cambio la entrega o promesa de entrega de dinero a dichos socios o afiliados, será castigado con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión”.
El ministro dijo que el año pasado se realizaron “varias denuncias penales” y que hubo procesados por este tema. Añadió que quisieron transmitir que van a ser “inflexibles” en este aspecto y que buscan “evitar que dineros que toda la población aporta al Fonasa se utilicen a los efectos de capturar afiliados”, en lugar de aportarse para mejorar la atención de los usuarios.
El jerarca de Salud Pública agregó que este año establecieron contacto con la división de Delitos Complejos del Ministerio del Interior para estar atentos a las denuncias y materiales audiovisuales que reciban en los que se constaten estas situaciones. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para evitarlo”, agregó el ministro.
La carta enviada a los prestadores de salud indica que “en caso de contratar los servicios de una o más empresas para la captación de usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud, se remita un testimonio o copia fiel de dicho contrato como asimismo del listado del personal de la/s empresa/s de que se trate, que esté destinado a la tarea mencionada”.
Además, se les notifica que se practicarán auditorías sobre las afiliaciones realizadas durante febrero, el mes de movilidad regulada, y que en caso de ver irregularidades “se aplicarán las mayores sanciones económicas al prestador”.
Basso también dijo que se les pide a las instituciones que sean “cautas” con el dinero que utilizan para hacer publicidades para afiliar a nuevos usuarios “porque esos dineros que utilizan en los medios salen del Fondo Nacional de Salud”.
Agregó que si un usuario tiene información sobre una prestadora de salud que haya incurrido en la práctica de la intermediación lucrativa, puede concurrir a la Junta Nacional de Salud en Montevideo o a las direcciones departamentales de salud en todo el país.
